El fiscal de Estado, Mariano Miranda, ratificó la plena vigencia del Estado de Derecho, las instituciones y la división de poderes, ante la propuesta de intervenir el Poder Judicial de Jujuy por parte de miembros del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales, que se opone al juicio político del fiscal general del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, Alejandro Ficoseco. "Son manifestaciones temerarias, con un alto contenido político, por cuanto ante la tramitación de pedidos de juicios políticos en Jujuy, está trabajando uno de los poderes del Estado, el Legislativo, así como también está ocupándose el Poder Judicial, y el Poder Ejecutivo es respetuoso de la actuación que lleven adelante cada uno de dichos poderes", agregó.
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El fiscal de Estado, Mariano Miranda, ratificó la plena vigencia del Estado de Derecho, las instituciones y la división de poderes, ante la propuesta de intervenir el Poder Judicial de Jujuy por parte de miembros del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales, que se opone al juicio político del fiscal general del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, Alejandro Ficoseco. "Son manifestaciones temerarias, con un alto contenido político, por cuanto ante la tramitación de pedidos de juicios políticos en Jujuy, está trabajando uno de los poderes del Estado, el Legislativo, así como también está ocupándose el Poder Judicial, y el Poder Ejecutivo es respetuoso de la actuación que lleven adelante cada uno de dichos poderes", agregó.
Al tiempo de rechazar de plano que en Jujuy exista una crisis institucional, consideró que las expresiones de los procuradores constituyen "una intromisión en los asuntos internos de la Provincia, vulnerando su autonomía".
"Al manifestar que la creación del Ministerio Público de la Acusación es inconstitucional, dicha afirmación podría traslucir no sólo una defensa corporativa hacia el fiscal general cuestionado, sino una defensa encubierta a Milagro Sala, quien durante una década privó a los jujeños de paz y de libertades civiles, sin mencionar los actos de violencia y corrupción por los cuales ha sido condenada, cumpliendo prisión preventiva domiciliaria ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación".
"De esta manera, pretenden que existan funcionarios que no deban rendir cuentas de sus actos ante las autoridades constitucionales", acotó Miranda.