Integrantes de la Asamblea Ampliada de Organizaciones e Independientes por los Derechos de las Mujeres marcharon ayer por las calles céntricas de la capital jujeña pidiendo la renuncia del ministro de Salud de la provincia, Gustavo Bouhid, al que denuncian penalmente junto a los directivos del hospital de San Pedro y del Materno Infantil.
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Integrantes de la Asamblea Ampliada de Organizaciones e Independientes por los Derechos de las Mujeres marcharon ayer por las calles céntricas de la capital jujeña pidiendo la renuncia del ministro de Salud de la provincia, Gustavo Bouhid, al que denuncian penalmente junto a los directivos del hospital de San Pedro y del Materno Infantil.
En una acción conjunta, la Asamblea Ampliada de Organizaciones e Independientes denunció que no se respetó el protocolo ILE (Interrupción Legal del Embarazo) en el caso de la niña de 12 años abusada y embarazada de la ciudad de San Pedro.
La nutrida marcha que comenzó frente a la Casa de Gobierno desembocó en el Ministerio Público de la Acusación donde se presentó una denuncia penal contra el ministro de Salud, Gustavo Bouhid; el director del hospital "Guillermo Paterson" de San Pedro, Marcelo Villa; contra la directora del Hospital Materno Infantil, Alice Vargas, y el jefe de Obstetricia de esa misma institución, a quienes acusan de "tortura, lesiones culposas, incumplimiento de deberes de funcionario público y por violación de la confiabilidad y privacidad dado que repudian la filtración de datos sanitarios de la menor". Se desconoce qué Fiscalía estará a cargo de la investigación.
En este marco, la diputada provincial del PTS-FIT, Natalia Morales, en representación de la organización Pan y Rosas, en comunicación con El Tribuno de Jujuy expresó que "se trata de una situación muy grave" y que "no se puede permitir que en la provincia se genere un antecedente de este tipo en el derecho de las mujeres y de las niñas, derecho que conquistamos en el año 1921 y que no vamos a permitir que se avasalle".
Reclamó por el procedimiento aplicado a la niña, que consistió en la realización de una cesárea una semana después de la solicitud que ella y su madre hicieron para que se le aplicara el protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
Ante esta situación Morales insistió en que no se puede permitir que "se fuerce a una niña que fue violada a ser madre, una práctica a la que a nivel internacional es considerada una tortura", remarcó.
Provincias como Salta, Tucumán, Córdoba, Buenos Aires y Neuquén se movilizaron también en adhesión a la denuncia que llevan adelante las diferentes organización de mujeres de Jujuy, que le atribuyen al Gobierno provincial la responsabilidad de "negar un derecho humano que es la intervención legal del embarazo a una niña de 12 años".