Diputados del PJ jujeño realizaron esta mañana una ampliación de la denuncia presentada contra el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Pablo Baca. En la oportunidad solicitaron la recusación del fiscal Ignacio Funes, quien fue designado para llevar a adelante el proceso de investigación.
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Diputados del PJ jujeño realizaron esta mañana una ampliación de la denuncia presentada contra el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Pablo Baca. En la oportunidad solicitaron la recusación del fiscal Ignacio Funes, quien fue designado para llevar a adelante el proceso de investigación.
Según manifestaron los denunciantes “no está garantizada la imparcialidad” del proceso debido a que su nombramiento fue realizado por el por el titular Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez, quien está involucrado en la misma denuncia y a quien se lo acusa de “amenazas agravadas”, “negociaciones incompatibles con el ejercicio la función pública”.
Cabe recordar que la presentación efectuados por los legisladores fue a partir de la difusión de una serie de audios, donde se habría emitidos declaraciones en torno a la situación procesal de la dirigente MILAGRO SALA y el funcionamiento del Poder Judicial.
En la presentación estuvieron presentes; Leila Chaer, Fátima Tisera, Débora Juárez, Mariela Ferreyra, Martin Palmieri y Alejandra Cejas.
Pedido de impugnación de la fiscal Anticorrupción
Tras el nombramiento de Josefa Herrera al frente de la oficina de Anticorrupción de Jujuy, legisladores del PJ jujeño solicitaron se impugne su designación. Al respecto Martin Palmieri explicó que “la ley marca que para su designación debe haber un acuerdo en la legislatura provincial y que además el mismo infringe la autonomía de los poderes. "Es una militante radical, que recibirá instrucciones de un gobernador radical que tendrá a los radicales", expresó
Por su parte Débora Juárez agregó que con las declaraciones de la funcionaria existe una "autopugnación". Esto se debe, aclaró a que "en la ley de creación de la fiscalía dice claramente, que como fiscal no puede recibir, bajo apercibimiento de ley, ninguna directiva de cualquier autoridad en el ámbito administrativo. Esto a partir de la afirmación de Herrera: "Voy a tener independencia porque son las instrucciones del señor gobernador”.