Los últimas semanas se observó un Alberto Fernández muy moderado en política internacional, sumamente cuidadoso con el déficit fiscal y alejado de cualquier polémica en el plano institucional. ¿Será esa la impronta definitiva de su gestión o simplemente se trata de un perfil pasajero? Esa respuesta se conocerá recién entre abril y mayo, cuando haya concluido la renegociación de la deuda que está marcando a fuego todas las acciones del Gobierno.
La media sanción casi unánime que la Cámara de Diputados le dio a la “Ley Guzmán” dejó en claro que el Presidente no quiere aprobar normas clave para la economía sin un amplio consenso, ya que eso le agregaría aún más inestabilidad a la propuesta argentina en el mediano y largo plazo. En estos momentos, cualquier cuestión que genere un mínimo ruido en los mercados es mala palabra para el Gobierno.
Desafortunadamente para el jefe de Estado, los gestos difusos vinieron del propio riñón de su frente electoral, ya que Axel Kicillof está a sólo días de dejar a la provincia de Buenos Aires en default. Ayer, Fernández le dio un respaldo explícito al mejor alumno de Cristina, pero la poca aceptación que tuvo la propuesta bonaerense entre los acreedores no es para nada bien vista en el Palacio de Hacienda.
A diferencia de lo que sucedía con la gestión de Cristina Kirchner, en donde la intransigencia del oficialismo transformó al Congreso en una mera escribanía, la Casa Rosada decidió ahora negociar con los gobernadores opositores y aceptar las modificaciones que ellos habían reclamado. Básicamente, que las deudas provinciales también sean incluidas en la reestructuración que está realizando la Nación. Si bien la cara visible de ese reclamo fueron los mandatarios Gerardo Morales, Rodolfo Suárez, Gustavo Váldez y Horacio Rodríguez Larreta, lo cierto es que esa petición era compartida por todos los gobernadores del peronismo, quienes también padecen situaciones angustiantes en materia de financiamiento.
Con los poderes extraordinarios que recibió con la Ley de Emergencia Económica, el jefe de Estado cuenta con una herramienta esencial para negociar con los gobernadores de Cambiemos, quienes en muchas ocasiones deberán alinear a sus legisladores nacionales a que acompañen algunas leyes del oficialismo, a cambio de recursos y obras para sus provincias. “Nosotros sabemos que en muchas leyes macroeconómicas tendremos el respaldo del radicalismo, pero también estamos al tanto que ese apoyo no se traducirá en otras iniciativas como la designación de Daniel Rafecas al frente de la Procuración General”, señaló ayer a El Tribuno un importante operador del Frente de Todos que pidió reserva de su identidad.
La postulación del juez que rechazó la denuncia de Alberto Nisman contra Cristina Kirchner será utilizada por la oposición como una bandera para golpear al Gobierno sin poner en riesgo los números de las finanzas de sus provincias. Varios diputados criticaron a Rafecas por su supuesta cercanía con el Gobierno, pero lo cierto es que el magistrado complicó a Amado Boudou en el caso Ciccone y mandó a juicio oral a Julio De Vido, César Milani y José López. Esos antecedentes, claro está, serán utilizados por el oficialismo como prueba de neutralidad ante los cuestionamientos.
Por lo observado durante el primer mes y medio de Fernández en el poder, los acuerdos parlamentarios con Cambiemos estarán mucho más ligados a las cuentas públicas que a leyes de orden institucional.
La impronta que Fernández quiere darle a su Gobierno tiene muchas diferencias con el kirchnerismo más duro, y eso no se oculta para nada en la cúpula del poder. El primer viaje del mandatario fue a Israel, el principal aliado militar de Estados Unidos, justo en momentos en los que la muerte de Alberto Nisman volvía a estar en boca de todos. Se sabe que ese es el tema que más perturba a Cristina, pero el Presidente necesitaba tender puentes con la comunidad judía, que miraba con recelo al peronismo luego del memorándum con Irán.
