¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

19°
19 de Abril,  Jujuy, Argentina
PUBLICIDAD

Cuestionan la normativa par acceder a Junta Calificadora

Aseguran que se ven perjudicados por las fechas de actualización de legajos y ambigüedad de los requisitos.
Jueves, 25 de julio de 2019 01:01

La Asociación de Docentes y Educadores Provinciales (Adep) y el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems) realizaron un fuerte cuestionamiento al marco regulatorio docente aprobado por el Ministerio de Educación de la provincia, a través de la resolución N°12640. Se trata de la normativa en la cual se detallan los requisitos que deben presentar los docentes jujeños de todos los niveles para ser evaluados por la Junta Provincial Calificadora, y que según la entidad gremial sería perjudicial por su "ambigüedad".

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Asociación de Docentes y Educadores Provinciales (Adep) y el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems) realizaron un fuerte cuestionamiento al marco regulatorio docente aprobado por el Ministerio de Educación de la provincia, a través de la resolución N°12640. Se trata de la normativa en la cual se detallan los requisitos que deben presentar los docentes jujeños de todos los niveles para ser evaluados por la Junta Provincial Calificadora, y que según la entidad gremial sería perjudicial por su "ambigüedad".

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Dario Abán, secretario General de Adep, manifestó que son tres requerimientos que deberían ser revisados y replanteados por las autoridades del ministerio. El primero de ellos corresponde a la solicitud del carnet sanitario, que debe ser expedido por el hospital zonal o por el Ministerio de Salud de la provincia. "Hay un inconveniente en este caso debido a que en Libertador General San Martín no se puede realizar este trámite, lo que obliga a más de 1000 docentes a viajar si o si a Capital, generando un gasto extra que no corresponde", aclaró el gremialista.

En segundo lugar, se solicita que la documentación presentada a la Junta, sea certificada por un juez de paz o escribano público, gestión que representa una suma de dinero que va de 30 a 300 pesos por página.

Ante esto, Abán precisó que se presentó un pedido ante el ministerio para que esta gestión pueda ser realizada de manera gratuita en las distintas delegaciones regionales.

Otro punto que se analizó es la "ambigüedad" que se presenta en quien debe actualizar su legajo en los periodos correspondientes. "No está claro si un docente de 25 años de antigüedad deber presentar su legajo o no, esto se debe a omisiones y un desconocimiento de la Junta al respecto", aseveró el titular de Adep, quien además indicó que para realizar esta tramite "solo se dispone de agosto, y no julio y agosto".

Piden la suspensión de la grilla de puntuación

Por otra parte, el titular del gremio que nuclea a los maestros de la provincia, cuestionó el anteproyecto de la grilla de puntuación con la que se evalúa a los docentes, el cual “está basado en la Ley 2.531 del año 1960 e incluye asignaturas que no se dictan hace décadas”.
Ante esta situación precisó que del documento elaborado por el Ministerio de Educación, se solicitó la suspensión de la normativa y la conformación, con representación gremial y ministerial, de una comisión para su tratamiento.
A manera de ejemplo comentó que se omiten titulaciones a las asignaturas Inglés, Portugués, Francés, Teatro, Expresión Corporal, todas contempladas en técnicas recientemente creadas por la cartera educativa.
“En su lugar se incluye la evaluación a docentes de cultura/acordeón/ violín, cocina, bordado a máquina y Lencería, en otras asignaturas que no se dictan hace 59 años”, agregó.
Otro apartado que analizó fue la antigüedad docente que se mantiene en 0,60 por año.
Cabe mencionar que desde Adep solicitaron una audiencia ante la Comisión de Educación de la Legislatura como así también ante el gobernador de la provincia con el fin de “lograr leyes que reflejen la realidad educativa de la provincia que valoren equitativamente las trayectorias profesionales y laborales con la mayor responsabilidad y compromiso involucrada”.