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El presidente Alberto Fernández confirmó ayer el envío del proyecto oficial de interrupción voluntaria del embarazo al Congreso, y reiteró que "el dilema que hay que superar es si los abortos se practican en la clandestinidad o en el sistema de salud argentino".
"En el día de hoy, enviaré al Congreso de la Nación para su tratamiento, dos proyectos de ley para que todas las mujeres accedan al derecho a la salud integral", resaltó Fernández en un video que compartió en sus redes sociales.
En el mensaje, que fue grabado en horas de la mañana en la Residencia de Olivos y en el que se lo vio a Fernández con una corbata de color verde, el jefe de Estado destacó que "el debate no es decirle si o no al aborto", sino superar el "dilema" de "si los abortos se practican en la clandestinidad o en el sistema de salud argentino".
"Los abortos ocurren en forma clandestina y ponen en riesgo la salud y la vida de las mujeres que a ellos se someten", resaltó el Presidente, y precisó: "La criminalización del aborto de nada ha servido. Solo ha permitido que los abortos ocurran clandestinamente en cifras preocupantes", resaltó el jefe de Estado.
"Cada año se hospitalizan alrededor de 38.000 mujeres por abortos y desde la recuperación de la democracia murieron más de 3.000 mujeres por esa causa", graficó Fernández.
En esa línea, subrayó que "la legalización del aborto salva vidas de mujeres y preserva sus capacidades reproductivas, muchas veces afectadas por abortos inseguros", pero "no aumenta la cantidad de abortos ni los promueve, solo resuelve un problema que afecta a la salud pública".
"Siempre fue mi compromiso que el Estado acompañe a todas las personas gestantes en sus proyectos de maternidad y cuide la vida y la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo. El Estado no debe desentenderse de ninguna de estas realidades", enfatizó.
De esta manera, el Presidente anunció que también enviará al Congreso el proyecto de ley que
"instituye el Programa de los Mil Días, con el objeto de fortalecer la atención integral de la salud de la mujer durante el embarazo y de sus hijos e hijas en los primeros años de vida".
"Mi convicción, que siempre he expresado públicamente, es que el Estado acompañe a todas las personas gestantes en sus proyectos de maternidad. También estoy convencido que es responsabilidad del Estado cuidar la vida y la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo durante los primeros momentos de su desarrollo", manifestó.
En ese marco, Fernández reiteró que "la legalización del aborto no implica una carga extra para el sistema de salud", dado que "los procedimientos validados y que se utilizan con estándares de la OMS, son en su mayoría ambulatorios, no quirúrgicos y farmacológicos".
"Las mujeres más vulnerables y en situación de pobreza son las mayores víctimas de nuestro sistema legal. Ellas deben someterse a prácticas inseguras por no poder costear lo que un aborto implica. Muchas de ellas mueren en el intento o quedan afectadas en su salud por siempre", explicó.