Hay más de 400 carpetas médicas que se investigan

Pese a la férrea decisión del Gobierno de la Provincia de Jujuy en poner fin a un ancestral caso de corrupción dentro de la Policía, son muchas las situaciones que aún quedan por resolver a los efectos de que se pueda cerrar un ciclo negro dentro de la institución.

Un grupo de oficiales, suboficiales y agentes indicaron que "la institución está plagada de actos que rozan lo ilegal y que no son pocos los jefes que hicieron la "vista gorda" hasta que esta gestión inició una severa investigación que determinó que cerca del diez por ciento de la planta del personal se encuentre sin prestar servicio "amparados por un parte médico".

Afirman que desde la institución jamás se controló una situación irregular que tiene muchas instancias de responsabilidad, entre ellas el Departamento Personal, Operaciones, asesoría legal y la gente de Sanidad.

Otra de las preguntas de los efectivos es el hecho que el médico jefe se encuentre trabajando en la Secretaría de Seguridad cuando en realidad debiera estar con un sumario administrativo y retirado de todas las funciones si realmente está siendo investigado.

Recambios que no llegan

Si bien existe la firme decisión de limpiar la institución de malos policías, aún no asumieron sus funciones diez médicos que están siendo preparados para que se realice el reemplazo de los actuales que se verían implicados en una maniobra desleal.

Uno de los temas que estaría preocupando al Estado provincial serían los juicios que podrían entablar los policías puestos en situación de disponibilidad, en virtud de no existir una causa judicial que los comprometa con un accionar que no tiene justificativo, si se tiene en cuenta que fueron muchos los años que se pasaron sin trabajar.

La gran mayoría de los certificados médicos "arreglados" por profesionales hace alusión a que el paciente padece "un desorden post traumático" o cualquier otro desequilibrio mental.

Una de las propuestas era que esas personas, con un grado de discapacidad para cumplir funciones en seguridad y defensa, bien pueden prestar funciones administrativas, de maestranza, escribientes y de esa manera no quedarían desafectados de la fuerza.

Otro de los temas más peligrosos es que se verían comprometidos abogados que prestaron servicio en la institución y que habrían elaborado el método para poder salvaguardar al agente y prestar asesoramiento desde el estudio particular en caso de tener problemas judiciales por la inasistencia en que incurren al cumplir con las funciones para las que fueron designados.

 

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