Entidades empresariales expresaron su desacuerdo con la medida dispuesta por el Superior Tribunal de Justicia, la cual ordena a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy a que "se abstenga de realizar cualquier tipo de decomiso a un determinado grupo de vendedores ambulantes".
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Entidades empresariales expresaron su desacuerdo con la medida dispuesta por el Superior Tribunal de Justicia, la cual ordena a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy a que "se abstenga de realizar cualquier tipo de decomiso a un determinado grupo de vendedores ambulantes".
"El desacuerdo se funda en que, por un lado genera un alto grado de desprotección hacia la población en relación a salud pública, ya que impide controlar la inocuidad de alimentos y bebidas que se expenden en la vía pública; y por otro lado está la lucha del sector privado contra la competencia desleal que genera el comercio informal e ilegal, desfavoreciendo el progreso y supervivencia del sector privado, que paga sus impuestos y genera mano de obra genuina en el país y provincia. Es así que tantas veces se solicitó a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy que se actúe frente a este problema", señalaron las entidades en un comunicado.
Finalmente la Unión Empresarios de Jujuy, Cámara de Comercio y Servicios de Jujuy, Cámara Pyme de Jujuy, Sociedad Rural Jujeña, Cámara de Inmobiliarias, Cámara de Comercio Palpalá, Cámara de Hoteles y Afines de Jujuy, Asociación Jujeña de Agencias de Viajes y Turismo, Cámara de Industria Comercio y Turismo de El Carmen, Jujuy Bureau, Cámara de Turismo de Jujuy, Cámara de Software, Cámara de Comercio Exterior, Unión Industrial de Jujuy, Cámara Jujeña de la Construcción, Cámara Argentina de la Construcción delegación Jujuy, AHT filial Jujuy y otras fuerzas vivas que representan el sector productivo de la provincia señalaron que "nos parece muy peligroso despojar al Municipio de las herramientas que dispone para el control de las normas vigentes, ya que -consideraron- deja a la ciudadanía expuesta a serios riesgos, vulnerando principios republicanos de convivencia y sentando muy peligrosos precedentes".
El Superior Tribunal de Justicia, cabe señalar, hizo lugar a la medida de urgencia solicitada por 478 familias de vendedores ambulantes y ordenó a la comuna y a su intendente a que se abstengan de realizar "decomisos" sobre sus bienes y herramientas de trabajo. Esto en el marco de una acción autónoma de inconstitucionalidad en contra de ordenanzas que no se encuentran publicadas en el boletín oficial. "Logramos impedir secuestros ilegales y arbitrarios que realizaban el intendente y sus funcionarios contra los que menos tienen", expresó Héctor Huespe, de Ambulantes Feriantes y Afines Agremiados Jujeños.