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Incertidumbre sobre el día después del acuerdo con el FMI

Domingo, 01 de marzo de 2020 01:00

Fuertemente condicionado por las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que podrían estirarse más allá del 31 de marzo, el Gobierno continúa retrasando las medidas de fondo para fomentar la inversión, aumentar la actividad y reducir el desempleo en la Argentina. Más allá de los importantes avances en las tratativas con Kristalina Georgieva, la duda que aparece en el horizonte es cuál será la estrategia global de crecimiento una vez finalizada la negociación, ya que el organismo no permitiría grandes desajustes fiscales como moneda de cambio para patear los vencimientos por 44 mil millones de dólares que debe afrontar el país. 
La virtual parálisis que se vive por estas horas en la Casa Rosada, admitida en off the record por gobernadores y funcionarios nacionales, provoca incertidumbre en los sectores más dinámicos de la economía, quienes temen que continúe incrementándose la ya abultada carga tributaria, que actúa como una soga al cuello para el sostenimiento de su rentabilidad. En las provincias, asfixiadas por la falta de recursos, hay preocupación por la ausencia de anuncios de obras públicas nacionales, que ayudarían a revitalizar el desgastado sector de la construcción y sumarían muchos trabajadores que se encuentran excluidos del sistema. Este problema no es adjudicable de forma exclusiva al Presidente, ya que durante la última etapa del macrismo se paralizaron totalmente los trabajos en rutas, puentes, represas, escuelas y hospitales. Según pudo averiguar este diario, el Gobierno prevé inyectar una jugosa porción de dinero a realizar obras, pero eso recién ocurriría una vez finalizadas las conversaciones con los acreedores privados. La mayoría de los empresarios afirma que no tiene pensado agrandar su planta de personal al menos en el primer semestre de este año, lo que demuestra que la reactivación económica será aún más lenta de lo que se imaginaba cuando Alberto Fernández asumió la presidencia. Si a eso se le suma la eliminación de la cláusula gatillo en muchas de las paritarias, la fuerte inflación en el precios de los alimentos y la disminución en las subas de las jubilaciones superiores a los veinte mil pesos, la rueda virtuosa de la economía necesitaría un respirador artificial para arrancar definitivamente con los primeros brotes verdes del año. De hecho, los primeros datos de la gestión de Alberto Fernández mostraron que en enero -pese al congelamiento de tarifas y combustibles y al bono a los jubilados- continuó cayendo el consumo masivo de la población. Además, ya van dos meses seguidos de bajas interanuales superiores al 32 por ciento en los patentamientos de autos. 
De todos modos, hay ciertas señales positivas imposibles de ocultar. La inflación continuó bajando en febrero y es probable que el Indec anuncie que fue menos incluso a la de enero, cuando también regían los congelamientos tarifarios. En ese sentido, la unánime aprobación de la Ley de Góndolas abre a muchos pequeños productores una oportunidad de ingresar a los supermercados y revertir al menos parcialmente la brutal caída de las ventas que vivieron en los últimos cuatro años. 
El jefe de Estado tendrá hoy en el Congreso una oportunidad inmejorable para hablarle a la sociedad y explicar los lineamientos generales de su gestión, algo que también es reclamado por los acreedores externos de la Argentina, quienes deben aceptar o rechazar la oferta del Gobierno para renegociar la deuda.
“Alberto va a hacer un raconto de todo lo hecho hasta ahora y volverá a resaltar el concepto de solidaridad que se necesita para mejorar la situación de los que menos tienen. Seguramente la reforma judicial será uno de los ejes centrales de su discurso”, aseguró ayer a El Tribuno un colaborador del mandatario que pidió reserva de su identidad. En el oficialismo dan por hecho que las retenciones a la soja volverán a aumentar, aunque ese anuncio podría no darse en la Asamblea Legislativa para evitar el comienzo de un plan de lucha por parte de los productores agropecuarios. Es indudable que la mayoría de las medidas tomadas hasta ahora por el Presidente estuvo destinada a mejorar la imagen del país ante el FMI, pero no a atacar de lleno los problemas estructurales que mantienen a casi el cuarenta por ciento de los argentinos por debajo de la línea de la pobreza. No es casualidad que permanentemente el organismo multilateral esté felicitando a la dupla Fernández - Guzmán por sus políticas fiscales. En el Fondo ven con muy buenos ojos la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria, el recorte de las jubilaciones de privilegio, la eliminación del ajuste salarial por inflación y el inminente incremento en los derechos de exportación de la soja. En todos los casos, más allá de la argumentación política para cada uno, hay un ahorro importante en las cuentas públicas y también un aumento en el eventual ingreso de dólares al país.
Sólo en ese contexto podría explicarse el escándalo que se produjo el jueves en Diputados cuando se le dio media sanción a la reforma de las jubilaciones de privilegio. Allí, el futuro embajador en Brasil Daniel Scioli fue clave para alcanzar el quórum y desatar la ira de Juntos por el Cambio. Legalmente, no hay ningún inconveniente para que el exgobernador bonaerense haya votado la norma porque aún no renunció a su banca, pero era previsible que la oposición reaccionaría de la forma en la que lo hizo y que los medios de comunicación plantearían ciertas dudas sobre la movida. Lo que llamó la atención es que radicales y macristas utilicen ese argumento para intentar trabar la eliminación de las jubilaciones de privilegio en un país inundado por la pobreza, 
 