La reunión de Fernández con el papa Francisco duró 44 minutos, mucho menos de las largas horas que acostumbraba tener la exjefa de Estado cada vez que iba al Vaticano, pero el doble del tiempo que el sumo pontífice le dedicó a Mauricio Macri. De hecho, en una de sus últimas visitas Cristina había asistido con gran parte de la conducción de La Cámpora, lo que había generado controversia en varios sectores del país. El viernes Alberto se presentó con su pareja Fabiola Yañez, el canciller Felipe Solá, la ministra Marcela Losardo y el vocero Juan Pablo Biondi. Ninguno de esos funcionarios genera rechazo en la sociedad.
Tras la reunión con Francisco, el Presidente había negado tajantemente que el tema del aborto haya sido planteado, pero luego el Vaticano aclaró que uno de los asuntos tratados había sido la “protección de la vida desde su concepción”. El asunto no fue abordado en el encuentro con Francisco, pero sí con el secretario de Estado Pietro Parolin. Para la Iglesia, el tema del aborto no es negociable y no pronunciarse sobre su eventual avance en la Argentina podría traerle costos políticos internos al sumo pontífice.
</SUBTITULO>La contracara
Pese a los esfuerzos de diferenciación que hace Fernández para alejarse de las controversias, la vicepresidente muestra por momentos todo lo contrario. Esta semana se conoció que el polémico Aníbal Fernández finalmente formará parte del Gobierno como interventor del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio, una empresa del Estado que fue denunciada por corrupción durante el kirchnerismo.
El decreto está firmado por Alberto Fernández, pero es imposible no ver la mano de la vicepresidente en esa elección, ya que fue la gobernadora Alicia Kirchner la que solicitó que fuera nombrado. El quilmeño fue uno de los hombres de mayor confianza de Cristina y quedó muy mal parado tras perder la gobernación contra María Eugenia Vidal en 2015. ¿Era necesario incorporar al Gobierno a una figura tan irritante para la sociedad como la del exjefe de Gabinete? La respuesta sólo la tiene el Presidente.
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Los últimas semanas se observó un Alberto Fernández muy moderado en política internacional, sumamente cuidadoso con el déficit fiscal y alejado de cualquier polémica en el plano institucional. ¿Será esa la impronta definitiva de su gestión o simplemente se trata de un perfil pasajero? Esa respuesta se conocerá recién entre abril y mayo, cuando haya concluido la renegociación de la deuda que está marcando a fuego todas las acciones del Gobierno.
La media sanción casi unánime que la Cámara de Diputados le dio a la “Ley Guzmán” dejó en claro que el Presidente no quiere aprobar normas clave para la economía sin un amplio consenso, ya que eso le agregaría aún más inestabilidad a la propuesta argentina en el mediano y largo plazo. En estos momentos, cualquier cuestión que genere un mínimo ruido en los mercados es mala palabra para el Gobierno.
Desafortunadamente para el jefe de Estado, los gestos difusos vinieron del propio riñón de su frente electoral, ya que Axel Kicillof está a sólo días de dejar a la provincia de Buenos Aires en default. Ayer, Fernández le dio un respaldo explícito al mejor alumno de Cristina, pero la poca aceptación que tuvo la propuesta bonaerense entre los acreedores no es para nada bien vista en el Palacio de Hacienda.
A diferencia de lo que sucedía con la gestión de Cristina Kirchner, en donde la intransigencia del oficialismo transformó al Congreso en una mera escribanía, la Casa Rosada decidió ahora negociar con los gobernadores opositores y aceptar las modificaciones que ellos habían reclamado. Básicamente, que las deudas provinciales también sean incluidas en la reestructuración que está realizando la Nación. Si bien la cara visible de ese reclamo fueron los mandatarios Gerardo Morales, Rodolfo Suárez, Gustavo Váldez y Horacio Rodríguez Larreta, lo cierto es que esa petición era compartida por todos los gobernadores del peronismo, quienes también padecen situaciones angustiantes en materia de financiamiento.
