A los graves problemas económicos que padece actualmente la Argentina hay que sumarle un dato para nada menor: la ausencia de un relato coherente por parte del Gobierno y de sus principales aliados, lo que genera permanentes contradicciones sobre qué rumbo tomará el país en materia financiera, electoral, sanitaria y judicial para el corto y mediano plazo. Hablar de largo plazo en Argentina, claro está, es como hablar en un idioma desconocido para el planeta Tierra.
Por estas horas el ministro de Economía Martín Guzmán negocia con el FMI el desembolso de unos cinco mil millones de dólares frescos para afrontar el enorme rojo en las cuentas públicas. Es obvio que Argentina no puede vivir de la emisión monetaria para siempre, pero supuestamente la toma de créditos con organismos multilaterales afectaba la economía nacional. ¿Por qué ahora no la perjudicaría? Nadie dio una respuesta lógica a esa simple pregunta en el Palacio de Hacienda ni en la Quinta de Olivos.
En medio de la negociación, los senadores cristinistas sacaron una dura carta contra el FMI justo cuando las conversaciones estaban en pleno auge. Allí se acusó al organismo de complicidad con la campaña electoral de Macri y de haber prestado plata que el Fondo sabía que Argentina no podría devolver. ¿Ayuda en algo ese comunicado o sólo fue una forma de mostrar que siguen repudiando el endeudamiento externo mientras apoyan las gestiones de Guzmán? Es evidente que en las filas kirchneristas no quieren perder la identidad anti-FMI ni ser asociados al ajuste que llevan adelante pero que tanto defenestraron durante el macrismo.
En el entorno de Alberto dejaron trascender que la carta pidiéndole al Fondo que no condicione las políticas del país no cayó nada bien por sus eventuales repercusiones en la negociación, sin embargo el Presidente luego la reivindicó públicamente como si fuese suya. ¿Cayó bien o cayó mal? Otra vez se desconoce el verdadero pensamiento presidencial, aunque una alta fuente de la Casa Rosada se limitó a decir que “la carta no fue de ayuda en medio de las conversaciones”.
Alberto Fernández llegó al sillón de Rivadavia con la promesa de desendeudar a la Nación y de encender la economía, inyectando dinero en el bolsillo de trabajadores y jubilados. Si bien nadie puede desconocer los devastadores efectos de la pandemia, nada hace prever que el consumo vaya a recuperarse rápidamente a los niveles anteriores a marzo ni que los ingresos de trabajadores y adultos mayores vayan a recomponer el poder adquisitivo que se perdió durante la presidencia de Mauricio Macri. Lejos de eso, la inflación se encuentra en franco aumento, aún sin haber descongelado los precios de las tarifas, y se encamina al cincuenta por ciento para el año próximo.
El incremento del cinco por ciento otorgado para los jubilados es la muestra más cabal de que el ajuste no sólo lo están realizando los acreedores y los ricos como dice el Gobierno sino que lo están haciendo en mayor medida los pobres, quienes son las principales víctimas de la inflación. No hay que olvidar que la eliminación de la fórmula de movilidad aprobada por el macrismo se dio con anterioridad a la pandemia, por lo que no forma parte de la situación de emergencia coyuntural sino que era una pieza central del plan de gobierno pensado al asumir. Pedirle a Fernández que aumente un veinte por ciento el poder adquisitivo de los trabajadores y jubilados como prometió en campaña sería hasta cínico en medio de esta tragedia económica, lo que llama la atención es que permanentemente se utilice el argumento de la justicia social en políticas que distan kilómetros de eso.
El coronavirus hizo una parte muy importante en el incumplimiento de esa promesa, es innegable, pero desde el Gobierno no se aprecian políticas activas e incentivos reales a la inversión para salir de este cuello de botella. De hecho, según las estimaciones privadas, la caída del PBI que tendrá Argentina -calculada entre 12 y 14 por ciento- será superior a la mayoría de los países del mundo pese a la paupérrima gestión de la pandemia que mantuvo durante meses todo cerrado en el país y ubicó a la Argentina entre las naciones con más muertos y contagios por millón de habitantes. Las filminas que difunde el Gobierno no lo muestran ni lo mostrarán, pero el país superó en las estadísticas a Estados Unidos y Brasil, los dos principales ejemplos negativos de manejo de la pandemia.
La única política que parece tener Argentina en materia sanitaria es la campaña masiva de vacunación que se lanzaría entre diciembre y marzo según quien lo diga. Abrió el fútbol, el turismo, toda la actividad industrial, los cines, los teatros, las reuniones es espacios públicos, las escuelas en algunas provincias y también la gastronomía y hotelería. Todo eso ocurrió cuando Argentina promedia diez mil casos por día y entre 250 y 300 muertos cada 24 horas. La pregunta se cae de madura: ¿por qué no se planificaron protocolos para abrir mucho antes cuando la situación estaba bajo control?
inicia sesión o regístrate.
