Suspenderán al funcionario judicial detenido por filmar mujeres por debajo de la pollera

Mientras continúa la tramitación de la causa que se le inició al secretario Penal Juvenil N° 6 Mariano Rubén Cipolla Sánchez (46), por supuestamente tomar en la vía pública imágenes bajo las polleras de mujeres, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) se aprestaba ayer a apartar preventivamente de su cargo al funcionario judicial.

Luego de estar dos horas en la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA) Sur, Cipolla Sánchez fue liberado, pero imputado como infractor al artículo 51 del Código de Convivencia Ciudadana de la Provincia.

La norma sanciona con penas de arresto, multa o trabajos comunitarios a quienes toman imágenes que afecten el decoro de las personas; y se agrava cuando se trata de mujeres y también de menores de edad, como habría ocurrido en este caso.

Tras el estupor causado en las distintas sedes de Tribunales de la capital cordobesa, en el seno del TSJ se abrió un sumario administrativo a cargo del titular de la oficina respectiva, Tristán Quiles.

Pero todo está supeditado a la marcha del proceso en sede contravencional, y el respectivo ayudante fiscal tramita la prueba que será llevada a la audiencia que debe presidir la jueza de Control N° 4, Anahí Hampartzounian.

Esta magistrada será quien defina la suerte del supuesto contraventor, denunciado en la vía pública por un taxista que lo observó tomando imágenes bajo la falda a mujeres que estaban esperando el colectivo en las paradas de calles San Jerónimo y 27 de Abril.

Cipolla Sánchez se desempeña como secretario letrado en el Juzgado Penal Juvenil N° 6, a cargo de Liliana Merlo de Rossi, en la sede de San Jerónimo al 200.

Minutos antes de ser sorprendido, en su trabajo había avisado que salía a tomar un café.


Sumario interno

El viernes se inició el sumario administrativo que debe definir eventuales sanciones laborales al funcionario judicial. Pero ayer el TSJ fue más allá y llevó el tema a su acuerdo de los martes.

Anoche se daba como “un hecho” la decisión del alto cuerpo de suspender de modo preventivo a Cipolla Sánchez. Es más, fuentes tribunalicias estimaban que hoy se produciría la notificación.

De este modo, el funcionario tiene abiertos tres frentes: la causa judicial con la tramitación de la prueba y la jueza de Control esperando un rápido resultado para iniciar la audiencia; el sumario administrativo, y la casi segura suspensión de sus tareas.

Este tipo de procesos tiene un plazo de instrucción muy breve que no suele superar los 10 días, por lo que el movimiento en Contravencional es acelerado.

La jueza Hampartzounian autorizó al ayudante fiscal a que intervenga la evidencia, particularmente lo que debería ser la “prueba de oro”, como lo es el contenido del teléfono celular secuestrado al acusado.

Fuentes judiciales confiaron a este diario que una de las previsiones que se han tomado es el resguardo de la cadena de custodia de esta prueba, que sería dirimente.

Los gabinetes técnicos de la Policía Judicial ya trabajan en el análisis de los archivos de fotos y de videos ante la eventualidad de capturas de imágenes fijas y de registros audiovisuales móviles.

Si se halla la evidencia, cobrará contundencia la remanida frase de que “una imagen vale más que mil palabras”.

No poca importancia tiene la declaración del taxista que dio aviso a los “cabilditos” de la Policía que patrullan la zona del microcentro cordobés.

Fue él quien observó al hombre de traje que se movía a un ritmo diferente en el paisaje urbano.

Oral y público

Cuando esté lista toda la prueba, desde Contravencional enviarán los resultados al Juzgado de Control N° 4. Distintas fuentes vaticinan que en el curso de esta semana puede concluir esa etapa.

Luego será el turno de la jueza Hampartzounian, quien debe celebrar una única audiencia, con la presencia del acusado. Si bien está en juego una sanción de arresto, multa o tareas comunitarias, lo más significativo es la inmediata derivación que puede darse en el plano laboral: el sumario puede terminar en una sanción o directamente desembocar en el desplazamiento definitivo.

Desde las más altas esferas coinciden en que, de confirmarse, al ser un funcionario judicial sorprendido en horario de trabajo, se trata de un “hecho grave”.

FUENTE: LA VOZ DEL INTERIOR

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