Productores del sector periurbano de Palpalá llegaron al Concejo Deliberante siderúrgico para plantear su preocupación por el avance del sector privado que pretende apoderarse de sus tierras, cuando existe una Ordenanza que determina al sector como área protegida desde el 2005.
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Productores del sector periurbano de Palpalá llegaron al Concejo Deliberante siderúrgico para plantear su preocupación por el avance del sector privado que pretende apoderarse de sus tierras, cuando existe una Ordenanza que determina al sector como área protegida desde el 2005.
Rosa Gutiérrez, una de las productoras, afirmó: "está la Ordenanza 1156/15 que protege a la zona como área de producción periurbana. Pusimos en conocimiento como este señor González había arrasado los alambrados de nuestro compañero productor Maraz, y vinimos al Concejo para ver qué solución nos dan para que se respete la Ordenanza".
Sin embargo, la norma que los protegía habría sufrido una modificación de la cual ellos no estaban enterados. "Lamentablemente nos vamos de acá desilusionados porque nos dijeron que se hizo una modificación en la Ordenanza, de la que nosotros nunca supimos, recién nos enteramos hoy", expresó Gutiérrez.
Asimismo, aseguró que continuarán con su lucha para que se reconozcan sus derechos "porque esa es nuestra zona de producción, donde vivimos desde hace años varias generaciones. Nosotros lo sabemos bien y no nos vamos a mover de ahí", indicó.
El autor del proyecto de ordenanza de área protegida es el actual intendente Pablo Palomares, cuando era concejal. "Fuimos y le presentamos notas a él también en el municipio, pero nos dijeron que el no está y tampoco nos salió atender ningún funcionario. Por eso venimos al Concejo", agregó.
Finalmente Gutiérrez afirmó: "nos sentimos estafados porque cómo se explica que haya una modificación después de hacerse público el resultado de un trabajo conjunto, que perjudica a los productores", agregando que los ediles les explicaron que 15 días después de aprobada la ordenanza, la cambiaron en lo referido a la traza del terreno.
Por su parte, el concejal Julio César Mamaní, del FIT, dijo que los productores hace casi un mes están protegiendo su territorio, de "un avasallamiento permanente". Explicó que es una zona que fue declarada área para agricultura familiar, y que el proyecto fue consensuado por Agricultura Familiar de la Nación, el Inta y otros organismos. "Es increíble que a los 15 días de que tomara estado público, se modifique un articulo de la Ordenanza que fue aprobada, llama a la duda y a la desconfianza de los productores".
Alertó sobre el peligro que corren los productores y miembros de la comunidad aborigen Mayu que tienen sus casas en esos terrenos, ya que la modificatoria las afectaría.
Al tiempo de reiterar que seguirá apoyando a los pueblos originarios, Mamaní señaló que "hay leyes nacionales que no se pueden pasar por alto".
Por su parte la diputada provincial Natalia Morales (FIT) dijo que "venimos apoyando esta situación desde el momento que integrantes de la comunidad Mayu vienen denunciando los intentos de desalojo, solidarizándonos con Pedro Maraz y otros familiares que están viviendo esta grave situación. Y no es menor lo que vienen denunciando. Claramente fueron estafados por el intendente actual Pablo Palomares, por cuanto la norma habría sido impulsada por él cuando era concejal". Dijo que en la Legislatura se presentó un proyecto que insta al Ejecutivo provincial, a la Secretaria de Pueblos Originarios, a que pueda garantizar la Ley 26.160 que respalda a las comunidades indígenas, sus derechos preexistentes sobre los territorios que identifican como tales y que tiene que impedir cualquier tipo de desalojo, que es la situación a la que está expuesta la comunidad Mayu.