Inesperadas turbulencias aparecieron en el escenario político de la Argentina justo cuando el presidente Alberto Fernández debe aprovechar su "luna de miel" con la sociedad para acumular capital político. Contrariamente a lo que se esperaba en el Gobierno, la primera gran medida no generó empatía en una buena parte de la ciudadanía y, encima, le generó un desgaste por partida doble: se lo acusa de empezar la gestión aplicando un ajuste y además debe pagar el elevado costo de haber impulsado una norma que beneficiaba, insólitamente, a las jubilaciones de privilegio. Ni el kirchnerista más fanático hubiese imaginado que estos frentes de tormenta asomarían en los que se anuncian aumentos salariales para los privados, morigeración de los aumentos en las tarifas y créditos interesantes para las pequeñas y medianas empresas del país.
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Inesperadas turbulencias aparecieron en el escenario político de la Argentina justo cuando el presidente Alberto Fernández debe aprovechar su "luna de miel" con la sociedad para acumular capital político. Contrariamente a lo que se esperaba en el Gobierno, la primera gran medida no generó empatía en una buena parte de la ciudadanía y, encima, le generó un desgaste por partida doble: se lo acusa de empezar la gestión aplicando un ajuste y además debe pagar el elevado costo de haber impulsado una norma que beneficiaba, insólitamente, a las jubilaciones de privilegio. Ni el kirchnerista más fanático hubiese imaginado que estos frentes de tormenta asomarían en los que se anuncian aumentos salariales para los privados, morigeración de los aumentos en las tarifas y créditos interesantes para las pequeñas y medianas empresas del país.
La decisión del Presidente de derogar por ley a estos polémicos regímenes especiales, que van desde los 56 mil a los 224 mil pesos, pudo haber sido un logro muy importante para la imagen de su Gobierno, pero esa medida quedará asociada en la opinión pública como el parche que utilizó Fernández para salir de un escándalo de mayúsculas proporciones. Si el Presidente realmente no estaba al tanto de que se excluiría a estos beneficiarios de una ley que perjudica a muchos otros, no debería sorprenderle a nadie que haya fuertes reprimendas dentro del entorno del jefe de Estado.
El oficialismo nunca planteó en campaña electoral la necesidad de eliminar las jubilaciones de privilegio, por lo que las verdaderas intenciones de esa apurada decisión -que se tomará en sesiones extraordinarias- no son otras que de dar un mensaje de razonabilidad a una ciudadanía que empezaba a sentir los primeros signos de decepción.
La Ley de Emergencia Económica, que incluye un fuerte ajuste en las cuentas públicas, dejó en evidencia que el Gobierno no apelará indiscriminadamente a la emisión monetaria y que financiará el pago de la deuda con una mayor presión impositiva a los sectores medios y altos de la sociedad. La noticia, obviamente, fue tomada con euforia en los mercados financieros pero también en el Fondo Monetario Internacional, uno de los mayores beneficiados con los cambios fiscales que propuso la iniciativa oficial.
¿Alguien podía imaginarse que el primer gran conflicto que tendría Alberto Fernández sería con jubilados que cobran sólo veinte mil pesos? La verdad es que llamó poderosamente la atención la falta de tacto político que tuvo el Gobierno para evitar que el descontento siga escalando en el tiempo. Si la intención real es reactivar el consumo y sacar a la gente de la exclusión, no se entiende porqué el equipo económico no planteó un bono segmentado de acuerdo a los montos de las jubilaciones con un tope en $37 mil pesos, el valor de la canasta básica para no caer por debajo de la línea de la pobreza. El interrogante que surge por estas horas es si este desfasaje entre los jubilados de la mínima y los que ganan menos de 37 mil pesos ocurrió por falta de planificación, por aprobar un proyecto a las apuradas o lisa y llanamente por una decisión política al máximo nivel. En diálogo con El Tribuno, un alto funcionario de Alberto Fernández lo explicaba ayer en estos términos: "La idea es recomponer el ingreso de todos los argentinos, pero recibimos una deuda impagable y una emergencia social que en este momento lo hace imposible, por eso el Presidente optó por ocuparse primero de la pobreza más extrema". Los dichos del funcionario, quien pidió expresa reserva de su identidad, demuestran que no hubo un error en la redacción del proyecto sino un límite imposible de traspasar para el jefe de Estado: el virtual default en el que el expresidente Mauricio Macri dejó al país, un saco de plomo que condiciona todas las políticas que deben tomar Martín Guzmán en Economía y Matías Kulfas en Producción.
Nadie duda de que hay que reformar la fórmula de movilidad jubilatoria porque el Estado no tiene la plata para hacerle frente a incrementos del 55% en los haberes para el año próximo. Pero lo que estuvo muy mal manejado es la comunicación sobre todo lo que rodea al proyecto y que no está explícitamente escrito en su articulado.
Pensar que Fernández dejará sin aumento a los jubilados hasta junio próximo, como quiere instalar el sector más duro del macrismo, es una utopía difícil de imaginar, ya que el propio jefe de Estado necesita que los abuelos sean claves para poner en marcha el alicaído consumo en la Argentina. El sector pasivo de la economía dedica todos sus ingresos a pagar alimentos, medicamentos y las tarifas de los servicios públicos, por lo que los fondos que se inyectan en los jubilados volverán inmediatamente al Estado vía IVA e impulso a la actividad. Si el Gobierno hubiese aclarado desde el inicio que otorgará por decreto aumentos a la tercera edad que no serán menores a lo que iban a cobrar antes de la ley, seguramente esta incertidumbre no estaría en los niveles en los que se encuentra hoy. Ni Alberto Fernández, ni Santiago Cafiero ni Martín Guzmán disiparon correctamente todas las dudas que genera esta situación y que le provocan desgaste político hasta con parte de su electorado. Al kirchnerismo le fue muy bien en agosto y octubre en los sectores más postergados de la sociedad y en provincias como Buenos Aires y las del norte del país, con fuerte arraigo del sector agropecuario. El aumento de las retenciones a las exportaciones de soja y trigo, que tiene total lógica desde el punto de vista recaudatorio, es otra medida necesaria pero antipática.