Resulta curioso, pero el velo de la pandemia se está corriendo del debate público con catorce mil casos por día, casi diecisiete mil muertos en total y muchos hospitales del interior saturados por el coronavirus. En el entorno del Presidente consideran que la agenda del Covid-19 ya no tiene tantas noticias positivas para mostrar, sino más bien todo lo contrario: Argentina ya es el octavo país con más contagios en todo el mundo, su número de víctimas fatales asciende a pasos agigantados y hay demoras eternas en la carga de los datos para planificar políticas públicas en tiempo real. No es casualidad que el último anuncio de extensión de la cuarentena haya durado menos de tres minutos y no haya participado ni siquiera el jefe de Estado. En ese contexto, la crisis económica y las disputas institucionales pasaron a ocupar ahora el lugar central en la consideración del Gobierno, aunque la falta de un programa concreto y de consenso con muchos sectores de la sociedad derivó en una serie de errores no forzados que continuaron esmerilando la imagen positiva de Alberto Fernández.
La decisión de la Corte Suprema de aceptar el “per saltum” presentado por los tres jueces que buscan ser apartados por Cristina Kirchner fue un golpe durísimo para las aspiraciones judiciales del Ejecutivo. Y no sólo eso: también para su posicionamiento ante la opinión pública. Por un lado, dos de esos jueces que ya fallaron contra la vicepresidenta siguen en sus causas pese a todo el desgaste mediático que la movida le generó al oficialismo. Pero además aparece otro factor tan o más importante que el anterior: la Corte Suprema, al menos por un rato, dejó sus diferencias de lado y volvió a actuar de forma unánime, complicando así los planes del Gobierno para su avanzada en los Tribunales.
La respuesta del kirchnerismo no fue para nada distinta a la que tuvo en otras ocasiones: decidió redoblar la apuesta. El pedido de juicio político para el titular del Máximo Tribunal presentado por una consejera de la magistratura del oficialismo corre por el mismo canal que el intento de desplazamiento de Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli. ¿La inminente reforma en la conformación del Máximo Tribunal habrá actuado como un mecanismo de unión entre Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti? Aún es aventurado dar una respuesta definitiva, pero lo cierto es que el Poder Judicial actuó históricamente de forma corporativa cuando el poder político quiso avanzar sobre él.
“Todos saben que la movida para revocar los traslados de los jueces surgió de Cristina y su operador Martín Mena, pero el problema es que la sociedad adjudica la iniciativa también a Alberto Fernández, quien no se beneficiaba en nada con la situación pero que nunca se diferenció públicamente de ella”, aseguró ayer a El Tribuno un diputado nacional kirchnerista que pidió reserva de su identidad. Otra vez, Alberto quedó atrapado en las obsesiones de su compañera de fórmula, pero su falta de poder real y territorial lo obliga a pagar estos costos políticos semana a semana en pos de no afectar la coalición de Gobierno que lo sostiene.
Cerca del Presidente admiten que fue una equivocación haber criticado abiertamente al titular de la Corte antes del de que se dicte la sentencia, pero la necesidad de Alberto de quedar bien con el kirchnerismo volvió a ser más fuerte que la racionalidad política de su declaración.
Sin lugar a dudas, esta derrota política que incluyó movilizaciones en la puerta de Tribunales era tan evitable como la de Vicentin si la estrategia del Gobierno no sería siempre ir por todo.
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Resulta curioso, pero el velo de la pandemia se está corriendo del debate público con catorce mil casos por día, casi diecisiete mil muertos en total y muchos hospitales del interior saturados por el coronavirus. En el entorno del Presidente consideran que la agenda del Covid-19 ya no tiene tantas noticias positivas para mostrar, sino más bien todo lo contrario: Argentina ya es el octavo país con más contagios en todo el mundo, su número de víctimas fatales asciende a pasos agigantados y hay demoras eternas en la carga de los datos para planificar políticas públicas en tiempo real. No es casualidad que el último anuncio de extensión de la cuarentena haya durado menos de tres minutos y no haya participado ni siquiera el jefe de Estado. En ese contexto, la crisis económica y las disputas institucionales pasaron a ocupar ahora el lugar central en la consideración del Gobierno, aunque la falta de un programa concreto y de consenso con muchos sectores de la sociedad derivó en una serie de errores no forzados que continuaron esmerilando la imagen positiva de Alberto Fernández.
