El decreto firmado por el intendente radical de la ciudad quebradeña, Leonel Herrera, indica que el “Estado como primer garante de sus habitantes, debe posibilitar el ejercicio de los derechos fundamentales plasmados en su carta magna en pos del bien común”.
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El decreto firmado por el intendente radical de la ciudad quebradeña, Leonel Herrera, indica que el “Estado como primer garante de sus habitantes, debe posibilitar el ejercicio de los derechos fundamentales plasmados en su carta magna en pos del bien común”.
Más adelante señala que “se reconoce la libertad individual, como decisión sobre el propio cuerpo y la propia vida, como también no se desconoce que la mujer ha transitado por un sinfín de menoscabos y violencia”.
Esto ha ocurrido, sigue, “en todos los ámbitos que le ha tocado habitar, siendo objeto de acusaciones que la colocaban en un plano de desigualdad, dando lugar a la más dolorosa de todas, aquella que la enfrenta con el sistema penal”.
Asimismo llama a la sociedad humahuaqueña a “desarraigar de su seno el pensamiento de conducta patriarcal, educando con bases de responsabilidad compartida sobre actos que solo pueden gestarse entre dos seres por la propia biología”.
El decreto agrega que es “menester de las actuales generaciones modificar el devenir, visibilizando lo sagrado de la vida para el mundo y su evolución” e invita a trabajar en el Educación Sexual Integral.
Esta decisión provocó el rechazo de diversos colectivos feministas provinciales que defienden el aborto seguro, legal y gratuito, al ratificar "el derecho a decidir de las mujeres".
“El decreto es contradictorio, lo único que hace es conciliar con los obstaculizadores de derechos con respecto a las vidas de las mujeres -entre ellos- el derecho a decidir a interrumpir el embarazo si es que así lo desea”, señaló Mariana Vargas, integrante de la Multisectorial de Mujeres de Jujuy.
Vargas dijo a Télam que la decisión “habla de la ESI para negar el derecho al aborto y en realidad es que quienes niegan el aborto también niegan la ESI”.
La dirigente criticó lo que considera un ataque “a los derechos de la mujer” porque es “muy violento obligar a gestar a una mujer si no lo desea y esa violencia es violencia de género”.
La declaración del municipio intenta “conciliar con los sectores más retrógrados de la sociedad, en contra de quienes defendemos los derechos y ello me parece un absurdo”, manifestó Vargas.