Según la ONU, empeoró la situación de DDHH en Venezuela

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció ayer que desde que publicara su primer informe sobre Venezuela, hace dos meses, empeoró la situación humanitaria en ese país, con nuevas ejecuciones extrajudiciales de opositores y "casos de tortura y malos tratos".

Al hablar en la apertura del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Bachelet afirmó que la oficina que dirige "ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la Faes (Fuerzas de Acciones Especiales, perteneciente a la Policía Nacional Bolivariana, PNB) en algunas zonas del país".

La expresidenta de Chile dijo que recibió información de la ong Monitor de Víctimas, que identificó 57 nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas solo en julio en Caracas.

"Estos casos documentados revelan el mismo patrón identificado en mi informe de julio y demuestran la falta de mecanismos de protección efectiva para los testigos y familiares de las víctimas", sostuvo Bachelet.

En el informe publicado a principios de julio, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh) afirmó que las fuerzas armadas y de seguridad venezolanas cometieron 5.287 ejecuciones extrajudiciales en 2018 y 1.569 entre enero y mayo de este año, según datos del propio gobierno chavista.

Asimismo, agregó que al cierre del informe había al menos 793 personas privadas arbitrariamente de libertad y en lo que va del año 22 diputados de la Asamblea Nacional (AN, parlamento unicameral), incluido su presidente, Juan Guaidó, habían sido despojados de su inmunidad parlamentaria. Esta cantidad aumentó luego, debido a nuevos fallos de los órganos chavistas.

Al respecto, Bachelet subrayó que el gobierno chavista no evidenció voluntad de atender el pedido del Acnudh de que disuelva la Faes y adopte acciones para evitar las ejecuciones extrajudiciales.

La titular del Acnudh reconoció que luego de que ella visitara Caracas a fines de junio pasado, las autoridades chavistas permitieron a su equipo volver a trabajar dentro de Venezuela y excarcelaron a 83 personas.

No obstante, remarcó que aún está pendiente la liberación definitiva de la jueza María Lourdes Afiuni y el periodista Braulio Jatar, y que sigue habiendo denuncias de "casos de tortura y malos tratos, tanto físicos como psicológicos, de personas arbitrariamente privadas de su libertad, en particular de militares".

Por otra parte, Bachelet manifestó su temor por la probable sanción de una ley destinada a criminalizar las actividades de organizaciones humanitarias.

Según la comisionada, algunas oenegés que colaboraron con su informe fueron denunciadas públicamente y sus representantes, amenazados por altos funcionarios chavistas.

"Las represalias por colaborar con la ONU son inaceptables; insto a las autoridades a que tomen medidas preventivas", dijo.

"También lamento los ataques del gobierno contra la independencia de las universidades", agregó.

En otro orden, Bachelet advirtió que sigue empeorando la crisis económica y social en Venezuela, donde el salario mínimo mensual equivale a dos dólares, "lo que significa que una familia necesita el equivalente a 41 salarios mínimos para cubrir la canasta básica familiar".

También destacó la situación de 400 mil personas que padecen enfermedades crónicas y tienen acceso limitado a tratamientos y remedios, así como la de al menos 39 personas que esperan viajar al exterior para recibir trasplantes.

Pedido de sanción 

Estados Unidos reclamó ayer a la Unión Europea (UE) que aplique sanciones “adicionales” al gobierno chavista de Venezuela porque la reticencia de ese bloque a hacerlo “no ha sido de ayuda” en la búsqueda negociada de una solución a la crisis del país caribeño.
“Esperamos que la UE haga rápido aquello sobre lo que ha estado hablando, que es imponer sanciones personales adicionales”, afirmó el representante especial para Venezuela de Estados Unidos, Elliott Abrams.
El diplomático sostuvo que la reticencia de la UE a aprobar nuevas medidas contra el régimen chavista o sus dirigentes es “un error de cálculo” y “no ha sido de ayuda” en las negociaciones en curso. 
Abrams recordó que la UE sostuvo que no impondrá nuevas sanciones mientras esté vigente el diálogo entre el chavismo y la oposición auspiciado por Noruega, y que sí lo hará si esas negociaciones fracasan.

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