Por Jorge Colina, economista jefe de Idesa
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Por Jorge Colina, economista jefe de Idesa
En Argentina se tomó con beneplácito el comunicado del personal del Fondo Monetario Internacional (FMI) que visitó recientemente el país afirmando que la deuda pública es impagable y que, por lo tanto, los acreedores privados deberán hacer una contribución significativa para recuperar su sostenibilidad. Se entendió con esta declaración que el FMI le está dando un respaldo al país para negociar quitas en la reestructuración de la deuda que se entablará con los acreedores.
Pero, leyendo con más detenimiento, el mensaje del personal del FMI parece que es otro, y posiblemente más desalentador para la propia Argentina que para sus acreedores. El comunicado dice que el superávit primario que se necesita para reducir la deuda pública y financiar el crecimiento no es “económica, ni políticamente factible” (sic).
Que no sea económicamente factible, se puede solucionar con una quita en la deuda y/o una reprogramación de sus pagos. En el fondo, se trata simplemente de hacer que el peso de la deuda sea más consistente con las limitadas posibilidades de repago. Ciertamente que esto es una mala noticia para los acreedores privados. Pero se soluciona.
Lo que es más devastador es que sea “políticamente inviable” generar superávits fiscales para mantener niveles de deuda sostenibles con crecimiento económico aceptable. Esto es una mala noticia para la Argentina porque significa que se va a quedar en la decadencia.
Ahora, ¿tienen razón los del FMI para hacer una afirmación tan desmesurada?
Para hacer una evaluación de la afirmación lo mejor es apelar a los datos. Según una serie de largo plazo que publica el Ministerio de Economía sobre números fiscales de la Nación y las provincias aparece que desde 1961 hasta el 2002 todos los años fueron de déficit fiscal. Esto es, tomando el resultado financiero, es decir, el resultado fiscal primario más el pago de intereses de deuda.
Entre el 2002 y el 2008 se observan los únicos años superavitarios. No por casualidad se trata del período en el que se produjo una grosera licuación de gasto público con la mega-devaluación del 2002, que se negó la movilidad previsional a los jubilados con haberes superiores a la mínima, que las arcas fiscales se llenaron gracias a los muy elevados precios internacionales de las exportaciones argentinas y que el país estaba en cesación de pagos de la deuda pública (default).
Un período claramente anormal.
En el 2009, cuando se establece la regla de movilidad previsional, se tiende a normalizar la deuda pública y empieza el fin de la bonanza internacional, Argentina vuelve a incurrir en otra década de déficits fiscales que se extiende hasta el 2019. Es decir, volvió a la normalidad.
Si se suman todos los años deficitarios que hubo desde el 1961 hasta el 2019 (que fueron 53) la acumulación de déficits arroja una deuda de 220% del PIB. Los únicos 6 años superavitarios arrojan un equivalente de apenas 7% del PBI.
Con este prontuario y el escozor que genera la palabra “ajuste”, las declaraciones del personal del FMI están lejos de ser un respaldo. Son un acto de resignación.
El problema de fondo en Argentina es que hay un consenso generalizado de que es posible tener un Estado que gaste por encima de lo que dispone y que cualquier acción tendiente al equilibrio fiscal implica inaceptables costos sociales. Como en la realidad no se puede tener un Estado que gaste durante 53 años por encima de sus ingresos, la inflación es la que hace el “ajuste”. Esta es la historia de los últimos 60 años de la Argentina signada por la decadencia económica y la inflación crónica.
El mejor ejemplo de esta inconsistencia argentina es el sistema previsional. Las normas prometen regímenes especiales para adelantar el retiro con mayores beneficios, jubilaciones gratis a través de las moratorias, duplicación de beneficios con la posibilidad de acumular jubilación y pensión. Como la situación es financieramente insostenible se apela entonces a la inflación para que corrija las inconsistencias licuando los haberes. La prueba de esto es que la agenda previsional en Argentina está monopolizada casi exclusivamente por la discusión sobre la fórmula de movilidad, que es, cómo actualizar o no actualizar los haberes.
El FMI está diciendo que Argentina tiene un sector público que fue, es y seguirá siendo deficitario. Por lo tanto, no es un país merecedor de crédito. Bajo estas condiciones, sólo queda el financiamiento vía emisión inflacionaria lo que garantiza seguir en la decadencia.