El sólo hecho de que una simple foto de Alberto y Cristina juntos en la Esma haya tenido un impacto tan profundo en la política muestra a las claras los graves problemas institucionales que atraviesa actualmente la Argentina. Esa imagen, aunque parezca mentira, no se vio ni siquiera en el aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, en los festejos por el 9 de Julio ni en el velorio de Diego Maradona, tres hechos emblemáticos ocurridos durante el último semestre. La tensión reinante entre los dos dirigentes más poderosos del oficialismo está impactando directamente en la agenda cotidiana de la gestión, donde las marchas y contramarchas comienzan a ser cotidianas y la incertidumbre económica y política aparecen a la orden del día.
El Gobierno padece una conducción bifronte, un Gabinete con figuras de poco peso que no muestra respuestas a las urgencias que amerita la coyuntura, y una falta de recursos y financiamiento alarmantes que no permiten proyectar grandes obras. Esos son sólo algunos de los desafíos más importantes que deberá enfrentar el kirchnerismo -albertismo (si es que éste existe) para su segundo año si no quiere tensar aún más la cuerda en materia social, que ya está bastante estirada por los magros aumentos a los jubilados y el crecimiento de la maginalidad en el país. No hay que olvidar que este año casi todos los gremios perdieron contra la inflación, que la suba de precios se aceleró los últimos meses, producto de la emisión descontrolada y que el Gobierno decidió cortar la ayuda social que estaba dando por la pandemia, obligando a muchos empresarios a tomar créditos sólo para el pago de los sueldos.
En medio de una crisis económica sin precedentes y de un inminente rebrote del coronavirus en el país, las máximas autoridades nacionales continúan embarcadas en una agenda muy distinta a la que reclama la opinión publica, donde el desempleo, la pobreza y la falta de reglas claras para la inversión continúan siendo un problema sin solución en el corto plazo. Cumplido un año de gestión del Presidente en la Casa Rosada, el eje principal de los debates pasa por el supuesto mal funcionamiento de la Justicia (que según el kirchnerismo sería la autora del lawfare en la Argentina). Quien afirme que el Poder Judicial es una garantía de ecuanimidad y eficiencia estará cayendo en un grave error de interpretación, ya que los tribunales argentinos son burocráticos, lentos y muchas veces influenciables por el poder político de turno. Sin embargo, no se presentó ninguna reforma al sistema para agilizar los juicios en todos los juzgados del país y se centró la atención básicamente en lo que ocurre en Comodoro Py, donde se tramitan las causas por corrupción política. Está claro que en las filas del cristinismo no están nada satisfechos con la política judicial de Alberto, que tiene a Marcela Losardo como ministra y que no se descarta que pueda dejar su cargo en un recambio de funcionarios que podría llegar el año próximo. La salida de Losardo, de producirse, podría impactar de lleno en la imagen del Presidente, ya que se trata ni más ni menos que de su socia en el estudio jurídico y una de sus personas de mayor confianza.
El reclamo de la vicepresidenta y de sus principales espadas políticas es que cambió poco la situación judicial de los investigados del kirchnerismo desde que asumió Alberto Fernández. La hipótesis tiene varias aristas para desmenuzar: desde el 10 de diciembre a la fecha recuperaron la libertad casi todos los presos del Gobierno anterior, los tres jueces que quería trasladar Cristina no quedaron firmes en sus puestos y la comisión para analizar cambios en la Corte está formada, entre otros, por el abogado de la expresidenta. Además, hay que recordar que buena parte de las causas contra Cristina comenzaron cuando ella misma estaba en el poder. La decisión de la Corte de no intervenir en el caso Boudou, dejándolo a un paso de la cárcel, agitó nuevamente el argumento de que se trata de un preso político, pese a tener sentencia de varios tribunales distintos. La ofensiva contra el Máximo Tribunal, a la que se sumó Alberto Fernández para respaldar a su vice, desvía el foco de atención de lo que realmente importa: la lucha contra la pandemia y el plan de recuperación económica que a doce meses de asumir todavía se desconoce.
Las encuestas marcan algo que parece obvio: las principales preocupaciones de la gente están ligadas a la pobreza, el desempleo, la inseguridad y el coronavirus; la Justicia, pese a ser de lo que más habla en estos momentos, no aparece entre los primeros lugares. Toda esta cuestión le abre a la oposición una posibilidad que hasta ahora no había tenido, que es la de cohesionar las posturas de los halcones y palomas, y profundizar el perfil crítico hacia el Gobierno. Hasta ahora la moderación de Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Emilio Monzó, Elisa Carrió, Jorge Macri y otros intendentes de Cambiemos había morigerado bastante el enfrentamiento con el kirchnerismo, agudizando sus internas contra Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo y Mario Negri. La quita de recursos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires consiguió llevar a Larreta a una postura más confrontativa, que es adonde el kirchnerismo busca colocarlo. “Si Larreta se transforma en Macri, que se olvide de la presidencia en 2023”, aseguró ayer a El Tribuno un alto funcionario de la Casa Rosada que pidió reserva de su identidad.
