¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

23°
19 de Marzo,  Jujuy, Argentina
PUBLICIDAD

"Cruz no puede seguir interviniendo en la causa"

El fiscal general Lello Sánchez pidió que el Superior Tribunal dé por finalizada la intervención de Cruz en la investigación.Además calificó la resolución del magistrado de Control Nº 4 de "prematura, apresurada y autocontradictoria".
Miércoles, 20 de febrero de 2019 01:02

Luego de que el juez de Control Nº 4 Isidoro Cruz haya resuelto la semana pasada, dar por cumplida la Investigación Penal Preparatoria (IPP) del expediente judicial conocido comúnmente por los jujeños como "Megacausa", y remitiera las actuaciones al fiscal que entiende la causa para el requerimiento de elevación a juicio, el fiscal general Sergio Lello Sánchez le dijo a nuestro diario que "el doctor Cruz no puede seguir interviniendo en la causa".

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Luego de que el juez de Control Nº 4 Isidoro Cruz haya resuelto la semana pasada, dar por cumplida la Investigación Penal Preparatoria (IPP) del expediente judicial conocido comúnmente por los jujeños como "Megacausa", y remitiera las actuaciones al fiscal que entiende la causa para el requerimiento de elevación a juicio, el fiscal general Sergio Lello Sánchez le dijo a nuestro diario que "el doctor Cruz no puede seguir interviniendo en la causa".

"Entendemos que el doctor Cruz no puede seguir interviniendo en la "Megacausa", siendo que está en funciones el juez Penal Económico designado, mediante un concurso el juez Rodolfo Miguel Fernández y así como se hizo con los jueces de Casación y con los distintos jueces, todas las causas en trámite se les eran remitidas a estos nuevos jueces. Es decir que todos los recursos que estaban pendientes fueron remitidos para su tratamiento por parte de los nuevos magistrados de Casación", dijo Lello Sánchez.

Además el fiscal general agregó que "eso ya es un criterio del Superior Tribunal de Justicia, pero entendemos que por razones de coherencia deberían remitirse todas las causas pendientes, y dar por finalizada la intervención del doctor Cruz en este expediente".

JUEZ DE CONTROL / ISIDORO ARZUD CRUZ. 

Sergio Lello Sánchez adelantó a nuestro diario que el fiscal que interviene en la causa, Diego Cussel va a plantear una revocatoria ante la resolución firmada por el juez de Control, por resultar "prematura, apresurada y autocontradictoria".

"A nuestro entender, la resolución es prematura porque aún que restan por agregarse elementos de pruebas. Apresurada porque el juez mismo ordenó medidas de pruebas y no esperó a los resultados de esa prueba, tal como una pericia contable y había dado un plazo de hasta 60 días (que vence el próximo 8 de abril), para que los peritos de parte puedan acercar sus conclusiones y eso se convierte en un elemento de fundamental importancia en una investigación de un delito como ser fraude a la administración pública. Y autocontradictoria porque la resolución va contra sus propios actos. Si él mismo está pendiente de recibir una prueba, no puede decir que la investigación está terminada", dijo.

Al fiscal a cargo del Ministerio Público de la Acusación (MPA) "le llama la atención la actitud del juez Cruz, quien luego de tomar esta decisión, además el mismo día viernes (15 de febrero), se recibió en el ámbito de Control a su cargo una documentación que tiene que ver con una declaración que virtió un testigo en el juicio conocido como "Pibes Villeros" en el debate y que hizo referencia de dónde se desprendería la posibilidad de las nuevas imputaciones o nuevos elementos para ser analizados por parte del fiscal actuante, y que hacen que deban ser merituados antes de tomar una decisión de esta naturaleza".

"Lo que además llama la atención del juez en la resolución, es que él dice el resto de las pruebas podrán ser planteadas en la oportunidad del debate oral, eso también es erróneo porque para mandar a juicio oral una causa, debe completarse la prueba pendiente y ver cómo queda configurado el objeto procesal como para evaluar la remisión de la causa a juicio".

"Por eso creo que existen razones para oponerse a la validez de este decreto que dictó el juez Isidoro Cruz y hay sobradas razones que llevan a pensar que no está terminada la investigación. Es por todos estos motivos que nos llama la atención el apresuramiento del doctor Cruz en dar por cumplida la IPP del expediente" de la "Megacausa", concluyó el fiscal general. .

Jury de enjuiciamient al fiscal Diego Cussel

Sobre el pedido de Jury al fiscal Diego Cussel, planteado por algunos abogados defensores de imputados, el fiscal general Lello Sánchez dejó en claro que “por parte del MPA se planteó la nulidad de la indagatoria del exgobernador Fellner, rechazada por el juez. El planteo se fue en apelación y la Cámara, que con su fallo tampoco satisface las expectativas del MPA, decidió confirmar esto”. 
“Esta es una instancia procesal decisiva porque no es un derecho renunciable por parte del imputado que se respeten sus garantías y parece ser lo que ocurrió con ese apresuramiento de esa declaración donde Fellner pretendía eludir la lectura de los elementos de pruebas que se habían reunido. “Cuando se plantea el cese de detención de Fellner, se corre vista y le da la libertad al otro día, sabiendo que tenía que esperar la contestación del fiscal. Esta cuestión todavía está pendiente en resolución en el Superior Tribunal de Justicia.

Sobre los imputados y las calificaciones

Además del fiscal general Sergio Lello Sánchez dejó en claro que todavía “hay tantos incidentes y tantas cuestiones planteadas para resolver, que me parece apresurada la decisión del juez de Control Cruz que dé por cerrada la investigación, cuando todavía no se termina de definir quién tiene la calidad de imputado a la fecha, como para ver si esa persona puede ser remitida a juicio, esa es una decisión que deberá formarla el fiscal de acuerdo a los elementos agregados a la causa”, dijo.
Lello Sánchez hizo referencia a la imputación de los 10 jefes comunales y dio a entender que restan otros elementos probatorios para definir la imputación de ellos, su calificación legal o en su defecto el sobreseimiento de la causa que investiga el fraude al Estado por más de 1300 millones de pesos, destinados a la construcción de viviendas, que debía llevar a cabo la organización barrial Tupa Amaru, presidida por Milagro Sala.