El conflicto entre choferes y empresarios de transporte de Jujuy fue uno de los temas que se agudizó y tomó relevancia pública en la segunda mitad del 2019.
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El conflicto entre choferes y empresarios de transporte de Jujuy fue uno de los temas que se agudizó y tomó relevancia pública en la segunda mitad del 2019.
El paro de transporte se inició el primer día del año, fue el uno de enero que se concretó la primera medida, luego al pasar los meses la situación fue recrudeciendo.
El 12 de marzo hubo un paro por falta de pagos de sueldos y el pago en cuotas, y el 18 y 19 los colectivos no funcionaron durante la noche a causa del fracaso de la negociación salarial.
En el mes de abril hubo un paro nacional el 30, al que UTA Jujuy no adhirió, pero se sumó al paro general de la CGT del 29 de mayo en rechazo por las medidas económicas del Gobierno nacional. En junio hubo una conciliación obligatoria que evitó medidas de fuerza.
A mediados de julio el gremio que agrupa a los choferes de colectivos UTA Jujuy inició un duro plan de lucha en reclamo al pago en tiempo y forma de sus haberes y aguinaldo. Fue entonces donde se produjo un duro enfrentamiento entre el sector empresario y el gremio que tuvo a los usuarios de rehenes. Hubo 14 días sin transporte de los cuales 6 fueron días consecutivos en los que la ciudad capital quedó reducida al mínimo movimiento. La medida afectó a todos los sectores sociales ya que muchos trabajadores tanto del sector público como privado no tenían forma de llegar a sus lugares de trabajo a cumplir con sus tareas.
Hubo dos meses de impasse y en octubre se realizó nuevamente un paro por la demora en cobrar sus salarios, en tiempo y forma.
Detrás de todas estas medidas que tuvieron a los jujeños de rehenes, los gremios y empresarios cuestionaron al Gobierno de la Provincia el sistema de subsidios al transporte y también el sistema de pases libres, ya que consideraron que con las tarifas vigentes no es posible cubrir los gastos de funcionamiento y laborales sin la ayuda económica del Estado.
Ocurre que se estima que sólo el 40% de los pasajeros que usan el transporte público de pasajeros en capital paga la tarifa completa; el resto son estudiantes, jubilados, y otros beneficiarios de tarifas especiales cuya diferencia es abonada por el Gobierno comunal. En ese contexto y buscando destrabar el conflicto el Concejo Deliberante de capital aprobó una ordenanza de Emergencia del Transporte Nº 7.317/19 vigente en la actualidad que implica modificaciones de recorridos.
Se espera que en este inicio de año no tengamos un nuevo paro.