La comisión investigadora integrada por los ediles Sara Aranda, y Daniel Flores, luego de una árdua labor de meses, logró establecer que efectivamente Tito incurrió en irregularidades durante la presente gestión.
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La comisión investigadora integrada por los ediles Sara Aranda, y Daniel Flores, luego de una árdua labor de meses, logró establecer que efectivamente Tito incurrió en irregularidades durante la presente gestión.
El expediente consta de 593 fojas con las pruebas obtenidas por el poder legislativo tras varios meses de investigación.
Es meritorio recordar que la denuncia penal contra su persona, es por destrucción y falsificación de instrumento público, la desaparición y venta de una máquina retroexcavadora Caterpillar, perteneciente a la comuna fronteriza.
En ese contexto la concejal Sara Aranda manifestó que "pasado el tiempo que establece la ley para que el intendente se interiorice sobre el expediente, nosotros elevamos todo a la presidenta del Concejo, ella tiene un máximo de 20 días para poner en consideración del cuerpo el dictamen de la comisión investigadora".
Por otra parte, añadió que "la otra instancia es que de allí pasaría a la comisión juzgadora, el expediente contiene importantes pruebas que se recabaron en la sala tres de las vocalías 7 y 9, en el Tribunal de Cuentas y testimoniales".
Consultada si la investigación concluye en que Miguel Tito incurrió en un posible delito y si le correspondería la suspensión en su cargo, la concejal contestó que "están dadas todas las condiciones pero no podemos saltear pasos".
Al respecto añadió que "no podemos salirnos de lo que marca el reglamento interno, la ley orgánica de municipios, Constitución de la Provincia y reglamento de la Legislatura, para que no caiga en saco roto".
Sobre si Tito cometió actos de corrupción, respondió que "en base a lo que hemos investigado están las pruebas, nos aportaron otros hechos que seguramente la próxima gestión continuará investigando".
La denuncia lleva el número de expediente P 212263 de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Económicos y Contra la Administración Pública, dependiente del Ministerio Público de la Acusación, a cargo del fiscal Aldo Lozano.
El intendente fronterizo y dos funcionarios habrían falsificado la Ordenanza 46/2016 publicada en el Boletín Oficial Nº 111 con fecha 3 de octubre del año 2016, para vender la máquina retroexcavadora Caterpillar del municipio de la ciudad fronteriza.