Ivone Haquim, defensora general del Ministerio Público de Defensa y Servicio Público de Defensa Penal de la Provincia, a través de una conferencia de prensa, informó que solicitó a la comisión investigadora de la Legislatura de la provincia que analiza el pedido de juicio político en su contra, que lo rechace "in límine" y que exprese los motivos. Aseguró que el pedido de juicio político es una acción de mala fe y una maniobra dilatoria del denunciante que carece de fundamentos fácticos y jurídicos.
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Ivone Haquim, defensora general del Ministerio Público de Defensa y Servicio Público de Defensa Penal de la Provincia, a través de una conferencia de prensa, informó que solicitó a la comisión investigadora de la Legislatura de la provincia que analiza el pedido de juicio político en su contra, que lo rechace "in límine" y que exprese los motivos. Aseguró que el pedido de juicio político es una acción de mala fe y una maniobra dilatoria del denunciante que carece de fundamentos fácticos y jurídicos.
La magistrada indicó que tras haber tomado conocimiento a través de los medios de comunicación que la comisión investigadora emitió un dictamen aconsejando rechazar el pedido de juicio político en su contra, le solicitó que se establezcan en forma específica los motivos "en razón que se encuentra en juego mi buen nombre y honor", y aseguró que dicho pedido ya fue rechazado en otras instancias judiciales porque carece de fundamentos jurídicos y fácticos y que solo tiene un propósito dilatorio.
Explicó que el mismo planteo, en donde el imputado con elevación a juicio por abuso sexual simple, interpone nulidad por incompatibilidad de cargo buscando deshabilitarla para ejercer la defensa de su hijo, padre de la víctima, ya fue realizado en el ámbito judicial donde ya existen sentencias que lo rechazan.
En la nota enviada a la comisión acusadora, Haquim adjuntó la sentencia dictada por la jueza de control, especializada en Violencia de Género, en la que se rechaza el mismo e idéntico planteo y el decreto del presidente de la Cámara de Apelaciones y Control Penal por la que se declara desierto ese recurso. En todas esas instancias se le rechaza el planteo por considerar el artículo 169 de la Constitución de la Provincia de Jujuy, Ley Organiza del Poder Judicial y el Estatuto de Abogacía que la habilitan para actuar por el derecho propio a favor de su hijo, que es el padre de la víctima. Aclaró que artículo 169 de la Constitución provincial indica que los funcionarios no pueden ejercer su profesión salvo que se trate de la defensa de sus intereses personales o de los de su cónyuge, hijos, padres o hermanos.
La funcionaria indicó esta situación evidencia que "existe un hecho de mala fe de parte del denunciante" por lo que consideró que debe aplicarse el artículo 208 apartado 3 de la Constitución provincial lo que implica que se remitan las actuaciones a la sede penal por accionar malicioso y delictual de parte del denunciante.
En diálogo con este diario, tras culminar la conferencia de prensa, Haquim señaló que siente mucha impotencia y mucha tristeza al ver el tratamiento que se le da a los imputados no es igual para todos.
"Como abogada y magistrada veo que a los asistidos los detienen desde el primer día de la imputación e incluso pasan dos o tres años presos sin haber cometido el delito, pero en este caso, después de haber sospecha suficiente y habiéndose demostrado con pruebas, no se procede a la detención. Y entonces uno razona que todo lo que ocurre en la provincia, que hoy tiene una alta tasa de femicidios, sucede por estas situaciones, no existe la prevención. Incluso en este caso, hay violación de las medidas de no acercamiento. Sin embargo no existe decisión alguna para aplicar la Ley como se le aplica a todos los demás", explicó Ivone Haquim.
"Es gravísimo que una persona tenga tanta impunidad en esta provincia", expresó la magistrada visiblemente conmovida por lo que está ocurriendo.