La Justicia provincial rechazó la acción de amparo presentada por los padres de alumnos ingresantes a primer año del secundario por cuanto entendió que no existe arbitrariedad y tampoco ilegalidad manifiesta que tornara procedente dicha medida. Del mismo modo, no fueron acreditadas muchas cuestiones planteadas por los amparistas.
inicia sesión o regístrate.
La Justicia provincial rechazó la acción de amparo presentada por los padres de alumnos ingresantes a primer año del secundario por cuanto entendió que no existe arbitrariedad y tampoco ilegalidad manifiesta que tornara procedente dicha medida. Del mismo modo, no fueron acreditadas muchas cuestiones planteadas por los amparistas.
Con varias jornadas de protesta, padres y alumnos de 7º grado se pronunciaron contra de los sorteos realizados para el ingreso a 1º año.
Este sistema de sorteo está implementado en todo el país, siendo Jujuy y Chaco las dos únicas provincias que tenían pendiente su implementación.
Por tal motivo, la Justicia rechazó la acción de amparo, confirmando la legalidad y legitimidad de las resoluciones dictadas por el Ministerio de Educación, por lo cual se mantiene el sistema de sorteo a los efectos de acceder a la secundaria.
Al respecto, Mariano Zurueta, procurador general de la Fiscalía de Estado, señaló como dato a tener en cuenta que hubo más de 9.500 inscriptos en el sorteo, siendo los actores 111, de los cuales desistieron la mitad, por lo que quedaron 60 actores que no acataron el sistema, según figura en el expediente C-
168.699/20 radicado ante el Tribunal Contencioso Administrativo Sala II.
Añadió que el amparo fue notificado a fines del mes de noviembre de este año, en el cual primero se corrió traslado de una cautelar, tras lo cual se celebraron dos audiencias, se adjuntaron de parte de la Fiscalía de Estado y del Ministerio de Educación varios informes y resoluciones que daban cuenta de la legalidad de la implementación del sistema de sorteo.
Allí se expuso el orden de prelación a tener en cuenta, el cual ubicaba en primer lugar a las personas discapacitadas, luego a los abanderados y en tercer lugar a los hermanos de alumnos.
Finalmente, Zurueta recordó que ya existía un precedente jurisprudencial dictado por el Tribunal en lo Contencioso Administrativo en el año 2010, que se pronunció en términos similares a esta causa resuelta.
A fines de noviembre la Justicia hizo lugar a una medida cautelar presentada por los padres, dejando anulado el sistema aplicado.