Las diferencias entre el albertismo y el kirchnerismo quedaron esta semana al desnudo como nunca antes desde la llegada del Frente de Todos al poder, agregando un temprano manto de incertidumbre sobre las políticas a mediano y largo plazo que podrían ejecutarse en la Argentina. Que haya criterios opuestos en una amplia coalición de Gobierno no es algo novedoso por sí mismo, lo llamativo en este caso fue que los contrapuntos ocurrieron en temas clave como la deuda, la seguridad y la política de derechos humanos, tres pilares básicos de cualquier gestión ejecutiva.
El anuncio del gobernador bonaerense Axel Kicillof de que la provincia entraría en default en los próximos diez días generó una enorme preocupación en los mercados financieros, quienes desconocen si se trata de una decisión aislada del mandatario o si será la antesala de algo mucho mayor. El exministro de Economía es el dirigente cristinista con mayor proyección política, tanto que ya se lo menciona como presidenciable para los comicios de 2023, donde podría disputar una interna contra el propio Fernández. Muchos operadores de la city porteña interpretan ese dato como un eventual guiño, ni más ni menos, que de la vicepresidenta de la Nación al default bonaerense.
¿Realmente no hay fondos para pagar un bono de 250 millones de dólares, que representa sólo el dos por ciento de las acreencias del distrito? ¿Por qué el Presidente no le dio un anticipo de coparticipación para que Buenos Aires no caiga tan rápidamente en cesación de pagos, con el eventual riesgo de que otras provincias hagan lo mismo? Esas respuestas aún no fueron dadas con suficiente contundencia ni por Kicillof ni por Alberto Fernández.
Lo cierto es que esta situación ocurre justo en momentos en los que el ministro de Economía Martín Guzmán está negociando con el Fondo Monetario Internacional para postergar los vencimientos de los próximos dos años, impagables para una economía estancada y con elevados índices de marginación social como la argentina.
Una alta fuente de la Casa Rosada señaló ayer a El Tribuno que “el presidente no quiere caer bajo ningún concepto en default” y que lo ocurrido en Buenos Aires “no afectará en absoluto las tratativas de Guzmán con Washington”. El optimismo oficial se basa por estas horas en la decisión del jefe de Estado de visitar a Israel como su primer destino extranjero desde que asumió la presidencia. Jerusalén es el principal aliado militar de los Estados Unidos, el país que tiene la llave para destrabar las conversaciones con el Fondo Monetario, o bien de cerrarlas por completo. El jefe de Estado se puso como plazo el 31 de marzo para ya tener resuelto el tema de la deuda, y todo gesto que pueda hacer para el beneplácito de Donald Trump estará hasta entonces íntimamente relacionado con estas negociaciones. El viaje de Fernández a Israel, días antes de entrevistarse con el papa Francisco, tiene un elemento muy sensible en materia de política diplomática: la tensión militar entre Irán y los aliados de Trump está un punto cúlmine y Argentina, hasta ahora, se había mantenido en una posición distante al conflicto. ¿Seguirá esto de la misma manera? Todo indica que el Gobierno no quiere saber nada de meterse en un conflicto ajeno como el de Medio Oriente. También hay otra lectura que es imposible de pasar por alto, que es la renovada polémica por la muerte del fiscal Alberto Nisman, en donde la comunidad judía mostró un fuerte repudio por la intención de revisar la pericia de Gendarmería que avala la hipótesis de un asesinato. En ese urticante tema salieron a la luz otras diferencias de criterio en la coalición oficialista, esta vez entre el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa -quien desconfía de un suicidio- y el propio presidente de la Nación, quien ahora opina que Nisman se quitó la vida.
La visita a territorio israelí justo cinco días después del aniversario de la muerte del fiscal fue muy bien vista por las autoridades de la Amia y de la Daia. Está claro que Alberto no quiere sumar enemigos a tan poco tiempo de sentarse en el sillón de Rivadavía.
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Las diferencias entre el albertismo y el kirchnerismo quedaron esta semana al desnudo como nunca antes desde la llegada del Frente de Todos al poder, agregando un temprano manto de incertidumbre sobre las políticas a mediano y largo plazo que podrían ejecutarse en la Argentina. Que haya criterios opuestos en una amplia coalición de Gobierno no es algo novedoso por sí mismo, lo llamativo en este caso fue que los contrapuntos ocurrieron en temas clave como la deuda, la seguridad y la política de derechos humanos, tres pilares básicos de cualquier gestión ejecutiva.
El anuncio del gobernador bonaerense Axel Kicillof de que la provincia entraría en default en los próximos diez días generó una enorme preocupación en los mercados financieros, quienes desconocen si se trata de una decisión aislada del mandatario o si será la antesala de algo mucho mayor. El exministro de Economía es el dirigente cristinista con mayor proyección política, tanto que ya se lo menciona como presidenciable para los comicios de 2023, donde podría disputar una interna contra el propio Fernández. Muchos operadores de la city porteña interpretan ese dato como un eventual guiño, ni más ni menos, que de la vicepresidenta de la Nación al default bonaerense.
