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El Ministerio de Salud de la Provincia indicó que adherirá al "nuevo" protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), en consonancia con la medida dispuesta por el Gobierno nacional. Dicha normativa se aplica en casos de embarazos que implican riesgos para la salud o son producto de violaciones.
Ocurre que durante el Gobierno de Mauricio Macri, se suspendió el protocolo de actuación en casos de embarazos que son riesgosos para la salud o producto de violaciones, por lo que el ministro de Salud de la Nación Gines González García lo puso nuevamente en vigencia a partir del día de ayer.
El ministro de Salud de la Provincia, Gustavo Bouhid, indicó que "Jujuy va a adherir. De hecho, nosotros estamos adheridos a los protocolos internacionales", dijo.
El funcionario provincial explicó que el protocolo "lo que hace es actualizar los protocolos vigentes y darle unas pinceladas acordes con lo que viene sucediendo en el mundo".
Al tiempo que aclaró que "en realidad la provincia está adherida y ha aplicado en todo momento los protocolos internacionales. Siempre estuvimos adheridos a los protocolos nacionales e internacionales, la norma nacional tenía algunas fallas y en esos casos recurríamos al tratado internacional, específicamente al de la OMS".
Señaló que "además de este marco normativo existen órganos provinciales como los consejos interdisciplinarios en casos que se salen del protocolo".
Jujuy se suma de esta forma a las otras nueve provincias que adhieren al protocolo.
Diez de las 24
Diez de las 24 jurisdicciones argentinas adhieren al protocolo nacional para garantizar la atención integral de las personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), actualizado ayer a través de la resolución 1/2019 del Boletín Oficial, mientras otras 9 dictaron protocolos con requisitos, 2 están sin adhesión pero utilizan el protocolo nacional y 3 no poseen norma local ni adhesión, según datos a octubre de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación.
"Las jurisdicciones que ya adherían al protocolo nacional, o tenían una norma local, no necesitan volver a ratificarlo, pero sí se espera que todas adhieran", señaló Patricia Bustamante, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
La estadística oficial del Ministerio de Salud de la Nación confirmó que son 10 las jurisdicciones argentinas que adhirieron al Protocolo Nacional: Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego, Entre Ríos y Chaco.
Mientras que Formosa y San Juan no presentan adhesión oficial pero utilizan el protocolo nacional.
Y las tres provincias que figuran sin protocolo propio ni adheridas al nacional son: Corrientes, Santiago del Estero y Tucumán.
"Nosotros contamos con nuestro protocolo desde el 2018 y así seguiremos ya que es muy parecido al Nacional", indicaron fuentes de prensa del Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza.
Catamarca, por su parte, aprobó el 2 de junio de 2018 su propio protocolo o guía sobre la materia bajo la resolución ministerial provincial número 722.
Las otras jurisdicciones que siguieron el mismo camino son Córdoba, Chubut, Río Negro, Neuquén, Provincia y Ciudad de Buenos Aires y La Pampa, según datos de octubre de 2019 de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva de la cartera nacional.
En marzo de 2012, el Ministerio de Salud cordobés habilitó su propia Guía de Procedimiento para la Atención de Pacientes que soliciten Prácticas de Aborto no Punibles, mediante la Resolución 093/12, pero recién se logró implementar a partir del 25 de septiembre de este año, luego de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) desestimara las presentaciones contrarias a su aplicación planteadas por la ong "Portal de Belén", confirmaron fuentes sanitarias de esa jurisdicción.
Según establece la legislación, el Protocolo ILE establece un marco de acción normado, pero su ausencia no es impedimento para acceder al aborto no punible en ningún caso debido a que todas las jurisdicciones del país deben garantizar su acceso.
Desde 1921, de acuerdo con el artículo 86 del Código Penal y ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "FAL", de 2012, el aborto es legal en los siguientes casos: si representa un riesgo para la vida de la persona gestante, o para el bienestar físico, emocional y social de la persona gestante o si es producto de una violación.
El mismo fallo exhorta a los estados provinciales a proporcionar las condiciones para llevar adelante las interrupciones legales.
En ese sentido, el Ministerio de Salud calificó al protocolo como "un imperativo de la política sanitaria nacional en salud sexual y reproductiva".
“Es un instrumento sanitario”
El ministro de Salud, Ginés González García, dijo que el protocolo es una “evolución” del que impulsó y luego anuló el Gobierno anterior.
Se refirió también al “combate contra el protocolo en algunas provincias”. “Esto ha generado confusión e intimidación sobre profesionales que tienen que cumplir con la ley. En esto, pretendemos que el protocolo sirva como lo que es: una guía de procedimiento, que tenga todo el respaldo”, sostuvo.
“Iniciamos un camino de aplicación de la ley y creemos que van a haber organizaciones antiderechos, que van a cuestionar, pero claramente estamos dando un instrumento sanitario, para que se cumpla con el protocolo para personas que lamentablemente están en una situación de interrupción legal del embarazo”, expresó.
Consultado sobre los médicos objetores de conciencia, dijo que “obviamente, somos respetuosos de la objeción de conciencia, pero no puede ser una coartada institucional para que no se cumpla con la ley”.