La decisión de la Corte Suprema de aceptar el “per saltum” presentado por los tres jueces que buscan ser apartados por Cristina Kirchner fue un golpe durísimo para las aspiraciones judiciales del Ejecutivo. Y no sólo eso: también para su posicionamiento ante la opinión pública. Por un lado, dos de esos jueces que ya fallaron contra la vicepresidenta siguen en sus causas pese a todo el desgaste mediático que la movida le generó al oficialismo. Pero además aparece otro factor tan o más importante que el anterior: la Corte Suprema, al menos por un rato, dejó sus diferencias de lado y volvió a actuar de forma unánime, complicando así los planes del Gobierno para su avanzada en los Tribunales.
La respuesta del kirchnerismo no fue para nada distinta a la que tuvo en otras ocasiones: decidió redoblar la apuesta. El pedido de juicio político para el titular del Máximo Tribunal presentado por una consejera de la magistratura del oficialismo corre por el mismo canal que el intento de desplazamiento de Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli. ¿La inminente reforma en la conformación del Máximo Tribunal habrá actuado como un mecanismo de unión entre Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti? Aún es aventurado dar una respuesta definitiva, pero lo cierto es que el Poder Judicial actuó históricamente de forma corporativa cuando el poder político quiso avanzar sobre él.
“Todos saben que la movida para revocar los traslados de los jueces surgió de Cristina y su operador Martín Mena, pero el problema es que la sociedad adjudica la iniciativa también a Alberto Fernández, quien no se beneficiaba en nada con la situación pero que nunca se diferenció públicamente de ella”, aseguró ayer a El Tribuno un diputado nacional kirchnerista que pidió reserva de su identidad. Otra vez, Alberto quedó atrapado en las obsesiones de su compañera de fórmula, pero su falta de poder real y territorial lo obliga a pagar estos costos políticos semana a semana en pos de no afectar la coalición de Gobierno que lo sostiene.
Cerca del Presidente admiten que fue una equivocación haber criticado abiertamente al titular de la Corte antes del de que se dicte la sentencia, pero la necesidad de Alberto de quedar bien con el kirchnerismo volvió a ser más fuerte que la racionalidad política de su declaración.
Sin lugar a dudas, esta derrota política que incluyó movilizaciones en la puerta de Tribunales era tan evitable como la de Vicentin si la estrategia del Gobierno no sería siempre ir por todo.
La economía
Los últimos anuncios del ministro Martín Guzmán, en los que rebaja las retenciones a la soja tres puntos hasta enero, no deben ser vistos como una convicción del Gobierno en materia agropecuaria, sino más bien como un nuevo parche, esta vez ligado a la rápida liquidación de dólares en manos de los exportadores.
El Banco Central tiene sólo siete mil millones de dólares líquidos de reservas y eso es una bomba a punto de estallar. Por eso, decidió ultimar a los productores a que aporten todos los dólares que no estaban aportando a la espera de una nueva devaluación. La gestión de esta medida tuvo los mismos canales previos que la quita de recursos a la Ciudad de Buenos Aires: fue comunicada a sus destinatarios pocos momentos antes de su anuncio oficial. En el caso porteño el vocero fue “Wado” de Pedro y en el de las retenciones fue Gustavo Béliz. Nunca hubo un diálogo para que las iniciativas tengan un mayor marco de consenso.
La pregunta del millón, como ocurre con toda medida pasajera, es qué ocurrirá a partir de enero cuando las retenciones vuelvan a su número habitual. ¿No era más fácil acordar un marco de retenciones a mayor largo plazo para dar aún más
certidumbre a los productores? En el Palacio de Hacienda y el Banco Central lo que urge ahora son los dólares de la soja, el resto quedará para más adelante. Mientras tanto, el dólar blue tuvo anteayer un nuevo récord y alcanzó los 150 pesos.