A los graves problemas económicos que padece actualmente la Argentina hay que sumarle un dato para nada menor: la ausencia de un relato coherente por parte del Gobierno y de sus principales aliados, lo que genera permanentes contradicciones sobre qué rumbo tomará el país en materia financiera, electoral, sanitaria y judicial para el corto y mediano plazo. Hablar de largo plazo en Argentina, claro está, es como hablar en un idioma desconocido para el planeta Tierra.
Por estas horas el ministro de Economía Martín Guzmán negocia con el FMI el desembolso de unos cinco mil millones de dólares frescos para afrontar el enorme rojo en las cuentas públicas. Es obvio que Argentina no puede vivir de la emisión monetaria para siempre, pero supuestamente la toma de créditos con organismos multilaterales afectaba la economía nacional. ¿Por qué ahora no la perjudicaría? Nadie dio una respuesta lógica a esa simple pregunta en el Palacio de Hacienda ni en la Quinta de Olivos.
En medio de la negociación, los senadores cristinistas sacaron una dura carta contra el FMI justo cuando las conversaciones estaban en pleno auge. Allí se acusó al organismo de complicidad con la campaña electoral de Macri y de haber prestado plata que el Fondo sabía que Argentina no podría devolver. ¿Ayuda en algo ese comunicado o sólo fue una forma de mostrar que siguen repudiando el endeudamiento externo mientras apoyan las gestiones de Guzmán? Es evidente que en las filas kirchneristas no quieren perder la identidad anti-FMI ni ser asociados al ajuste que llevan adelante pero que tanto defenestraron durante el macrismo.
En el entorno de Alberto dejaron trascender que la carta pidiéndole al Fondo que no condicione las políticas del país no cayó nada bien por sus eventuales repercusiones en la negociación, sin embargo el Presidente luego la reivindicó públicamente como si fuese suya. ¿Cayó bien o cayó mal? Otra vez se desconoce el verdadero pensamiento presidencial, aunque una alta fuente de la Casa Rosada se limitó a decir que “la carta no fue de ayuda en medio de las conversaciones”.
Alberto Fernández llegó al sillón de Rivadavia con la promesa de desendeudar a la Nación y de encender la economía, inyectando dinero en el bolsillo de trabajadores y jubilados. Si bien nadie puede desconocer los devastadores efectos de la pandemia, nada hace prever que el consumo vaya a recuperarse rápidamente a los niveles anteriores a marzo ni que los ingresos de trabajadores y adultos mayores vayan a recomponer el poder adquisitivo que se perdió durante la presidencia de Mauricio Macri. Lejos de eso, la inflación se encuentra en franco aumento, aún sin haber descongelado los precios de las tarifas, y se encamina al cincuenta por ciento para el año próximo.
El incremento del cinco por ciento otorgado para los jubilados es la muestra más cabal de que el ajuste no sólo lo están realizando los acreedores y los ricos como dice el Gobierno sino que lo están haciendo en mayor medida los pobres, quienes son las principales víctimas de la inflación. No hay que olvidar que la eliminación de la fórmula de movilidad aprobada por el macrismo se dio con anterioridad a la pandemia, por lo que no forma parte de la situación de emergencia coyuntural sino que era una pieza central del plan de gobierno pensado al asumir. Pedirle a Fernández que aumente un veinte por ciento el poder adquisitivo de los trabajadores y jubilados como prometió en campaña sería hasta cínico en medio de esta tragedia económica, lo que llama la atención es que permanentemente se utilice el argumento de la justicia social en políticas que distan kilómetros de eso.
El coronavirus hizo una parte muy importante en el incumplimiento de esa promesa, es innegable, pero desde el Gobierno no se aprecian políticas activas e incentivos reales a la inversión para salir de este cuello de botella. De hecho, según las estimaciones privadas, la caída del PBI que tendrá Argentina -calculada entre 12 y 14 por ciento- será superior a la mayoría de los países del mundo pese a la paupérrima gestión de la pandemia que mantuvo durante meses todo cerrado en el país y ubicó a la Argentina entre las naciones con más muertos y contagios por millón de habitantes. Las filminas que difunde el Gobierno no lo muestran ni lo mostrarán, pero el país superó en las estadísticas a Estados Unidos y Brasil, los dos principales ejemplos negativos de manejo de la pandemia.
La única política que parece tener Argentina en materia sanitaria es la campaña masiva de vacunación que se lanzaría entre diciembre y marzo según quien lo diga. Abrió el fútbol, el turismo, toda la actividad industrial, los cines, los teatros, las reuniones es espacios públicos, las escuelas en algunas provincias y también la gastronomía y hotelería. Todo eso ocurrió cuando Argentina promedia diez mil casos por día y entre 250 y 300 muertos cada 24 horas. La pregunta se cae de madura: ¿por qué no se planificaron protocolos para abrir mucho antes cuando la situación estaba bajo control?