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Fuertemente condicionado por las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que podrían estirarse más allá del 31 de marzo, el Gobierno continúa retrasando las medidas de fondo para fomentar la inversión, aumentar la actividad y reducir el desempleo en la Argentina. Más allá de los importantes avances en las tratativas con Kristalina Georgieva, la duda que aparece en el horizonte es cuál será la estrategia global de crecimiento una vez finalizada la negociación, ya que el organismo no permitiría grandes desajustes fiscales como moneda de cambio para patear los vencimientos por 44 mil millones de dólares que debe afrontar el país. 
La virtual parálisis que se vive por estas horas en la Casa Rosada, admitida en off the record por gobernadores y funcionarios nacionales, provoca incertidumbre en los sectores más dinámicos de la economía, quienes temen que continúe incrementándose la ya abultada carga tributaria, que actúa como una soga al cuello para el sostenimiento de su rentabilidad. En las provincias, asfixiadas por la falta de recursos, hay preocupación por la ausencia de anuncios de obras públicas nacionales, que ayudarían a revitalizar el desgastado sector de la construcción y sumarían muchos trabajadores que se encuentran excluidos del sistema. Este problema no es adjudicable de forma exclusiva al Presidente, ya que durante la última etapa del macrismo se paralizaron totalmente los trabajos en rutas, puentes, represas, escuelas y hospitales. Según pudo averiguar este diario, el Gobierno prevé inyectar una jugosa porción de dinero a realizar obras, pero eso recién ocurriría una vez finalizadas las conversaciones con los acreedores privados. La mayoría de los empresarios afirma que no tiene pensado agrandar su planta de personal al menos en el primer semestre de este año, lo que demuestra que la reactivación económica será aún más lenta de lo que se imaginaba cuando Alberto Fernández asumió la presidencia. Si a eso se le suma la eliminación de la cláusula gatillo en muchas de las paritarias, la fuerte inflación en el precios de los alimentos y la disminución en las subas de las jubilaciones superiores a los veinte mil pesos, la rueda virtuosa de la economía necesitaría un respirador artificial para arrancar definitivamente con los primeros brotes verdes del año. De hecho, los primeros datos de la gestión de Alberto Fernández mostraron que en enero -pese al congelamiento de tarifas y combustibles y al bono a los jubilados- continuó cayendo el consumo masivo de la población. Además, ya van dos meses seguidos de bajas interanuales superiores al 32 por ciento en los patentamientos de autos. 
De todos modos, hay ciertas señales positivas imposibles de ocultar. La inflación continuó bajando en febrero y es probable que el Indec anuncie que fue menos incluso a la de enero, cuando también regían los congelamientos tarifarios. En ese sentido, la unánime aprobación de la Ley de Góndolas abre a muchos pequeños productores una oportunidad de ingresar a los supermercados y revertir al menos parcialmente la brutal caída de las ventas que vivieron en los últimos cuatro años. 
El jefe de Estado tendrá hoy en el Congreso una oportunidad inmejorable para hablarle a la sociedad y explicar los lineamientos generales de su gestión, algo que también es reclamado por los acreedores externos de la Argentina, quienes deben aceptar o rechazar la oferta del Gobierno para renegociar la deuda.
“Alberto va a hacer un raconto de todo lo hecho hasta ahora y volverá a resaltar el concepto de solidaridad que se necesita para mejorar la situación de los que menos tienen. Seguramente la reforma judicial será uno de los ejes centrales de su discurso”, aseguró ayer a El Tribuno un colaborador del mandatario que pidió reserva de su identidad. En el oficialismo dan por hecho que las retenciones a la soja volverán a aumentar, aunque ese anuncio podría no darse en la Asamblea Legislativa para evitar el comienzo de un plan de lucha por parte de los productores agropecuarios. Es indudable que la mayoría de las medidas tomadas hasta ahora por el Presidente estuvo destinada a mejorar la imagen del país ante el FMI, pero no a atacar de lleno los problemas estructurales que mantienen a casi el cuarenta por ciento de los argentinos por debajo de la línea de la pobreza. No es casualidad que permanentemente el organismo multilateral esté felicitando a la dupla Fernández - Guzmán por sus políticas fiscales. En el Fondo ven con muy buenos ojos la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria, el recorte de las jubilaciones de privilegio, la eliminación del ajuste salarial por inflación y el inminente incremento en los derechos de exportación de la soja. En todos los casos, más allá de la argumentación política para cada uno, hay un ahorro importante en las cuentas públicas y también un aumento en el eventual ingreso de dólares al país.
Sólo en ese contexto podría explicarse el escándalo que se produjo el jueves en Diputados cuando se le dio media sanción a la reforma de las jubilaciones de privilegio. Allí, el futuro embajador en Brasil Daniel Scioli fue clave para alcanzar el quórum y desatar la ira de Juntos por el Cambio. Legalmente, no hay ningún inconveniente para que el exgobernador bonaerense haya votado la norma porque aún no renunció a su banca, pero era previsible que la oposición reaccionaría de la forma en la que lo hizo y que los medios de comunicación plantearían ciertas dudas sobre la movida. Lo que llamó la atención es que radicales y macristas utilicen ese argumento para intentar trabar la eliminación de las jubilaciones de privilegio en un país inundado por la pobreza,