El intento del Grupo Techint frenado por una conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo, aunque la empresa ratificó su voluntad de despedir a 1.450 trabajadores de la constructora por la parálisis de la actividad, le sirvió al Gobierno como caso testigo de lo que puede comenzar a suceder en las próximas semanas con el sector privado, al extenderse la cuarentena.
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El intento del Grupo Techint frenado por una conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo, aunque la empresa ratificó su voluntad de despedir a 1.450 trabajadores de la constructora por la parálisis de la actividad, le sirvió al Gobierno como caso testigo de lo que puede comenzar a suceder en las próximas semanas con el sector privado, al extenderse la cuarentena.
"No dejaré que lo hagan", advirtió el presidente Alberto Fernández el domingo, cuando anunció la extensión del aislamiento obligatorio, en principio, hasta el 13 de abril. Ya había trascendido la información de los despidos, y el lunes Trabajo instó a la empresa a retrotraer la decisión.
Con este antecedente, y frente a las duras advertencias que está recibiendo el Gobierno por parte de la gran mayoría de los empresarios, de rebajas salariales, suspensiones y desvinculaciones, está bajo análisis en la Casa Rosada la publicación de un Decreto de Necesidad y Urgencia que prohibiría los despidos y suspensiones durante un período determinado, mientras dure la emergencia provocada por la pandemia. Pero aún se está analizando los alcances de la norma, ya que el objetivo es que lo que salga luego se pueda cumplir.
Se trató, además, de un pedido expreso de la cúpula de la CGT, que venía advirtiendo serias complicaciones en el frente laboral por efecto de la cuarentena, a partir de la cual sólo una minoría de actividades sigue en pie. Concretamente, el líder cegetista Héctor Daer reclamó la suspensión de los artículos 221 y 247 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), con el argumento de la necesidad de cuidar el empleo en este contexto.
Esos decretos habilitan a suspender sin pago salarial y despedir y pagar el 50% de la indemnización por casos de "fuerza mayor". El debate es si el coronavirus es tomado como "fuerza mayor". La suspensión de esas normas sería la opción de mínima que plantea la CGT, la de máxima sería la prohibición total, que no parece estar en los planes de nadie por el momento.
Fuentes oficiales afirmaron que la norma saldría en breve, pero que llegaría acompañada de un conjunto de otras medidas en beneficio del sector productivo. Una de las opciones es que se realice un acuerdo entre el sector empresario y los trabajadores para extender la suspensiones. De hecho, desde la UIA habían dejado trascender la semana pasada que quienes no están trabajando deberían tener un régimen de suspendidos, es decir, que cobren el 70% del salario.
La desesperación de las compañías, especialmente de las pymes, por estas horas es cómo harán para pagar los salarios, servicios e impuestos, ya que si bien la reapertura del clearing bancario benefició a algunos sectores, perjudicó a otros, que no tenían fondos para cubrir los cheques. Por otra parte, el cierre de los bancos está generando serias complicaciones para los firmas que necesitan depositar efectivo para luego saldar sus obligaciones. El Gobierno y los bancos anunciaron líneas de crédito a una tasa fija del 24% con tres meses de gracia, pero aún así muchas empresas no logran acceder.
Desde la CGT esperan la convocatoria del Gobierno para acordar cómo sería el mecanismo que regirá durante la crisis, mientras que desde la UIA aseguran aún no tener conocimiento del tema y remarcan que el contexto actual debe ser considerado como "fuerza mayor".
Trascendió de fuentes empresarias que la decisión de avanzar con la suspensión de los dos artículos de la Ley de Contratos de Trabajo propuestos por la CGT llegaría acompañada por un probable acuerdo de reducción de sueldos para aquellas actividades que no están en actividad por la cuarentena, lo que aliviaría al sector privado en el actual contexto. "Yo creo que hay que encontrar soluciones. No se puede tener paralización de actividades a salario pleno, y además esto implica sobrecostos muy grandes e imposibles de afrontar desde el punto de vista financiero. El camino del diálogo está", remarcó el abogado laboralista y vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, la mañana de ayer en declaraciones radiales.
