Tenía 38 años el 17 de septiembre de 2019. Le quedaban dos meses para dejar su banca como miembro del Consejo Deliberante del departamento Capital de la provincia de San Juan que ocupaba desde 2015. Gabriel Antonino D’Amico, abogado de profesión y concejal solo por un período de cuatro años, había iniciado los trámites de jubilación ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses): argumentaba que el cargo político le había provocado “estrés laboral” y había potenciado una enfermedad preexistente. Había solicitado una pensión por discapacidad, un retiro anticipado por invalidez.
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Tenía 38 años el 17 de septiembre de 2019. Le quedaban dos meses para dejar su banca como miembro del Consejo Deliberante del departamento Capital de la provincia de San Juan que ocupaba desde 2015. Gabriel Antonino D’Amico, abogado de profesión y concejal solo por un período de cuatro años, había iniciado los trámites de jubilación ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses): argumentaba que el cargo político le había provocado “estrés laboral” y había potenciado una enfermedad preexistente. Había solicitado una pensión por discapacidad, un retiro anticipado por invalidez.
Pasó más de un año de aquel pedido. La Comisión Médica 26, con competencia en la provincia y cuya función consiste en evaluar el grado de incapacidad de una persona para trabajar, emitió un dictamen favorable: la auditoría médica constató que D’Amico presentó un 68% de discapacidad. La base para acceder a una jubilación especial es de 66% de discapacidad. De modo que la Anses aprobó el pedido del ex edil sanjuanino, hoy jubilado de 39 años.
“La enfermedad fue aumentando progresivamente y el estrés de ser concejal opositor tuvo mucho que ver”, había asegurado el año pasado en una entrevista a Diario de Cuyo. Según el medio, D’Amico tiene tres patologías: una colitis ulcerosa -una enfermedad inflamatoria del colon y del recto que le produce hemorragias, úlceras, pérdida de peso y anemia-, una trombosis venosa y un marcapasos por una dolencia cardíaca. Con ellas, su porcentaje de incapacidad queda en 64. Pero el ex funcionario también acusó depresión y el consumo de un anticoagulante, de modo que con un estudio de psicodiagnóstico logró acceder al beneficio y superar el límite necesario.
“El tratamiento convencional ya no es suficiente, se me ha intensificado la dosis del medicamento que es un tratamiento venoso que un enfermero aplica cada cuatro semanas en mi domicilio. La enfermedad origina úlceras en el intestino, sangrado, sufro hasta 16 deposiciones diarias con sangrado, es una de las más severas que hay. He tenido dos episodios de trombosis y estoy anticoagulado. También problemas cardíacos, se me paraban hasta tres segundos los latidos por lo que tengo marcapasos. Además, miopía y astigmatismo que generan menos 16 de graduación que es muy alta. Todo está corroborado”, explicó D’Amico en diálogo con Tiempo de San Juan cuando su solicitud había despertado la atención de los medios nacionales.
El ex concejal del bloque de Juntos por el Cambio es hijo de Antonino D’Amico, líder del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM). Había sido electo en 2015 por Juntos por San Juan para ser miembro del Consejo Deliberante en la capital sanjuanina: era su primera incursión como funcionario público. Hasta 2019 sus aportes fueron en su cargo de concejal. Durante todo este año, está registrado en el sindicato de empleados municipales que preside su padre.
Justamente su padre, según los medios locales, había tramitado el mismo permiso ante la Anses: tiene una jubilación por incapacidad. Y curiosamente, la secretaria personal de Gabriel D’Amico, Guadalupe Guzmán de 42 años, también había iniciado la gestión ante el mismo organismo público para acceder al beneficio por discapacidad cinco días antes que el ex edil. Ambas solicitudes por invalidez fueron remitidas directamente ante el organismo nacional y no se presentaron ante el Concejo Deliberante.
La jubilación por invalidez se determina en base a los últimos 60 meses de aportes inmediatamente anteriores a la solicitud y se computa como el 70% del promedio de las remuneraciones promedio de ese período. El propio D’Amico había revelado que su último sueldo en la función pública había sido de 139 mil pesos neto: la jubilación especial superaría los 90 mil pesos.
Su solicitud especial causó el año pasado cierta indignación. La noticia se propagó rápidamente por las redes sociales y también dentro del bloque que integraba y que lo acusaba de no haber esperado a que finalizara su mandato para evitar así una controversia interna. “Se habla de mi jubilación pero no sobre las votaciones de mí solo contra once. De los amparos que presenté para salvar los árboles en la peatonal que después la Justicia me dio la razón, de los pedidos de informes de movilidades contratadas por el municipio con presuntas irregularidades, de mi oposición a las condonaciones millonarias a los casinos, de eso no se habla. Yo siempre oponiéndome a los privilegios, soy un concejal incomprable, he presentado más de 150 proyectos, no soy ‘ñoqui’ ni corrupto y eso me genera pagar el costo de la persecución del poder político de turno”, se había defendido.