Con fuertes críticas al juez federal Claudio Bonadio, Cristina Kirchner pidió ir a juicio oral en la causa de los cuadernos de las coimas. La presentación la hizo Carlos Beraldi, abogado de la senadora de Unidad Ciudadana, que le entregó al juez un documento que en el que advierte sobre lo que considera es “la ausencia manifiesta de un órgano jurisdiccional que en esta instancia pueda reparar” la cadena de “ilicitudes” de la investigación.
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Con fuertes críticas al juez federal Claudio Bonadio, Cristina Kirchner pidió ir a juicio oral en la causa de los cuadernos de las coimas. La presentación la hizo Carlos Beraldi, abogado de la senadora de Unidad Ciudadana, que le entregó al juez un documento que en el que advierte sobre lo que considera es “la ausencia manifiesta de un órgano jurisdiccional que en esta instancia pueda reparar” la cadena de “ilicitudes” de la investigación.
La precandidata a vicepresidenta del Frente de Todos está procesada como jefa de una asociación ilícita y 27 hechos de cohecho, en la causa que se investiga el pago de sobornos millonarios de parte de empresarios de la obra pública, viales y de la energía a funcionarios kirchneristas para asegurarse contratos del Estado, en el caso que se originó por las anotaciones que hizo en cuadernos el chofer Oscar Centeno.
La defensa consideró “imprescindible” pasar a la instancia de juicio oral en esta causa para exigir “una vez más, el restablecimiento de los principios constitucionales que hacen al debido proceso legal, del que deben gozar todos los habitantes de la Nación, sin excepción alguna”.
En el escrito presentado ante Bonadio, Beraldi argumentó: “En condiciones normales, la posibilidad de que estas actuaciones pudieran ser elevadas a juicio, en términos jurídicos, resultaría absurda. Ello así, pues todo lo actuado es insanablemente nulo, al haberse vulnerado todas y cada una de las garantías previstas en la Constitución Nacional”.
En el escrito la defensa apuntó contra la prueba que originó la investigación, las anotaciones de Centeno, que era chofer de Roberto Baratta, mano derecha el exministro kirchnerista de Planificación Federal Julio De Vido. "La causa se inició a partir de un supuesto elemento de prueba obtenido por medios ilegales: los presuntos cuadernos del chofer Oscar Centeno. Según fue informado, estas presuntas anotaciones habrían sido sustraídas a su titular por el ex sargento de la Policía Federal Argentina, Jorge Bacigalupo, para luego ser entregadas al periodista Diego Cabot", cuestionó.
Indicó que luego el juez Bonadio y el fiscal federal Carlos Stornelli, a cargo de la causa, "llevaron a cabo una inequívoca maniobra de fórum shopping para retener la causa sin practicar el sorteo correspondiente, en contra de lo previsto en la ley vigente", invocando "un presupuesto totalmente falso, esto es, una presunta conexidad con la causa del Gas Licuado".