Crisis económica y social agravada por el coronavirus

Ante la pandemia del coronavius el Gobierno anunció días atrás un paquete de medidas con el fin de hacer frente al impacto económico en la población de menores ingresos, como los jubilados, desempleados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, quienes asisten a comedores comunitarios y espacios de contención de sectores vulnerables, junto a ello un programa de desarrollo y crecimiento de equipamiento médico, kits, insumos, con el Conicet, Mincyt, MDP, Ministerio de Economía y Ministerio de Salud para estimular la innovación y el crecimiento de la producción. Se exime del pago de contribuciones patronales a sectores afectados de forma crítica por la emergencia y se amplía el Programa de Recuperación Productiva (Repro) para garantizar el empleo de aquellos que trabajan en empresas afectadas por la emergencia sanitaria. En relación a la producción en las empresas que se verán perjudicadas por el flagelo se incluyen el financiamiento de gastos de capital por $ 100 mil millones en obras de infraestructura, educación y turismo.

Al mismo tiempo se lanza una serie de líneas de créditos blandos por unos $ 350.000 millones para garantizar la producción y el abastecimiento de alimentos e insumos básicos para impulsar la actividad y financiar el funcionamiento de la economía en esta coyuntura. En otra línea de créditos se destina $ 320.000 millones para proveer capital de trabajo a empresas a tasas preferenciales por un plazo de 180 días con tasa de interés del 26% anual, $ 25.000 millones en créditos del Banco de la Nación a tasa diferencial para productores de alimentos, higiene personal y limpieza y productores de insumos médicos, $ 8.000 millones en financiamiento para la producción de equipamiento tecnológico para garantizar la modalidad de teletrabajo y $ 2.800 millones para el financiamiento de infraestructura en los parques industriales, con recursos del Ministerio de Desarrollo Productivo. A este anuncio se agregó la decisión de otorgar a 3,6 millones de empleados informales y monotributistas un monto de $ 10 mil en el mes de abril.

Valorando este tipo de medidas entendemos que el financiamiento de las mismas requerirá de la emisión de moneda en volumen muy importante, por lo cual serán inevitables consecuencias inflacionarias. Ante ello con el fin de que dicha emisión sea la menor posible para frenar su impacto inflacionario sobre los trabajadores, la producción, los servicios y el comercio nacional, proponemos que de igual modo se tomen medidas de emergencia sobre los sectores económicos que fueron beneficiados en los últimos años por las políticas económicas aplicadas de devaluaciones y endeudamiento externo.

Siete medidas de emergencia

Impuesto de emergencia a los grandes bancos y monopolios financieros que hicieron ganancias extraordinarias con las devaluaciones y la "bicicleta financiera" y fueron beneficiadas con rebajas de impuestos a las que se sumó la eliminación del 15% a la renta financiera concedida en la Ley de Emergencia de fines del año 2019.

Impuesto de emergencia al grupo de exportadores monopólicos de la comercialización e industrialización de la producción de granos y carnes de nuestro país, exceptuando a las cooperativas. Impuesto de emergencia a las fortunas de las 50 familias y personas que atesoran en la Argentina un total de 70 mil millones de dólares, con riquezas que oscilan entre 480 y 9.700 millones de dólares y actúan en actividades industriales, rurales, comercio y servicios. Impuesto de emergencia a la renta terrateniente y ganancias extraordinarias de los pooles de siembra, a partir del arriendo de tierra por arriba de las mil hectáreas, elevando la alícuota del impuesto en proporción al tamaño de la propiedad o explotación.

Extender los plazos de pagos de tarjetas de crédito, de hipotecas y todas las deudas financieras de las familias y pequeñas y medianas empresas, contemplando además una baja drástica de las tasas usurarias de todas esas deudas que, con la inflación implícita en las elevadas tasas de interés, ahogan a las familias y cualquier proyecto productivo a favor de inversiones especulativas.

Desindexación, congelamiento y prórroga de todos los contratos de arrendamientos o de alquileres en el campo y las ciudades, incluyendo los que afectan a los productores agrarios, industriales, comerciantes y prestadores de servicios y a viviendas familiares, acompañándola de un plan nacional de viviendas populares que cubra la falta de estas en todo el país. Desdolarización de todos los contratos y de todas las tarifas de los servicios públicos y de los combustibles atendiendo a que la devaluación del peso fue significativamente mayor a la variación de los salarios y demás costos de producción, de comercialización y de distribución internos. Prohibición del corte de los servicios de luz, agua y gas por falta de pago hasta el lanzamiento de un plan de pago en cuotas sin intereses para que usuarios se pongan al día con las facturas.

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