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Falsos gestores: negaron el cese de detención

Rodolfo Fernández rechazó los pedidos presentados por Silvia Lemir y de Silvana Arias de cumplir domiciliarias

Viernes, 20 de septiembre de 2019 01:04

En los últimos días trascendió que el juez de Control Penal Económico y en contra de la corrupción Administrativa Rodolfo Fernández rechazó los pedidos de cese de prisión en comisarías de imputados en la causa de "falsos gestores del Ivuj".

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En los últimos días trascendió que el juez de Control Penal Económico y en contra de la corrupción Administrativa Rodolfo Fernández rechazó los pedidos de cese de prisión en comisarías de imputados en la causa de "falsos gestores del Ivuj".

Fuentes cercanas al Juzgado de Control actuante aseguraron que "las pruebas que se van recabando a lo largo de la investigación, son contundentes y dejan ver la manera de operar que tenían estas personas y cómo manipulaban a los damnificados".

En relación a los pedidos de cese de detención o que sean detenciones domiciliarias, el letrado afirmo que "el defensor técnico de Silvina Betina Arias solicito el cese de detención en comisaría de su defendida, pero le fue denegada".

Cabe destacar que Arías es esposa de Manuel Emilio Farfán involucrado en la causa y empleado del Ministerio Público de la Acusación.

"Idéntica resolución tomó el juez Fernández en relación al pedido de prisión domiciliaria formulada por Silvia Cristina Lemir quien alegó que debía cuidar a su esposo que se encuentra muy enfermo".

Las razones que esgrimió Fernández es que al tener los hijos mayores de edad, los mismos se pueden hacer cargo de su padre y la enfermedad no sería de gravedad.

Silvia Lemir es una mujer que durante el año 2005 estuvo involucrada en hechos de similares características.

También continuarán detenidos como consecuencia de que aún restan medidas probatorias por producirse los inculpados Adela María del Valle Millares y Claudio Daniel Rollero todos imputados por "fraude en perjuicio de la administración pública, estafa y asociación ilícita".

Los supuestos gestores les ofrecían a personas desesperadas adjudicaciones de viviendas del Ivuj a cambio de una determinada cantidad de dinero que variaba entre los 6 y los 20 mil pesos, según la urgencia del interesado.