A pesar de que la titular del Concejo Deliberante de La Quiaca y otros funcionarios de ese cuerpo llegaron para comunicarle al intendente Miguel Tito la decisión de suspenderlo, y que se lo iba a investigar por varias irregularidades más, está atrincherado en el edificio comunal fronterizo.
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A pesar de que la titular del Concejo Deliberante de La Quiaca y otros funcionarios de ese cuerpo llegaron para comunicarle al intendente Miguel Tito la decisión de suspenderlo, y que se lo iba a investigar por varias irregularidades más, está atrincherado en el edificio comunal fronterizo.
Al mismo tiempo comenzó a elaborar una presentación judicial para llevar ante el Superior Tribunal de Justicia. El argumento para el recurso de no innovar, sería la existencia de un conflicto de poderes. El pueblo de La Quiaca espera que la Justicia de Jujuy respete la institucionalidad y la decisión del segundo poder ciudadano, hasta la fecha prevista para el juicio político. Sucede, al parecer, que desde el frente político que respalda a Miguel Tito desde las pasadas elecciones de junio, no están al tanto de varias irregularidades en la ciudad.
Tal es el caso de emprendimientos propios encarados por Tito, que se realizaron con fondos municipales y hasta donde trabajan empleados del municipio, así como la falta de rendición de cuentas desde el año 2016. En números sólo de recaudación desde el Concejo Deliberante informaron que se trata de $ 30 millones anuales, sin contar los fondos que arriban a la comuna. La denuncia ya fue presentada ante el Ministerio Público de la Acusación. Entre otras cosas, figuran también la sobrefacturación de obra pública, despido y suspensión de empleados, fondos que siguen llegando y se desconoce su destino, entre otras irregularidades.
En todo ese contexto el intendente Tito se rehusa a abandonar la Intendencia, el mismo día que fue suspendido en sus funciones impidió que la presidenta del cuerpo Raquel Gregorio, en su rol de intendenta interina, ingresara al edificio. Desconoció lo actuado por el Poder Legislativo. Incluso el viernes pasado intentó retirar fondos municipales del Banco Nación de La Quiaca. Pero los bancos locales ya tenían el instrumento legal por el cual estaban informados sobre la suspensión. Miembros del gabinete y seguidores políticos ocupan el edificio municipal, según denunciaron desde la oposición “sacando documentación de suma importancia”.
Por otro lado, en la red social del municipio publicó que habrá asueto administrativo para la jornada de hoy, amparándose en que seguía siendo intendente. Los gremios y los empleados adelantaron que la jornada laboral será normal, restableciendo los servicios que brinda la Municipalidad, ya que desde el viernes no hay recolección de residuos.
En ese marco Sara Aranda, quien presidió la comisión investigadora, dijo que se actuó de acuerdo a la ley y que la Justicia instruyó que se siga trabajando de manera normal. “Actuamos dentro de un marco legal respetando todos los debidos pasos que marca nuestra carta orgánica. La Justicia nos hizo llegar un proveído por el cual nos cita a una audiencia conciliatoria para el próximo 5 de diciembre, pero en ningún momento nos dice que dejemos de sesionar”, aclaró. Y agregó: “Somos bien asesorados legalmente y nuestro accionar es legítimo”. En tanto, el intendente electo Blas Gallardo, en su cuenta de Facebook, aclaró que no tiene injerencia en las decisiones del Concejo quiaqueño. Ante este panorama Raquel Gregorio emitió un comunicado dirigido a los empleados municipales: “hoy me toca estar al frente del municipio y debo hacerlo con la mayor de las responsabilidades. Por el bien de nuestro municipio y para su normal funcionamiento le pido a cada uno de ustedes que este lunes trabaje normalmente en sus sectores, cuidando y prestando la atención al público como debe de ser. Confío en ustedes de que la amenaza que reciben de parar la Municipalidad no ganará. A los que causen disturbios sepan que actuaré con la firmeza que corresponda”.