La renegociación de la deuda condiciona todas las políticas


Enmarcadas en un discurso solidario y de emergencia, las primeras medidas económicas de Alberto Fernández no pusieron foco directo en una rápida reactivación de la actividad ni tampoco en un estricto control de la inflación, sino más bien en sentar las bases para la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que amenaza con ser muy dura para la Argentina. 
En esas tratativas se juega buena parte del poder político del jefe de Estado para lo que resta de su mandato, aunque también de su posicionamiento de cara a las cruciales elecciones de medio término, en las que se modificará la composición del Congreso. Un buen resultado en 2021 dejaría muy bien posicionado a Alberto para pelear su reelección, tanto hacía adentro del oficialismo kirchnerista como hacia afuera, donde la carencia de liderazgos opositores es realmente llamativa. 
“Sabemos de la ansiedad de la gente por volver a crecer y generar empleo, pero nada de eso será posible si no tenemos éxito con la deuda impagable que nos dejaron. Por eso estamos haciendo tantos esfuerzos para no gastar lo que no tenemos”, señaló ayer un importante legislador del Frente de Todos que pidió reserva de su identidad. 
El jefe de Estado apeló hasta ahora al aumento de la carga impositiva sobre la clase media, eliminó la fórmula de movilidad jubilatoria para achatar la pirámide, fortaleció el cepo cambiario y ordenó moderar fuertemente la emisión monetaria. El control del déficit fiscal, en contraposición de lo que muchos imaginaban tras la victoria del peronismo, se transformó en una verdadera obsesión para Fernández y su ministro Martín Guzmán, abocados a “despopulizar” la imagen de la Argentina ante los acreedores externos. 
Cortada toda fuente de financiamiento, el Gobierno sabe que para retrasar los pagos al Fondo Monetario necesita mostrar un ajuste en las cuentas públicas que sea sostenible al menos por los próximos dos años. La apuesta es clara: con parte de la plata destinada a pagar los vencimientos que se reprogramarían, la Casa Rosada piensa en un plan de obras públicas que ayude a levantar a la construcción, uno de los sectores más afectados por la crisis, y también a incrementar la presencia del Gobierno nacional en las provincias. 
Los mandatarios del interior ya avisaron que no pagarán el adelantamiento de paritarias a sus empleados y muchas pymes también alertaron por lo mismo, por lo que será vital inyectar fondos frescos en todos los distritos para no generar desequilibrios. 
La conferencia de prensa del ministro de Economía para anunciar el envío del proyecto de refinanciación de la deuda al Congreso dejó más dudas que certezas. Se desconoce si la estrategia será pedir quitas importantes en el capital, si será reducir los intereses o si simplemente se tratará de una reprogramación en el calendario de vencimientos. La generalidad de la iniciativa deja una sola cosa en limpio: acumular en el Poder Ejecutivo la mayor cantidad de facultades para negociar con los acreedores sin pasar constantemente por el Parlamento. ¿Cuál es el objetivo de evitar al Congreso? Básicamente acelerar los tiempos y no exponer a debate público cada detalle de lo que se vaya acordando
El oficialismo contaría con los votos para aprobar definitivamente el proyecto en febrero, siempre con la ayuda de sus aliados de Consenso Federal, la fuerza que impulsó la candidatura de Roberto Lavagna a la presidencia. Incluso, no se descarta que una parte de Cambiemos también acompañe la iniciativa, en un intento por mostrar que no buscan poner palos en la rueda en un tema de suma delicadeza para el país. En diálogo con El Tribuno, el presidente de la UCR Alfredo Cornejo afirmó esta semana que “se trata de un proyecto muy sencillo y en algunos casos no necesitaban autorización para esa reestructuración de deuda”. Tras esas declaraciones, será muy difícil mantener una postura contraria sólo sustentándose en los malos antecedentes del kirchnerismo con el Club de París y los fondos buitre. Es evidente que en Cambiemos no hay mucho margen ante los ojos de la opinión pública para no colaborar con la renegociación de la deuda que ellos aumentaron de manera sustancial. Sin dudas, se trata de uno de los temas más incómodos para la principal fuerza opositora.
Las últimas horas trascendió que Cambiemos pediría que se incluyan las deudas en dólares de las provincias que gobiernan y también que se estiren los plazos de pago de las deudas en pesos. ¿Provocará eso algún problema en la aprobación de la ley?. En el oficialismo son terminantes: “Vamos a escuchar todas las propuestas y luego evaluaremos. Pero la ley Guzmán va a salir antes de mediados de febrero”, dijo un operador del Gobierno. 
Los dichos del premio Nobel Joseph Stiglitz sobre una fuerte quita a los acreedores cayeron muy mal en los mercados, ya que se trata ni más ni menos que del menor de Martín Guzmán. ¿El economista habló por su cuenta o adelantó la estrategia oficial? Al cierre de esta edición, ningún funcionario importante del Gobierno había desmentido esa información. Como consecuencia directa de eso los bonos en dólares comenzaron a derrumbarse y muchas empresas argentinas perdieron plata en las operaciones bursátiles. Además, el Riesgo País volvió a dispararse por encima de los dos mil puntos. 
La nueva escalada en el dólar paralelo, que por primera vez superó al oficial más el treinta por ciento de recargo, podría ser un mal presagio para la lucha contra la inflación, que enero volvería a dar por encima del tres por ciento. Si a eso se le suma que esta semana subieron fuerte los precios de los alimentos no incluidos en “Precios Cuidados”, el panorama para febrero podría seguir siendo complicado. 

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