Más allá de las quejas de los empresarios y de los líderes agropecuarios, las últimas medidas económicas que tomó Alberto Fernández no fueron una sorpresa para nadie, ya que se descontaba desde agosto que se subirían las retenciones, que se aplicaría un régimen de doble indemnización y que habría un dólar turista más caro que el oficial. Lo curioso del asunto fue cómo se lo anunció, ya que no hubo consultas con el campo, no hubo preaviso a los empresarios y se expuso al ministro Martín Guzmán a una contradicción pública sumamente innecesaria.
El flamante funcionario dijo textualmente cuatro días atrás que “no habrá desdoblamiento del tipo de cambio” y que Argentina “seguirá de la misma forma”. ¿Sabía Guzmán que el viernes se comunicaría totalmente lo contrario o dijo lo que dijo al tanto de que no era verdad? Sea cual fuere la respuesta, se trata de un hecho desconcertante para un ministro que debe esforzarse por sumar poder político y credibilidad.
No actualizar el valor de las retenciones a la soja cuando hubo una devaluación descomunal hace cuatro meses sería totalmente ilógico para un Gobierno al que le faltan dólares para poder funcionar correctamente. La medida no está en discusión, aunque sí las formas: Alberto Fernández se presentó como el garante principal del consenso en la Argentina mediante un Acuerdo Económico y Social que incluye a hombres de negocios y productores agropecuarios. Ninguna de estas decisiones, pese a que eran obvias para el mercado, habían sido anticipadas tampoco en el discurso de asunción de Alberto Fernández.
Al tanto de que la reactivación económica marcará a fuego toda la credibilidad de su gestión, el Presidente debe resolver rápidamente uno de los principales dilemas que afronta el Gobierno: cómo financiar un programa de impulso al consumo y de reducción de deuda sin potenciar aún más los escandalosos índices de inflación que dejó Mauricio Macri.
En el Gobierno hay un debate no resuelto entre las dos vertientes que se reparten el manejo de la economía en el Gabinete. Los economistas del Grupo Callao -Matías Kulfas, Mercedes Marcó del Pont y Cecilia Todesca- consideran que el país necesita financiar sus planes con emisión de pesos, aumentando hasta en un cuarenta por ciento base monetaria del país. El problema es que el ministro de Economía Guzmán no ve esa iniciativa con muy buenos ojos, ya que la consideró como “desestabilizante”. Aún está en veremos cuál de las líneas se impondrá finalmente sobre la otra. Un dato no debe ser pasado por alto: Alberto Fernández es ni más ni menos que el fundador del Grupo Callao.
Más allá de ese trascendente debate económico, el Presidente sabe perfectamente que la negociación de la deuda será la piedra angular de toda la estrategia de crecimiento para el inicio de su mandato. Si el Gobierno logra patear para adelante los vencimientos previstos para los próximos dos años, contará con fondos frescos para destinar directamente a estimular el consumo de los sectores más golpeadas por la crisis. Habrá un monto fijo para acrecentar jubilaciones y salarios mínimos, descuentos en los remedios más utilizados por la gente de la tercera edad, congelamiento parcial de tarifas y acuerdos de precios sectoriales para evitar nuevas escaladas de la inflación.
Las tratativas con el Fondo Monetario Internacional, que ya comenzaron, tienen una fuerte carga económica pero también política y diplomática, ya que es imposible pensar en un acuerdo sustentable sin el respaldo explícito de los Estados Unidos, que es el principal aportante del organismo multilateral. En ese campo, definitivamente las cosas no arrancaron de la mejor manera para Alberto Fernández: el enviado de Donald Trump se retiró anticipadamente de su asunción molesto por la presencia del ministro de Comunicaciones de Venezuela y también por la asistencia de Rafael Correa. ¿Cuál fue el argumento que puso el funcionario norteamericano para su ofensa? Que el funcionario de Nicolás Maduro tiene sanciones internacionales y que el expresidente ecuatoriano cuenta con varios pedidos de captura en su país. Si a eso se le suma el asilo político que Argentina le otorgó al exmandatario boliviano Evo Morales, que podría cumplirse en Salta, está claro que las relaciones entre la Casa Blanca y la Casa Rosada no se encuentran en su momento de mayor auge ni mucho menos. En ese contexto, el canciller Felipe Solá y el embajador en Estados Unidos Jorge Argüello tendrán una ardua tarea de ablandamiento con los funcionarios de Trump, tarea que será acompañada por Guzmán y Joseph Stiglitz, el Premio Nobel de Economía que opera como si fuese un funcionario argentino.
inicia sesión o regístrate.
Más allá de las quejas de los empresarios y de los líderes agropecuarios, las últimas medidas económicas que tomó Alberto Fernández no fueron una sorpresa para nadie, ya que se descontaba desde agosto que se subirían las retenciones, que se aplicaría un régimen de doble indemnización y que habría un dólar turista más caro que el oficial. Lo curioso del asunto fue cómo se lo anunció, ya que no hubo consultas con el campo, no hubo preaviso a los empresarios y se expuso al ministro Martín Guzmán a una contradicción pública sumamente innecesaria.