¿Realmente no hay fondos para pagar un bono de 250 millones de dólares, que representa sólo el dos por ciento de las acreencias del distrito? ¿Por qué el Presidente no le dio un anticipo de coparticipación para que Buenos Aires no caiga tan rápidamente en cesación de pagos, con el eventual riesgo de que otras provincias hagan lo mismo? Esas respuestas aún no fueron dadas con suficiente contundencia ni por Kicillof ni por Alberto Fernández.
Lo cierto es que esta situación ocurre justo en momentos en los que el ministro de Economía Martín Guzmán está negociando con el Fondo Monetario Internacional para postergar los vencimientos de los próximos dos años, impagables para una economía estancada y con elevados índices de marginación social como la argentina.
Una alta fuente de la Casa Rosada señaló ayer a El Tribuno que “el presidente no quiere caer bajo ningún concepto en default” y que lo ocurrido en Buenos Aires “no afectará en absoluto las tratativas de Guzmán con Washington”. El optimismo oficial se basa por estas horas en la decisión del jefe de Estado de visitar a Israel como su primer destino extranjero desde que asumió la presidencia. Jerusalén es el principal aliado militar de los Estados Unidos, el país que tiene la llave para destrabar las conversaciones con el Fondo Monetario, o bien de cerrarlas por completo. El jefe de Estado se puso como plazo el 31 de marzo para ya tener resuelto el tema de la deuda, y todo gesto que pueda hacer para el beneplácito de Donald Trump estará hasta entonces íntimamente relacionado con estas negociaciones. El viaje de Fernández a Israel, días antes de entrevistarse con el papa Francisco, tiene un elemento muy sensible en materia de política diplomática: la tensión militar entre Irán y los aliados de Trump está un punto cúlmine y Argentina, hasta ahora, se había mantenido en una posición distante al conflicto. ¿Seguirá esto de la misma manera? Todo indica que el Gobierno no quiere saber nada de meterse en un conflicto ajeno como el de Medio Oriente. También hay otra lectura que es imposible de pasar por alto, que es la renovada polémica por la muerte del fiscal Alberto Nisman, en donde la comunidad judía mostró un fuerte repudio por la intención de revisar la pericia de Gendarmería que avala la hipótesis de un asesinato. En ese urticante tema salieron a la luz otras diferencias de criterio en la coalición oficialista, esta vez entre el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa -quien desconfía de un suicidio- y el propio presidente de la Nación, quien ahora opina que Nisman se quitó la vida.
La visita a territorio israelí justo cinco días después del aniversario de la muerte del fiscal fue muy bien vista por las autoridades de la Amia y de la Daia. Está claro que Alberto no quiere sumar enemigos a tan poco tiempo de sentarse en el sillón de Rivadavía.
La seguridad
El contrapunto público entre el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni y Alberto Fernández estuvo lejos de pasar desapercibido, ya que la política en contra del delito sigue siendo uno de los asuntos que más le preocupa a la ciudadanía. Berni, el hombre fuerte en Seguridad de Cristina, apoyaba la continuidad de las pistolas Taser impulsada por el macrismo y la ministra nacional Sabina Frederic -también del elenco cristinista- las prohibió. ¿Habrá una política de seguridad en Buenos Aires y otra distinta en la Nación? imposible de develarlo tan rápido, pero sorprende que estos debates no se hayan saldado previamente a la asunción de ambos Gobiernos. Es evidente que el jefe de Estado no quiere quedar pegado con ninguna de las políticas de Patricia Bullrich que tanto cuestionó su fuerza política. Esta semana la ministra Frederic, garantista por naturaleza, vivió un incómodo momento cuando estaba junto al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y fue consultada sobre si estaba de acuerdo con que los policías de esa provincia tengan una bala lista para disparar. La respuesta fue ambivalente, pero de ningún modo podría haberlo rechazado cuando se produjeron 18 asesinatos en igual cantidad de días de este año. ¿Prevalerá el garantismo o el pragmatismo? Todo indica que habrá varias políticas de seguridad dentro del país: quizás este sea el único área en el que Argentina será realmente federal.
Derechos Humanos
Alberto Fernández sorprendió días atrás al afirmar delante de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo que “en Argentina no hay presos políticos sino detenciones arbitrarias”. No quedó claro a que se refería, pero esa declaración cayó muy mal en varios sectores del kirchnerismo más duro. Tanto fue así que el ministro del Interior “Wado” De Pedro y el senador nacional Oscar Parrilli salieron a reclamar por la liberación de los “presos políticos” del país. Esas declaraciones se dieron pocas horas después de que el jefe de Estado haya quitado de su diccionario esas dos palabras.