Empleados y exempleados del multimedio local Canal 2, que pertenece a Eduardo Cammuso, solicitaron al fiscal del Ministerio Público de la Acusación declarar y aportar más datos sobre la causa que investiga la muerte de una empleada del call center de la empresa, luego de contraer coronavirus y ser amenazada con ser despedida, si no seguía yendo a trabajar.
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Empleados y exempleados del multimedio local Canal 2, que pertenece a Eduardo Cammuso, solicitaron al fiscal del Ministerio Público de la Acusación declarar y aportar más datos sobre la causa que investiga la muerte de una empleada del call center de la empresa, luego de contraer coronavirus y ser amenazada con ser despedida, si no seguía yendo a trabajar.
Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, la situación procesal de los dueños de esta empresa, se complica cada vez más y se debe a que tanto empleados como exempleados decidieron romper el silencio y acudir a la Justicia, dejando constancia de las graves acusaciones que hicieron los familiares de Elisabeth del Valle Pérez, mujer que murió los primeros días del mes de octubre pasado.
De momento el expediente judicial se encuentra en el Juzgado de Control Nº 1, porque debe sustanciar la constitución de la querella adhesiva, representando los intereses del hijo de Pérez, pero una vez que vuelva a la sede fiscal, se va a programar la declaración testimonial de estas personas que se presentaron en forma espontánea en el Ministerio Público de la Acusación y aportar datos de interés para la causa, sobre la muerte de la joven y el destrato que sufrió, mientras se desempeñaba en el mulitmedio de propiedad de Eduardo Cammuso.
Además las fuentes judiciales informaron que luego de varias semanas de un pedido formal por parte de justicia, la responsable de la firma Telesistemas SRL, Natalia Cammuso recién entregó la lista de los trabajadores que se desempeñaban durante el tiempo que Pérez estuvo trabajando.
Con estos informes, el fiscal de Investigación Penal Preparatoria, Aldo Lozano podrá avanzar con el expediente judicial, que investiga justamente si la mujer trabajaba en un ambiente hostil, donde las declaraciones de los testigos dan cuenta de ello y que contrajo la enfermedad de coronavirus en su lugar de trabajo, donde no se respetaron las medidas de bioseguridad ni de higiene y los dueños de la empresa sabiendo que era una paciente de alto riesgo, no le permitieron que pueda realizar el trabajo desde su casa.
Cabe recordar que tanto la hija del empresario, como otras tres personas entre las que figuran la encargada de recursos humanos Fabiana Isabel Pereyra y los encargados del área Sergio Alejandro Sosa y Martín Ezequiel Aragón, por la supuesta autoría de "amenazas coactivas" en cuatro hechos, "violación a las medidas oficiales de necesidad y urgencia" y "violación a las medidas de bioseguridad ante una emergencia sanitaria", que tiene pena prevista y penada por el Código Procesal Penal de la Nación.