Una sala acusadora quedó conformada ayer en la Legislatura provincial para dar inicio al juicio político al fiscal general del Poder Judicial y a tres integrantes del Tribunal de Cuentas, tras los pedidos presentados la semana pasada por supuesto incumplimiento en sus deberes de funcionarios.
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Una sala acusadora quedó conformada ayer en la Legislatura provincial para dar inicio al juicio político al fiscal general del Poder Judicial y a tres integrantes del Tribunal de Cuentas, tras los pedidos presentados la semana pasada por supuesto incumplimiento en sus deberes de funcionarios.
El proceso es cuestionado por bloques de la oposición porque "conlleva una gravedad institucional" y responde a "una decisión política" de la bancada oficialista.
Las denuncias son contra Nora del Valle Millone Juncos, presidenta del Tribunal de Cuentas y los miembros de la Vocalía Contable Sala II, Mariana Leonor Bernal y René Antonio Barrionuevo Lacour, y el fiscal general ante el Superior Tribunal de Justicia, Alejandro Ficoseco.
La primera está referida "a los controles realizados o no realizados (período 2012-2015) en actuaciones que tienen relación con lo que después se conoció como Megacausa", señaló el diputado oficialista Ramiro Tizón, presidente de la sala acusadora, que está integrada por 24 legisladores.
El pedido de juicio político a tres integrantes de ese tribunal responde a la supuesta omisión en efectuar las denuncias, avalando a que se cometan delitos en perjuicio del Estado vinculados a la "Megacausa", el expediente judicial que aún se investiga, y donde, entre otros, están acusados miembros de la organización "Tupac Amaru".
Con respecto al fiscal general Ficoseco, trascendió que la denuncia está relacionada con la supuesta "falta de actuación respecto de los hechos de violencia en la Casa de Gobierno durante una protesta de organizaciones sociales y a situaciones específicas ocurridas durante la gestión anterior, y la falta de presentación de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción".
"Lo primero que hará esta comisión es notificar a los denunciados para que ejerzan sus defensas y ofrezcan toda la prueba necesaria; después se realizará la evaluación correspondiente", explicó Tizón.
Los pedidos de juicio político, realizados por dos ciudadanos, ingresaron en la sesión legislativa llevada a cabo la semana pasada.