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28 de Marzo,  Jujuy, Argentina
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Habrían sobornado a aspirantes a policías

Serían entre dos y cuatro los profesionales investigados por el Tribunal de Ética de la institución que los nuclea.Aspirantes habrían informado de la novedad a las autoridades del Issp al sentirse estafados por los psicólogos.

Martes, 24 de marzo de 2020 01:04

En los últimos días trascendió una denuncia formulada por aspirantes del Instituto Superior de Seguridad Pública en contra de profesionales pertenecientes al Colegio de Psicólogos de la provincia de Jujuy.

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En los últimos días trascendió una denuncia formulada por aspirantes del Instituto Superior de Seguridad Pública en contra de profesionales pertenecientes al Colegio de Psicólogos de la provincia de Jujuy.

Por razones operativas el año pasado se firmó un convenio entre ambas instituciones a los efectos de que los aspirantes sean sometidos a un examen psicológico respaldatorio para el ingreso al Instituto que forma agentes, suboficiales y oficiales para la Policía de la Provincia y el Servicio Penitenciario.

El convenio rubricado por la presidenta del colegio, Marcela Poggio, con la directora del Instituto, Carolina Calvo, permitía que los futuros estudiantes puedan optar por profesionales de un listado compuesto por treinta profesionales matriculados.

Fuentes consultadas por El Tribuno de Jujuy indicaron que "esa nómina" estaba conformada por licenciados especializados en "psicodianóstico" aunque muchos otros con reconocida trayectoria y capacidad habrían sido excluidos de esa lista.

Esta situación habría provocado una serie de conflictos en la entidad que nuclea a los psicólogos jujeños, que habrían realizado una presentación en ambas partes tendiente a que quede establecido cuales habrían sido las pautas o antecedentes para la conformación del listado.

Los aranceles

Esta determinación se habría adoptado frente a la necesidad de brindarles a los aspirantes la posibilidad de ser examinados a un costo inferior a lo que marcan los aranceles profesionales para este tipo de evaluación.

Quienes tenían obra social podían presentar una orden de la misma y quienes no estaban protegidos debían abonar alrededor de unos mil quinientos pesos, pago que se realizaba en el mismo Colegio.

Desde el Colegio se derivaba a los pacientes al profesional designado para su atención. Dos habrían sido las causas que motivaron que los futuros servidores públicos observaran una serie de anormalidades en la atención.

La primera, el hecho que había profesionales que otorgaban el certificado, luego de completar un formulario emitido por el Instituto de Seguridad, aparentemente sin la rigurosidad que implica sortear un examen que posibilite ejercer una tarea tan delicada como es la de trabajar portando un arma de fuego, entre otras dificultades propias de la profesión.

La segunda es el sistemático rechazo de esos formularios a algunos aspirantes, por parte de profesionales que a cambio de darles el visto bueno habrían sugerido y en varios casos efectivizado un pago complementario que posibilitó obtener resultados positivos.

Varios habrían sido los aspirantes que renunciaron a un pago extra y que se vieron perjudicados ya que el resultado del examen les dio negativo.

Autoridades del Instituto Superior habrían acompañado a varios estudiantes a la Delegación de Alto Comedero del Ministerio Público de la Acusación a los efectos de que realicen la denuncia correspondiente, además de pedir al Colegio que se aparte a dos profesionales por resultar sospechosos.

Como consecuencia del secreto de sumario y el hermetismo reinante en torno a este caso, no quedó confirmado pero serían cuatro en total los psicólogos que hoy estarían siendo investigados por el Tribunal de Ética del Colegio y quienes podrían perder la matrícula, en caso de que se compruebe que existieron actos reñidos con el ejercicio de la profesión.

Cabe destacar que ya existieron actos de corrupción por parte de médicos de la policía que otorgaban los certificados de salud para aspirantes y que pese a las denuncias formuladas muchos de ellos quedaron sin ser investigados.

Más de 7.000 aspirantes

ASPIRANTES / QUE SE ENCUENTRAN EN UNA ETAPA DE NIVELACIÓN.

Las preinscripciones para aspirantes a las carreras de técnicos y agentes policiales y penitenciarios estuvieron abiertas los primeros días de mayo hasta el 15 de junio del año 2019.

De acuerdo a los datos proporcionados a El Tribuno de Jujuy durante ese período se habrían inscriptos alrededor de 7.100 jóvenes los que se anotaron para ingresar al Instituto Superior de Seguridad Pública (Issp). Esa cantidad de ciudadanos duplicó a la del año 2018, que había sido de menos de 3.400.De todos esos aspirantes habrían sido alrededor de unos 3.500 los que finalmente en los meses de octubre y noviembre comenzaron con los exámenes que el Instituto les impone a los aspirantes.

Nuevo sistema de admisión

El año pasado y como consecuencia de la transformación que se implementó con la creación de la Universidad Provincial de Seguridad Pública, se adoptó un sistema de admisión igual al de las fuerzas de seguridad nacionales. Por esa razón es que el Issp modificó tanto el proceso de incorporación como el orden de los exámenes. Por lo que una vez concluida la instancia psicológica, proseguirá el examen médico (más una auditoría médica), para luego dar lugar a la evaluación de aptitud física.

Cumplida la última etapa, en caso de que los aspirantes estén aptos, realizarán la instancia evaluatoria, por lo que las cartillas del examen intelectual que se utilizaban años anteriores quedaron obsoletas y este año se incorporará un cursillo de ingreso -eliminatorio- que se desarrolla desde el pasado mes de enero del año en curso y en el que se brinda oportunidad en igualdad de condiciones a todos los aspirantes.