El aumento por decreto de cuatro mil pesos traerá un poco de alivio a los trabajadores formales, que podrán compensar parcialmente la brusca remarcación de precios que aplicaron los empresarios apenas se comenzó a negociar la medida. Esos incrementos en supermercados, comercios minoristas y almacenes barriales terminarán perjudicando, como de costumbre, a las clases más bajas, quienes en muchos casos viven del empleo en negro y no recibirán ningún tipo de retribución.
El anuncio generó un efecto político distinto al esperado inicialmente por el Gobierno: los trabajadores quedaron con gusto a poco y los hombres de negocios impulsaron anticipadamente la inflación, ante un adelanto de paritarias que se ubicaría “entre los seis y nueve mil pesos”. ¿Retrotraerán los comercios parcialmente las subas ahora que deberán pagar una suma fija bastante menor? Soñar no cuesta nada.
No queda claro cuál fue la intención de la Casa Rosada en dejar correr la bola de que el incremento sería casi el doble del que finalmente fue. Lo que sí quedó en evidencia en las últimas horas es que cuando un tema se impone en la agenda de la opinión pública, si nadie lo desmiente, pasa a ser una realidad que interfiere directamente en la vida cotidiana de la sociedad.
Nuevamente el jefe de Estado se encuentra ante una situación parecida a la que sucedió cuando se aprobó el bono de diez mil pesos para los jubilados de la mínima, en donde una buena noticia terminó algo empañada por factores ajenos al propio anuncio. Días atrás ocurrió por la exclusión del congelamiento de las jubilaciones de privilegio, que finalmente serían dadas de baja, y anteayer por no haber manejado correctamente las expectativas en materia comunicacional.
El presidente Alberto Fernández está preocupado por la inercia inflacionaria que sigue arrastrando la Argentina, que se ubicaría por encima del cuarenta y cinco por ciento anual según muchos economistas.
Las últimas medidas para congelar las tarifas de las naftas, el transporte, los peajes y los servicios públicos tendrían un impacto directo en la inflación del primer trimestre, pero aún se desconoce cuál será la estrategia para que esa disminución sea sustentable en el mediano y largo plazo. Al igual que vino ocurriendo en las últimas décadas, la urgencia vuelve a imponerse con contundencia ante la planificación estructural de la política económica.
Uno de los principales desafíos del Gobierno para reactivar la actividad es la generación de empleo de calidad, y eso sólo se consigue implementando un plan que estimule a las empresas, tanto públicas como privadas, a tener rentabilidad en sus actividades comerciales. No hay antecedentes en la historia moderna del país de hombres de negocios que hayan sido “solidarios” con los consumidores sin recibir nada a cambio.
¿Podrá revertirse ese derrotero en medio de la brutal crisis que atraviesa la Argentina? Según un importante economista consultado ayer por El Tribuno, esa opción es “lisa y llanamente una utopía”. “El capitalismo se sustenta exclusivamente en el beneficio económico, y en tiempos de decadencia todos son cuidadosos para no perder. Al empresario se lo motiva con políticas de estabilidad y no con discursos ajenos a sus bolsillos”, agregó el especialista en un estricto off the record.
Cuando se reprime artificialmente la inflación sin una reducción real en los costos, como está pasando actualmente, se corre el riesgo de que las compañías empiecen a desinvertir capital en sus negocios, provocando un estancamiento laboral y también una peor calidad de sus servicios. Si a eso se le suma la brutal carga impositiva que mantiene la Argentina, que es una de las más elevadas del mundo, el combo podría tornarse aún más inquietante a partir del segundo trimestre del año. Alberto Fernández conoce perfectamente los problemas estructurales que frenan a la economía, pero la debacle social que dejó Mauricio Macri es de tal envergadura que en los primeros seis meses de gobierno la prioridad será atenuar parcialmente la caída, lo que no es poca cosa en materia de gestión. El crecimiento, de producirse, estará atado a una recuperación real en el poder adquisitivo de los trabajadores, y eso lleva un buen tiempo hasta alcanzar a todos los sectores productivos del país. “Vamos sólo tres semanas en funciones y ya anunciamos muchas cosas en beneficio de los que menos tienen. Es injusto que nos reclamen grandes planes a largo plazo mientras una buena parte de la sociedad no puede comer. No cambiaremos nuestro foco por presiones empresarias”, aseguró un influyente diputado nacional del oficialismo, que pidió reserva de su identidad. Sin un presupuesto aprobado para este año y todavía sin una propuesta concreta para los acreedores de la deuda argentina, es imposible planificar cualquier tipo de reforma de fondo en la alicaída economía argentina.
Esta semana hubo un fuerte pronunciamiento de la Iglesia para que se priorice la deuda interna por sobre la externa, justo días después de que el Banco Central haya cedido 1.300 millones de dólares para hacer frente a los últimos vencimientos. Cuanto más tiempo se demore el acuerdo con los acreedores privados y con el Fondo Monetario Internacional más deuda habrá que pagar sin chances de ser refinanciada, El comunicado de la Iglesia le pega al Gobierno en donde más le duele, ya que advierte que las urgencias en materia de hambre en la Argentina -uno de los ejes centrales de la campaña de Alberto Fernández- no pueden ser tratadas en un lugar secundario de la agenda.
