Alberto Rodríguez Vélez, un médico especializado en rehabilitación, fue detenido el miércoles a la noche y posteriormente, le dictaron prisión preventiva, “acusado de producir imágenes de pornografía infantil e intercambiar ese material con otros usuarios por Internet”, detalló en un comunicado el Ministerio Público Fiscal porteño (MPF), que solicitó la detención. El médico, que se desempeña en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica de Núñez, fue detenido en su casa en un procedimiento durante el cual se secuestraron “nuevas evidencias de interés para la investigación”, un arma y municiones.
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Alberto Rodríguez Vélez, un médico especializado en rehabilitación, fue detenido el miércoles a la noche y posteriormente, le dictaron prisión preventiva, “acusado de producir imágenes de pornografía infantil e intercambiar ese material con otros usuarios por Internet”, detalló en un comunicado el Ministerio Público Fiscal porteño (MPF), que solicitó la detención. El médico, que se desempeña en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica de Núñez, fue detenido en su casa en un procedimiento durante el cual se secuestraron “nuevas evidencias de interés para la investigación”, un arma y municiones.
La investigación comenzó luego una alerta emitida por la oficina de Interpol canadiense ubicada en Ottawa. La organización policial detectó a un usuario con dirección de IP argentina que compartía archivos de imágenes con escenas de explotación sexual infantil a través de la red de intercambio P2P “Gigatribe”. Esta red permite que aquellos usuarios que tienen una contraseña suban y bajen contenido a ese espacio virtual.
La denuncia recayó en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 30, especializada en Delitos Informáticos, a cargo de Celsa Victoria Ramírez. Luego de una investigación preliminar, la magistrada ordenó el primer allanamiento de la casa de Rodríguez Vélez que se realizó el 21 de marzo pasado. En ese procedimiento, a cargo del Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Fiscalía General porteña, se secuestró “material informático para su posterior peritaje”.
El MPF porteño informó que el peritaje del material se terminó esta semana y que encontraron “imágenes de producción casera que mostraban aparentes menores de edad desnudos en poses sugerentes”. Al analizar los elementos de esas imágenes con las fotos que había tomado la Justicia en la casa de Rodríguez Vélez, los investigadores notaron que “existían coincidencias con el lugar de producción de las fotografías en lo que hace a los pisos, muebles y ropa de cama”. A partir de esa información, Ramírez pidió un nuevo allanamiento “para preservar la prueba y detener al sospechoso”. Ese procedimiento, en el que se detuvo al médico, “dio resultado positivo en relación a la constatación del posible lugar de producción de las imágenes”.
Por su parte, Yael Bendel, la Asesora General Tutelar, emitió un comunicado en el que anunció la intervención del Ministerio Público Tutelar (MPT) en el caso. Bendel señaló que el organismo nuevamente debe actuar “ante una investigación que adquirió conocimiento público sobre un adulto que habría vulnerado todos los derechos de niñas, niños y adolescentes”, como sucedió en el caso de Ricardo Russo, jefe de Servicio de Inmunología y Reumatología en Hospital Garrahan, acusado de producir pornografía infantil.
Bendel recordó que el 80 por ciento “de los maltratos y abusos hacia los niños son cometidos por conocidos o familiares de las víctimas”, pero que “son pocos los que adquieren notoriedad pública”. “En general se trata de aquellos en los que los autores del delito tienen cierto reconocimiento de su tarea profesional en la comunidad”, agregó.
La Asesora General Tutelar resaltó la importancia de que los adultos presten atención y se contacten con los organismos de protección de derechos de infancia si sospechan que una niña, niño y /o adolescente puede estar siendo víctima de un maltrato o abuso. Bendel advirtió que los adultos deben “estar atentos también a los cambios repentinos de conducta de los niños, a los indicadores específicos e inespecíficos que evidencien que pueden estar sufriendo una vulneración de sus derechos”.
Fuente: Página 12