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Imputarían a un jefe por fraude a la Policía

Después de cinco años, sólo quedó firme la contratación de seguros para un parque automotor inexistente.
Domingo, 13 de diciembre de 2020 01:04

Un hecho delictivo dentro de la fuerza policial, que sucedió entre los años 2015 y 2016 y que dejó un defalco superior a los 11 millones de pesos, aún sigue sin tener una resolución de la Justicia.

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Un hecho delictivo dentro de la fuerza policial, que sucedió entre los años 2015 y 2016 y que dejó un defalco superior a los 11 millones de pesos, aún sigue sin tener una resolución de la Justicia.

 

El principal imputado deberá afrontar una pena menor por el delito de "fraude a la administración pública".

 

Fuentes judiciales indicaron que, pese a existir un minucioso y detallado informe de una auditoría del Tribunal de Cuentas de la Provincia, lentamente se van diluyendo en el tiempo las imputaciones formuladas en su momento en contra de quien fuera el encargado del departamento Logística y responsable de responder por los hechos en que se lo inculpó.

Hoy, este expediente estaría en foja cero y probablemente el imputado solo deberá responder por el tema de los seguros contratados con una empresa de la provincia de Salta y donde extrañamente estaban asegurados contra terceros, vehículos que solo eran un montón de hierros retorcidos abandonados en algún depósito de chatarra de la misma Policía.

La auditoria fue elevada con fecha del 24 de junio del año 2017 al Ministerio Público de la Acusación, a la Oficina Anticorrupción y al Ministerio de Seguridad de la Provincia.

La Resolución Nº 1581-s/II-2017 establece que la mencionada auditoría deja en claro que "las situaciones irregulares señaladas no pudieron serle desconocidas al entonces jefe de la División Transporte y su responsabilidad en ellas es evidente, sea por acción en la generación del hecho o por omisión en su detección, tanto más inexplicable dado que se trató de acciones defraudatorias numerosas, diversas y sostenidas en el tiempo".

Cabe recordar que, además, se adquiría combustible destinado a vehículos que se encontraban fuera de servicio, se compraba lubricante no habiendo constancia de que el mismo se haya utilizado en móviles policiales, se adquirían repuestos para automóviles y motos, muchos de ellos dados de baja.

De acuerdo a las fuentes consultadas cada día que pasa es más difícil comprobar la participación de jefes superiores quienes tuvieron tiempo suficiente para hacer desaparecer las pruebas que podrían implicarlos en un hecho delictivo, teniendo al Estado como único perjudicado.