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El aumento por decreto de cuatro mil pesos traerá un poco de alivio a los trabajadores formales, que podrán compensar parcialmente la brusca remarcación de precios que aplicaron los empresarios apenas se comenzó a negociar la medida. Esos incrementos en supermercados, comercios minoristas y almacenes barriales terminarán perjudicando, como de costumbre, a las clases más bajas, quienes en muchos casos viven del empleo en negro y no recibirán ningún tipo de retribución.
El anuncio generó un efecto político distinto al esperado inicialmente por el Gobierno: los trabajadores quedaron con gusto a poco y los hombres de negocios impulsaron anticipadamente la inflación, ante un adelanto de paritarias que se ubicaría “entre los seis y nueve mil pesos”. ¿Retrotraerán los comercios parcialmente las subas ahora que deberán pagar una suma fija bastante menor? Soñar no cuesta nada.
No queda claro cuál fue la intención de la Casa Rosada en dejar correr la bola de que el incremento sería casi el doble del que finalmente fue. Lo que sí quedó en evidencia en las últimas horas es que cuando un tema se impone en la agenda de la opinión pública, si nadie lo desmiente, pasa a ser una realidad que interfiere directamente en la vida cotidiana de la sociedad.
Nuevamente el jefe de Estado se encuentra ante una situación parecida a la que sucedió cuando se aprobó el bono de diez mil pesos para los jubilados de la mínima, en donde una buena noticia terminó algo empañada por factores ajenos al propio anuncio. Días atrás ocurrió por la exclusión del congelamiento de las jubilaciones de privilegio, que finalmente serían dadas de baja, y anteayer por no haber manejado correctamente las expectativas en materia comunicacional.
El presidente Alberto Fernández está preocupado por la inercia inflacionaria que sigue arrastrando la Argentina, que se ubicaría por encima del cuarenta y cinco por ciento anual según muchos economistas.
Las últimas medidas para congelar las tarifas de las naftas, el transporte, los peajes y los servicios públicos tendrían un impacto directo en la inflación del primer trimestre, pero aún se desconoce cuál será la estrategia para que esa disminución sea sustentable en el mediano y largo plazo. Al igual que vino ocurriendo en las últimas décadas, la urgencia vuelve a imponerse con contundencia ante la planificación estructural de la política económica.
Uno de los principales desafíos del Gobierno para reactivar la actividad es la generación de empleo de calidad, y eso sólo se consigue implementando un plan que estimule a las empresas, tanto públicas como privadas, a tener rentabilidad en sus actividades comerciales. No hay antecedentes en la historia moderna del país de hombres de negocios que hayan sido “solidarios” con los consumidores sin recibir nada a cambio.
¿Podrá revertirse ese derrotero en medio de la brutal crisis que atraviesa la Argentina? Según un importante economista consultado ayer por El Tribuno, esa opción es “lisa y llanamente una utopía”. “El capitalismo se sustenta exclusivamente en el beneficio económico, y en tiempos de decadencia todos son cuidadosos para no perder. Al empresario se lo motiva con políticas de estabilidad y no con discursos ajenos a sus bolsillos”, agregó el especialista en un estricto off the record.
Cuando se reprime artificialmente la inflación sin una reducción real en los costos, como está pasando actualmente, se corre el riesgo de que las compañías empiecen a desinvertir capital en sus negocios, provocando un estancamiento laboral y también una peor calidad de sus servicios. Si a eso se le suma la brutal carga impositiva que mantiene la Argentina, que es una de las más elevadas del mundo, el combo podría tornarse aún más inquietante a partir del segundo trimestre del año. Alberto Fernández conoce perfectamente los problemas estructurales que frenan a la economía, pero la debacle social que dejó Mauricio Macri es de tal envergadura que en los primeros seis meses de gobierno la prioridad será atenuar parcialmente la caída, lo que no es poca cosa en materia de gestión. El crecimiento, de producirse, estará atado a una recuperación real en el poder adquisitivo de los trabajadores, y eso lleva un buen tiempo hasta alcanzar a todos los sectores productivos del país. “Vamos sólo tres semanas en funciones y ya anunciamos muchas cosas en beneficio de los que menos tienen. Es injusto que nos reclamen grandes planes a largo plazo mientras una buena parte de la sociedad no puede comer. No cambiaremos nuestro foco por presiones empresarias”, aseguró un influyente diputado nacional del oficialismo, que pidió reserva de su identidad. Sin un presupuesto aprobado para este año y todavía sin una propuesta concreta para los acreedores de la deuda argentina, es imposible planificar cualquier tipo de reforma de fondo en la alicaída economía argentina.
Esta semana hubo un fuerte pronunciamiento de la Iglesia para que se priorice la deuda interna por sobre la externa, justo días después de que el Banco Central haya cedido 1.300 millones de dólares para hacer frente a los últimos vencimientos. Cuanto más tiempo se demore el acuerdo con los acreedores privados y con el Fondo Monetario Internacional más deuda habrá que pagar sin chances de ser refinanciada, El comunicado de la Iglesia le pega al Gobierno en donde más le duele, ya que advierte que las urgencias en materia de hambre en la Argentina -uno de los ejes centrales de la campaña de Alberto Fernández- no pueden ser tratadas en un lugar secundario de la agenda.