Con los poderes extraordinarios que recibió con la Ley de Emergencia Económica, el jefe de Estado cuenta con una herramienta esencial para negociar con los gobernadores de Cambiemos, quienes en muchas ocasiones deberán alinear a sus legisladores nacionales a que acompañen algunas leyes del oficialismo, a cambio de recursos y obras para sus provincias. “Nosotros sabemos que en muchas leyes macroeconómicas tendremos el respaldo del radicalismo, pero también estamos al tanto que ese apoyo no se traducirá en otras iniciativas como la designación de Daniel Rafecas al frente de la Procuración General”, señaló ayer a El Tribuno un importante operador del Frente de Todos que pidió reserva de su identidad.
La postulación del juez que rechazó la denuncia de Alberto Nisman contra Cristina Kirchner será utilizada por la oposición como una bandera para golpear al Gobierno sin poner en riesgo los números de las finanzas de sus provincias. Varios diputados criticaron a Rafecas por su supuesta cercanía con el Gobierno, pero lo cierto es que el magistrado complicó a Amado Boudou en el caso Ciccone y mandó a juicio oral a Julio De Vido, César Milani y José López. Esos antecedentes, claro está, serán utilizados por el oficialismo como prueba de neutralidad ante los cuestionamientos.
Por lo observado durante el primer mes y medio de Fernández en el poder, los acuerdos parlamentarios con Cambiemos estarán mucho más ligados a las cuentas públicas que a leyes de orden institucional.
La impronta que Fernández quiere darle a su Gobierno tiene muchas diferencias con el kirchnerismo más duro, y eso no se oculta para nada en la cúpula del poder. El primer viaje del mandatario fue a Israel, el principal aliado militar de Estados Unidos, justo en momentos en los que la muerte de Alberto Nisman volvía a estar en boca de todos. Se sabe que ese es el tema que más perturba a Cristina, pero el Presidente necesitaba tender puentes con la comunidad judía, que miraba con recelo al peronismo luego del memorándum con Irán.
La reunión de Fernández con el papa Francisco duró 44 minutos, mucho menos de las largas horas que acostumbraba tener la exjefa de Estado cada vez que iba al Vaticano, pero el doble del tiempo que el sumo pontífice le dedicó a Mauricio Macri. De hecho, en una de sus últimas visitas Cristina había asistido con gran parte de la conducción de La Cámpora, lo que había generado controversia en varios sectores del país. El viernes Alberto se presentó con su pareja Fabiola Yañez, el canciller Felipe Solá, la ministra Marcela Losardo y el vocero Juan Pablo Biondi. Ninguno de esos funcionarios genera rechazo en la sociedad.
Tras la reunión con Francisco, el Presidente había negado tajantemente que el tema del aborto haya sido planteado, pero luego el Vaticano aclaró que uno de los asuntos tratados había sido la “protección de la vida desde su concepción”. El asunto no fue abordado en el encuentro con Francisco, pero sí con el secretario de Estado Pietro Parolin. Para la Iglesia, el tema del aborto no es negociable y no pronunciarse sobre su eventual avance en la Argentina podría traerle costos políticos internos al sumo pontífice.
</SUBTITULO>La contracara
Pese a los esfuerzos de diferenciación que hace Fernández para alejarse de las controversias, la vicepresidente muestra por momentos todo lo contrario. Esta semana se conoció que el polémico Aníbal Fernández finalmente formará parte del Gobierno como interventor del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio, una empresa del Estado que fue denunciada por corrupción durante el kirchnerismo.
El decreto está firmado por Alberto Fernández, pero es imposible no ver la mano de la vicepresidente en esa elección, ya que fue la gobernadora Alicia Kirchner la que solicitó que fuera nombrado. El quilmeño fue uno de los hombres de mayor confianza de Cristina y quedó muy mal parado tras perder la gobernación contra María Eugenia Vidal en 2015. ¿Era necesario incorporar al Gobierno a una figura tan irritante para la sociedad como la del exjefe de Gabinete? La respuesta sólo la tiene el Presidente.