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El sólo hecho de que una simple foto de Alberto y Cristina juntos en la Esma haya tenido un impacto tan profundo en la política muestra a las claras los graves problemas institucionales que atraviesa actualmente la Argentina. Esa imagen, aunque parezca mentira, no se vio ni siquiera en el aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, en los festejos por el 9 de Julio ni en el velorio de Diego Maradona, tres hechos emblemáticos ocurridos durante el último semestre. La tensión reinante entre los dos dirigentes más poderosos del oficialismo está impactando directamente en la agenda cotidiana de la gestión, donde las marchas y contramarchas comienzan a ser cotidianas y la incertidumbre económica y política aparecen a la orden del día.
El Gobierno padece una conducción bifronte, un Gabinete con figuras de poco peso que no muestra respuestas a las urgencias que amerita la coyuntura, y una falta de recursos y financiamiento alarmantes que no permiten proyectar grandes obras. Esos son sólo algunos de los desafíos más importantes que deberá enfrentar el kirchnerismo -albertismo (si es que éste existe) para su segundo año si no quiere tensar aún más la cuerda en materia social, que ya está bastante estirada por los magros aumentos a los jubilados y el crecimiento de la maginalidad en el país. No hay que olvidar que este año casi todos los gremios perdieron contra la inflación, que la suba de precios se aceleró los últimos meses, producto de la emisión descontrolada y que el Gobierno decidió cortar la ayuda social que estaba dando por la pandemia, obligando a muchos empresarios a tomar créditos sólo para el pago de los sueldos.
En medio de una crisis económica sin precedentes y de un inminente rebrote del coronavirus en el país, las máximas autoridades nacionales continúan embarcadas en una agenda muy distinta a la que reclama la opinión publica, donde el desempleo, la pobreza y la falta de reglas claras para la inversión continúan siendo un problema sin solución en el corto plazo. Cumplido un año de gestión del Presidente en la Casa Rosada, el eje principal de los debates pasa por el supuesto mal funcionamiento de la Justicia (que según el kirchnerismo sería la autora del lawfare en la Argentina). Quien afirme que el Poder Judicial es una garantía de ecuanimidad y eficiencia estará cayendo en un grave error de interpretación, ya que los tribunales argentinos son burocráticos, lentos y muchas veces influenciables por el poder político de turno. Sin embargo, no se presentó ninguna reforma al sistema para agilizar los juicios en todos los juzgados del país y se centró la atención básicamente en lo que ocurre en Comodoro Py, donde se tramitan las causas por corrupción política. Está claro que en las filas del cristinismo no están nada satisfechos con la política judicial de Alberto, que tiene a Marcela Losardo como ministra y que no se descarta que pueda dejar su cargo en un recambio de funcionarios que podría llegar el año próximo. La salida de Losardo, de producirse, podría impactar de lleno en la imagen del Presidente, ya que se trata ni más ni menos que de su socia en el estudio jurídico y una de sus personas de mayor confianza.
El reclamo de la vicepresidenta y de sus principales espadas políticas es que cambió poco la situación judicial de los investigados del kirchnerismo desde que asumió Alberto Fernández. La hipótesis tiene varias aristas para desmenuzar: desde el 10 de diciembre a la fecha recuperaron la libertad casi todos los presos del Gobierno anterior, los tres jueces que quería trasladar Cristina no quedaron firmes en sus puestos y la comisión para analizar cambios en la Corte está formada, entre otros, por el abogado de la expresidenta. Además, hay que recordar que buena parte de las causas contra Cristina comenzaron cuando ella misma estaba en el poder. La decisión de la Corte de no intervenir en el caso Boudou, dejándolo a un paso de la cárcel, agitó nuevamente el argumento de que se trata de un preso político, pese a tener sentencia de varios tribunales distintos. La ofensiva contra el Máximo Tribunal, a la que se sumó Alberto Fernández para respaldar a su vice, desvía el foco de atención de lo que realmente importa: la lucha contra la pandemia y el plan de recuperación económica que a doce meses de asumir todavía se desconoce.
Las encuestas marcan algo que parece obvio: las principales preocupaciones de la gente están ligadas a la pobreza, el desempleo, la inseguridad y el coronavirus; la Justicia, pese a ser de lo que más habla en estos momentos, no aparece entre los primeros lugares. Toda esta cuestión le abre a la oposición una posibilidad que hasta ahora no había tenido, que es la de cohesionar las posturas de los halcones y palomas, y profundizar el perfil crítico hacia el Gobierno. Hasta ahora la moderación de Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Emilio Monzó, Elisa Carrió, Jorge Macri y otros intendentes de Cambiemos había morigerado bastante el enfrentamiento con el kirchnerismo, agudizando sus internas contra Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo y Mario Negri. La quita de recursos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires consiguió llevar a Larreta a una postura más confrontativa, que es adonde el kirchnerismo busca colocarlo. “Si Larreta se transforma en Macri, que se olvide de la presidencia en 2023”, aseguró ayer a El Tribuno un alto funcionario de la Casa Rosada que pidió reserva de su identidad.