Por MAURO GONZÁLEZ
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Por MAURO GONZÁLEZ
La pandemia no solamente ha afectado toda la actividad económica a nivel global, sino que también ha lastimado la estructura misma que organizaba las relaciones de producción. En todas partes del mundo vemos como los estados comienzan a hacer especial énfasis en la necesidad de repensar la matriz distributiva de las naciones.
En este sentido, se instala una idea de justicia tributaria. Una trasferencia de recursos desde los sectores más acaudalados hacia las inmensas mayorías que son más afectadas por la crisis. Es decir, un impuesto a los grandes patrimonios.
Esta discusión ya se ha instalado en la agenda de países como España, Italia, Rusia, Suiza, Brasil, Chile, Bolivia y Ecuador. Sean proyectos oficiales o iniciativas de la oposición, el tema se ha tornado ineludible hasta en los Estados Unidos. Aún en Alemania, donde ya existe una política tributaria altamente distributiva, analizan actualizaciones dada la dimensión de la crisis.
La Argentina no es excepción. Especialmente, después de un período en el que los dueños de las mayores riquezas se beneficiaron con blanqueos, magros controles de capitales, transferencias millonarias del Estado y - en consecuencia - más concentración. Quizás por eso resulten tan insostenibles los argumentos en contra del aporte extraordinario. Porque no están sujetos a ninguna premisa sólida o verificable. Porque inclusive se opone a la voluntad de gran parte del electorado que estos voceros del poder dicen representar. La resistencia a este aporte solidario es la punta de lanza de una cruzada de los sectores más concentrados por mantener el status quo.
Ante la materialización de una contribución excepcional podremos comenzar a imaginar un sistema tributario progresivo. Pensar en transferencias planificadas que incentiven la producción nacional. Superar la falacia de creer que la inversión y el trabajo dependen de aquellos que siempre han preferido los réditos de la especulación financiera.
Con la media sanción en la Cámara de Diputados, el Gobierno encabezado por Alberto Fernández podrá destinar de lo recaudado un 25% para programas de exploración y producción de Gas Natural, un 20% para adquirir equipamiento de salud para seguir combatiendo la pandemia, un 20% para subsidios a las pymes, un 20% para el Plan Progresar, y un 15% para la urbanización de los barrios populares. Mientras de un lado se piensa en los más castigados por la pandemia, desde la oposición quieren instalar el debate de que esta Ley es "confiscatoria y viola la Constitución Nacional".
Esta experiencia indefectiblemente pondrá en crisis varios lugares comunes sobre el rol del Estado en la organización de nuestra sociedad. O al menos nos servirá para confirmar que no es la intervención estatal lo que inquieta, sino que se intervenga dando respuesta a las necesidades de los sectores más vulnerables, lo que más inquieta es un horizonte hacia una justicia social.