El gobierno de Daniel Ortega y la alianza opositora reanudaron ayer las negociaciones para intentar encontrar una salida a la grave crisis que vive Nicaragua, en un clima de secretismo, luego de que la víspera las partes definieran una hoja de ruta.
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El gobierno de Daniel Ortega y la alianza opositora reanudaron ayer las negociaciones para intentar encontrar una salida a la grave crisis que vive Nicaragua, en un clima de secretismo, luego de que la víspera las partes definieran una hoja de ruta.
En la primera sesión, las partes acordaron 9 de 12 puntos "fundamentalmente relacionados con aspectos prácticos de funcionamiento para que la negociación se pueda dar sobre bases serias y transparentes", explicó en Twitter la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
Ayer avanzaron en "la consolidación" de los procedimientos de las negociaciones, a las que asisten en calidad de testigos el cardenal Leopoldo Brenes y el nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag.
Se desconoce, sin embargo, el contenido de las conversaciones que la delegación del gobierno, encabezada por el canciller, Denis Moncada, y la Alianza, presidida por el exdiplomático Carlos Tünnermann, desarrollaron a puertas cerradas en la sede del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas.
"Todas las negociaciones exitosas han pasado por procesos incluso totalmente privados", argumentó Ortega el 21 de febrero cuando anunció la disposición de volver a la mesa de negociación con el bloque opositor, integrado por empresarios, estudiantes y organizaciones civiles.
Bajo esa premisa, el diálogo se efectuó a puertas cerradas, sin acceso de la prensa a los participantes y sin información del contenido de las negociaciones.
El acercamiento tiene lugar ocho meses después de la suspensión de las primeras negociaciones mediadas por la Iglesia católica del país, convulsionado entonces por violentas protestas antigubernamentales, que Ortega atribuyó a un intento de golpe de Estado.
Las protestas estallaron el 18 de abril contra una reforma al seguro social que luego evolucionó en una demanda de salida de Ortega por la represión que ejerció contra los manifestantes, que dejó 325 muertos, más de 700 detenidos.
Ortega, un exguerrillero de 73 años que gobierna de manera autocrática desde 2007 junto a su esposa y actual vicepresidenta, Rosario Murillo, accedió a negociar en medio de una profunda crisis económica y fuertes presiones por parte de OEA, Estados Unidos y la UE.
En un gesto de buena voluntad, el gobierno trasladó el miércoles a 100 opositores presos a un régimen de casa por cárcel, pero mantiene las calles controladas con policías para evitar nuevos brotes de protestas, actualmente prohibidas.
La Unidad Nacional Azul y Blanco, que agrupa a los movimientos de la oposición, exigió este jueves en un comunicado la liberación de todos los "presos políticos, la anulación de los juicios en su contra y el retorno con garantía de todos los exiliados".
Los opositores son acusados en los tribunales de "terrorismo" y otros delitos en base a una reciente ley que castiga a los manifestantes con hasta 20 años de prisión.