Un acuerdo de estas características aflojaría la tensión generada en los últimos días en las empresas ante la falta de anuncios por parte del Gobierno y ante las marchas y contramarchas en materia laboral que hubo por parte del Ministerio de Trabajo. Con la Resolución 219 que salió hace 15 días se les permitió a las empresas pagar los sueldos entre el 20 y el 31 de marzo de forma no remunerativa, por lo que las firmas se ahorraron 25% de la contribución patronal. (Fuente Infobae)
Avanzan los recortes en sueldos de funcionarios
La reducción de los ingresos que perciben los dirigentes políticos en las distintas áreas del Estado comenzó a tomar impulso en provincias y municipios y, si bien se inició días atrás en el interior del país, cobró mayor fuerza el último lunes tras el reto del presidente Alberto Fernández a los grandes empresarios. Los diputados de Juntos por el Cambio enviaron una carta a Fernández para pedir que se recorten los sueldos en los tres poderes del Estado y el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, recogió el guante y propuso avanzar con una reducción del 40 por ciento en las dietas de los legisladores.
Mientras la oposición intenta instalar el mismo tema en el Senado, varias provincias y municipios se hicieron eco del reclamo, como el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, que anunció que donará un 60 por ciento de su sueldo y hasta un 40 por ciento del haber que perciben sus funcionarios. “Este dinero irá vía transferencia bancaria a la Cooperadora del Hospital Central de San Isidro para la compra de más insumos médicos”, anunció Posse a través de Twitter. En la misma línea, el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, dispuso que los funcionarios municipales (incluido él mismo y hasta el cargo de director general) aportarán hasta el 30 por ciento de sus ingresos durante los próximos tres meses para crear un fondo común destinado a combatir el coronavirus. Por su parte, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, instruyó al Ministerio de Coordinación para avanzar en abril con un recorte en el pago de las remuneraciones más altas que podrían superar el 30 por ciento, según informó la provincia.
Su par de Corrientes, Gustavo Valdés, confirmó este martes una medida similar sobre su sueldo y los de los ministros, secretarios y subsecretarios, medida que fue adoptara también por los diputados y senadores provinciales y que, según dijo, alcanzará unos “14 millones de pesos”. “Puede no ser significativo, pero hay que dar el ejemplo. Es lo que tenemos que hacer. Gestos y esfuerzos tenemos que hacer todos”, agregó Valdés.
Más de dos millones de pesos
Mientras crece la polémica por los sueldos de los poderes del estado, las agrupaciones que reúnen a jueces, fiscales y defensores oficiales aseguraron ayer que a través de su campaña de recaudación contra el coronavirus ya hicieron donaciones por “más de $ 2.000.000” al sistema de salud. Este martes, los presidentes de la Asociación de Magistrados, Marcelo Galle Tagle; de la Asociación de Fiscales Federales (AFFun), Carlos Rívolo; y de la Asociación Civil de Magistrados y Funcionarios del Ministerio Público de la Defensa (Adepra), Lorena Castro Feijó, difundieron un comunicado en el que dieron detalles de su campaña solidaria en medio de la crisis sanitaria.
“Hasta el día de hoy se han recaudado $ 850.000 con las contribuciones individuales realizadas por magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación y los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa”, señalaron. Según explicaron, esos aportes van desde “los $ 2.000 y hasta los $ 30.000”.
“No perdemos de vista que esos esfuerzos fueron realizados -en algunos casos- antes de la acreditación de los sueldos que se formalizó en el día de la fecha, y las dificultades que la cuarentena conllevaba para concurrir al cajero automático, para gestionar las claves para las transferencias”, destacaron. En tanto, señalaron que al dinero se suma “la donación institucional realizada por esta Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional -de $ 1.000.000- a la Cruz Roja Argentina”.