Nuevamente personal perteneciente al Departamento de Logística de la Policía de la provincia estaría involucrado en una millonaria defraudación.
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Nuevamente personal perteneciente al Departamento de Logística de la Policía de la provincia estaría involucrado en una millonaria defraudación.
En las últimas horas el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Complejos, Diego Funes, imputó a siete efectivos, un oficial y seis suboficiales por ser presuntos autores de "fraude a la Administración Pública".
Los inculpados conocieron causa de imputación, designaron abogado defensor, y entre hoy y mañana deberán prestar declaración en el caso de que así lo decidan.
Pese al hermetismo reinante en esta nueva causa que afecta a personal de la institución, El Tribuno pudo saber que después de varias experiencias negativas en relación a la provisión de combustible se implementó uno nuevo que tampoco dio el resultado esperado.
Modus operandi
Estos siete efectivos fueron designados "expendedores" y tenían como función permanecer en una de las dos estaciones de servicio que operaban con la Policía de la Provincia en el horario de 8 a 22.
Al arribar al lugar un móvil, el "expendedor" le entregaba al chofer vales que tenía en su poder y que debía registrar en un libro, donde figuraba, el número de vale; día y hora; número de móvil; cantidad de combustible; nombre del chofer y la firma del mismo.
El dueño o responsable de la empresa posteriormente confeccionaba una factura donde se incluía los vales que le entregaba el "playero".
La circular con la que se debían manejar los "expendedores" indicaba que solamente se podía cargar en ese horario, ya que fuera del mismo no había personal que pudiera entregar los vales.
Cabe destacar que cada "expendedor" tenía un talonario con numeración correlativa, pero el fraude "se descubre" cuando circunstancialmente un policía "honesto" denuncia ante sus superiores la anomalía ya que aparecieron vales que no correspondían a la numeración e incluso que no figuraban en los libros de registros.
Departamento de finanzas
Fuentes cercanas a la investigación que fueron consultadas afirmaron que esta "estafa" a la Policía se debió a que no hubo un control responsable por parte del Departamento Finanzas de la Policía, que no observaron que en las rendiciones había groseros errores, que pudieron haber sido no tenidos en cuenta ya que responderían a un aceitado mecanismo donde serían muchos los miembros integrantes de esta "banda delictiva".
En una sola de las estaciones de servicios el fraude en sólo un trimestre habría ascendido a los tres millones y medio de pesos.
Otro de los hechos que habría salido a la luz es que los vales de nafta se utilizaban para cargar gasoíl o viceversa.
Desde la fiscalía de Diego Funes afirmaron que por el momento se está en la etapa investigativa a través de la cual se intenta determinar la responsabilidad que le cabe a cada uno de los policías que fueron imputados en relación a este hecho delictivo.
Un fraude de más de 11 millones sin resolver aún
Un hecho delictivo dentro de la fuerza policial que se extendió desde el 2015 y 2016 y que dejó un defalco superior a los 11 millones de pesos aún sigue sin tener una resolución de la Justicia.
Un detallado informe proporcionado por una auditoría del Tribunal de Cuenta de la Provincia de Jujuy daba cuenta que personal superior de la fuerza estaría seriamente involucrado en una “millonario fraude”.
La auditoria fue elevada con fecha 24 de junio del año 2017 al Ministerio Público de la Acusación, a la Oficina Antocorrupción y al Ministerio de Seguridad de la Provincia.
La Resolución Nº 1581-s/II-2017 establece que la mencionada auditoría deja en claro que “las situaciones irregulares señaladas no pudieron serle desconocidas al entonces jefe de la División Transporte y su responsabilidad en ellas es evidente, sea por acción en la generación del hecho o por omisión en su detección, tanto más inexplicable dado que se trató de acciones defraudatorias numerosas, diversas y sostenidas en el tiempo.
En el período mencionado se adquiría combustible destinado a vehículos que se encontraban fuera de servicio, o bien no formaban parte del parque automotor, o se adquiría un combustible no compatible con el motor del rodado, supuestamente.
Del mismo modo se compraba lubricante, no habiendo constancia de que el mismo se haya utilizado en móviles policiales, es decir que se desconoce el destino de la adquisición, según la auditoría.
También el pago de seguros de los rodados que están destruidos o son inexistentes, como la compra y colocación de repuestos para automotores que estaban fuera de servicio y que continúan en esa situación pese a la supuesta reparación realizada.
Según el Tribunal de Cuentas, que ese momento tuvo a su cargo realizar la auditoria en el informe da cuenta que aparece un ingente daño al patrimonio público y también la configuración de procederes de características defraudatorias.
Para la adquisición de estos insumos, productos y elementos se usaron fondos públicos, sin beneficiar al Estado, señala también.
Resulta sumamente extraño que un hecho delictivo de similares características ya se encuentre en plena etapa investigativa y el anterior aún no haya sido investigado con la rigurosidad que las circunstancias así lo obligaban.
De acuerdo a las fuentes consultadas cada día que pasa es más difícil comprobar la participación de jefes superiores quienes tuvieron tiempo suficiente para hacer desaparecer las pruebas que podrían implicarlos en un hecho delictivo, teniendo al “Estado” como único perjudicado.