Los fiscales Diego Cussel, Liliana Fernández de Montiel y Delia Ortiz, quienes actuaron como acusadores en el juicio oral y público, comúnmente denominado “Pibes Villeros” interpusieron recurso de casación en contra de algunos puntos de los fundamentos del fallo que el Tribunal en lo Criminal Nº 3 diera a conocer el pasado miércoles 6 de este mes de marzo.
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Los fiscales Diego Cussel, Liliana Fernández de Montiel y Delia Ortiz, quienes actuaron como acusadores en el juicio oral y público, comúnmente denominado “Pibes Villeros” interpusieron recurso de casación en contra de algunos puntos de los fundamentos del fallo que el Tribunal en lo Criminal Nº 3 diera a conocer el pasado miércoles 6 de este mes de marzo.
Respecto a la condena de los exintegrantes del directorio del Instituto de Viviendas, Lucio Abregu y Pablo Tolosa Perea que fueron condenados a cumplir la pena de tres años de forma condicional, la fiscal Liliana Fernández de Montiel manifestó “que se recurrieron los montos de las penas impuestas a estos ya que entendieron que el Tribunal omitió condenarlos por la pluralidad de hechos de fraude a la administración pública por los que fueron acusados por el MPA, (dos hechos en el caso de Abregu y 12 en el caso de Tolosa)”, solicitando que la Cámara de Casación Penal “repare la injustificada omisión en la que incurrieron a su criterio las juezas Carolina Pérez Rojas, Cecilia Sadir y Alejandra Tolaba, y dicte en su reemplazo penas por 8 años de ejecución efectiva para ambos”.
En torno a las absoluciones con las que fueron favorecidos los imputados Emilio Javier Bustos, Gustavo Martínez, y José Augusto Choque, los representantes del Ministerio Publico también las recurrieron en la misma presentación, a los fines de que en Casación se dicten las condenas respectivas en contra de los nombrados dado que, entienden que “las pruebas de cargo fueron contundentes para declararlos responsables penalmente; alegaron que a pesar de ello, sin ninguna justificación fundada en las constancias de la causa, fueron absueltos los nombrados, por el tribunal que actuó en dicho juicio”.
De la información recabada, se pudo saber que en el recurso que plantearon los fiscales de Cámara nombrados, se agraviaron por los “escasos montos de penas” que el Tribunal impuso tanto a Milagro Sala, condenada por ser la jefa de una Asociación Ilícita, como al resto de los acusados que fueron condenados como integrantes de la organización delictiva.
Fundaron sus quejas en el recurso en las circunstancias de que, “en la sentencia se acotó el marco temporal de actuación de tal asociación ilícita a los años 2013 a 2015, a pesar de que varios de los testigos que fueron exintegrantes de la Túpac Amaru aseguraron en el juicio que estas defraudaciones al estado venían ocurriendo desde el año 2008”.
Los representantes del Ministerio de la Acusación pidieron al Tribunal de Casación que resolverá sobre la procedencia del recurso, que revoque la decisión del Tribunal, en cuanto este ordenó poner los bienes decomisados en el proceso a disposición del Superior Tribunal de Justicia.
El tribunal de la Cámara de Casación Penal está integrado por los jueces Cristian Torres (presidente de trámite), Néstor Paoloni y Rodolfo Fernández, (habilitado).