El flamante funcionario dijo textualmente cuatro días atrás que “no habrá desdoblamiento del tipo de cambio” y que Argentina “seguirá de la misma forma”. ¿Sabía Guzmán que el viernes se comunicaría totalmente lo contrario o dijo lo que dijo al tanto de que no era verdad? Sea cual fuere la respuesta, se trata de un hecho desconcertante para un ministro que debe esforzarse por sumar poder político y credibilidad.
No actualizar el valor de las retenciones a la soja cuando hubo una devaluación descomunal hace cuatro meses sería totalmente ilógico para un Gobierno al que le faltan dólares para poder funcionar correctamente. La medida no está en discusión, aunque sí las formas: Alberto Fernández se presentó como el garante principal del consenso en la Argentina mediante un Acuerdo Económico y Social que incluye a hombres de negocios y productores agropecuarios. Ninguna de estas decisiones, pese a que eran obvias para el mercado, habían sido anticipadas tampoco en el discurso de asunción de Alberto Fernández.
Al tanto de que la reactivación económica marcará a fuego toda la credibilidad de su gestión, el Presidente debe resolver rápidamente uno de los principales dilemas que afronta el Gobierno: cómo financiar un programa de impulso al consumo y de reducción de deuda sin potenciar aún más los escandalosos índices de inflación que dejó Mauricio Macri.
En el Gobierno hay un debate no resuelto entre las dos vertientes que se reparten el manejo de la economía en el Gabinete. Los economistas del Grupo Callao -Matías Kulfas, Mercedes Marcó del Pont y Cecilia Todesca- consideran que el país necesita financiar sus planes con emisión de pesos, aumentando hasta en un cuarenta por ciento base monetaria del país. El problema es que el ministro de Economía Guzmán no ve esa iniciativa con muy buenos ojos, ya que la consideró como “desestabilizante”. Aún está en veremos cuál de las líneas se impondrá finalmente sobre la otra. Un dato no debe ser pasado por alto: Alberto Fernández es ni más ni menos que el fundador del Grupo Callao.
Más allá de ese trascendente debate económico, el Presidente sabe perfectamente que la negociación de la deuda será la piedra angular de toda la estrategia de crecimiento para el inicio de su mandato. Si el Gobierno logra patear para adelante los vencimientos previstos para los próximos dos años, contará con fondos frescos para destinar directamente a estimular el consumo de los sectores más golpeadas por la crisis. Habrá un monto fijo para acrecentar jubilaciones y salarios mínimos, descuentos en los remedios más utilizados por la gente de la tercera edad, congelamiento parcial de tarifas y acuerdos de precios sectoriales para evitar nuevas escaladas de la inflación.
Las tratativas con el Fondo Monetario Internacional, que ya comenzaron, tienen una fuerte carga económica pero también política y diplomática, ya que es imposible pensar en un acuerdo sustentable sin el respaldo explícito de los Estados Unidos, que es el principal aportante del organismo multilateral. En ese campo, definitivamente las cosas no arrancaron de la mejor manera para Alberto Fernández: el enviado de Donald Trump se retiró anticipadamente de su asunción molesto por la presencia del ministro de Comunicaciones de Venezuela y también por la asistencia de Rafael Correa. ¿Cuál fue el argumento que puso el funcionario norteamericano para su ofensa? Que el funcionario de Nicolás Maduro tiene sanciones internacionales y que el expresidente ecuatoriano cuenta con varios pedidos de captura en su país. Si a eso se le suma el asilo político que Argentina le otorgó al exmandatario boliviano Evo Morales, que podría cumplirse en Salta, está claro que las relaciones entre la Casa Blanca y la Casa Rosada no se encuentran en su momento de mayor auge ni mucho menos. En ese contexto, el canciller Felipe Solá y el embajador en Estados Unidos Jorge Argüello tendrán una ardua tarea de ablandamiento con los funcionarios de Trump, tarea que será acompañada por Guzmán y Joseph Stiglitz, el Premio Nobel de Economía que opera como si fuese un funcionario argentino.
La política
Alberto Fernández se ocupó de poner rápidamente en el debate público la reforma de la justicia federal, de la que aún se conocen más eslogans que modificaciones concretas. Se descuenta que el Presidente impulsará cambios en las prisiones preventivas y que buscará acelerar los juicios para evitar sensaciones generalizadas de impunidad. ¿La limitación de las prisiones preventivas de las que abusó la justicia durante los últimos cuatro años será sólo para denuncias de corrupción? En el ministerio de Justicia que conduce Marcela Losardo no desconocen de que hay miles de presos en el país sin condena firme y que podrían realizar una catarata de juicios contra el Estado si no son liberados junto con los supuestos “perseguidos políticos” del kirchnerismo.