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Un cóctel explosivo que llegó antes del pico de los casos

Domingo, 26 de abril de 2020 01:03

Parálisis total de la actividad económica, crecimiento de la pobreza, incremento de la inflación, descuentos salariales, despidos en el sector privado y serios riesgos de default. Sin haber llegado aún al pico de la pandemia, el Gobierno nacional ya enfrenta un cóctel explosivo que podría desencadenar rápidamente en un aumento de la conflictividad social en todo el país. 
En la Quinta de Olivos son muy concientes de la situación y trabajan en varios frentes para alivianar el impacto de la crisis, aunque la gran incógnita es hasta dónde llegará la asistencia del Estado en medio de una histórica caída de la recaudación y de una emisión monetaria sin precedentes en las últimas décadas. Si a eso se le suma que casi todas las provincias del país pidieron préstamos a la Nación para pagar los sueldos públicos, el panorama se hace cada vez más insostenible para las arcas del Tesoro, que encima deben soportar ahora una disparada fenomenal del dólar paralelo, obligando al Banco Central a vender reservas para controlar la situación monetaria.
La nueva extensión de la cuarentena anunciada ayer por el jefe de Estado era inevitable desde el punto de vista epidemiológico, y no sería nada extraño que vuelva a prorrogarse después del 10 de mayo, ya que la mayor cantidad de casos se espera recién para junio. La medida, que va camino a las ocho semanas y no tiene fecha de finalización, vuelve a estirar los plazos de la reactivación económica y agiganta el fantasma del desempleo, sobre todo en los trabajadores informales, que son el 40 por ciento del total, y en las pymes, que emplean al setenta por ciento de los asalariados del país. Un importante porcentaje de esos dos sectores ya no tiene resto para subsistir otro mes sin actividad y ya se habla de una nueva oleada de cierres de comercios en todo el país. 
Si bien es cierto que la cuarta fase de la cuarentena vendrá aparejada con la liberación de varias actividades en las provincias menos afectadas, el grueso de la economía continuará con respirador artificial ya que seguirán las limitaciones para circular libremente por las calles y negocios del país. Además, los protocolos de seguridad que se aplican a las actividades que comenzaron a funcionar son tan estrictos que limitan enormemente la facturación. 
Un empresario muy importante del país que pidió reserva de su identidad aseguró ayer a El Tribuno que las compañías deberán trabajar al menos dos meses enteros para recuperar parte de lo que perdieron en sólo cuarenta días, por lo que la recuperación de la rentabilidad se demoraría bastante más de los que muchos suponen.
En ese contexto, la dura negociación con los acreedores vuelve a ocupar un lugar clave en la agenda pública. En el Gobierno hay algunos funcionarios que creen que caer en default no sería tan grave en un momento como este donde todas las economías del mundo se encuentran derrumbadas. Esa hipótesis, que no es compartida por todo el Gabinete, es un análisis bastante simplista de la realidad, ya que no tiene en cuenta el rol central que tendrá el acceso al crédito en la etapa de finalización de la cuarentena.
Argentina tiene un mes para evitar caer en cesación de pagos y agravar todavía más el contexto económico actual. ¿Tendrá un as bajo la manga el ministro de Economía Martín Guzmán para mejorarle la oferta a los bonistas? Si uno se guía por las declaraciones públicas parecería que no, pero en política todo puede pasar. “Martín negoció muy bien con los acreedores y ratificó que esto es lo que se puede pagar. Pese a eso, las negociaciones aún no están cerradas”, señaló ayer en off the record un calificado vocero del Palacio de Hacienda. 

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Parálisis total de la actividad económica, crecimiento de la pobreza, incremento de la inflación, descuentos salariales, despidos en el sector privado y serios riesgos de default. Sin haber llegado aún al pico de la pandemia, el Gobierno nacional ya enfrenta un cóctel explosivo que podría desencadenar rápidamente en un aumento de la conflictividad social en todo el país. 
En la Quinta de Olivos son muy concientes de la situación y trabajan en varios frentes para alivianar el impacto de la crisis, aunque la gran incógnita es hasta dónde llegará la asistencia del Estado en medio de una histórica caída de la recaudación y de una emisión monetaria sin precedentes en las últimas décadas. Si a eso se le suma que casi todas las provincias del país pidieron préstamos a la Nación para pagar los sueldos públicos, el panorama se hace cada vez más insostenible para las arcas del Tesoro, que encima deben soportar ahora una disparada fenomenal del dólar paralelo, obligando al Banco Central a vender reservas para controlar la situación monetaria.
La nueva extensión de la cuarentena anunciada ayer por el jefe de Estado era inevitable desde el punto de vista epidemiológico, y no sería nada extraño que vuelva a prorrogarse después del 10 de mayo, ya que la mayor cantidad de casos se espera recién para junio. La medida, que va camino a las ocho semanas y no tiene fecha de finalización, vuelve a estirar los plazos de la reactivación económica y agiganta el fantasma del desempleo, sobre todo en los trabajadores informales, que son el 40 por ciento del total, y en las pymes, que emplean al setenta por ciento de los asalariados del país. Un importante porcentaje de esos dos sectores ya no tiene resto para subsistir otro mes sin actividad y ya se habla de una nueva oleada de cierres de comercios en todo el país. 
Si bien es cierto que la cuarta fase de la cuarentena vendrá aparejada con la liberación de varias actividades en las provincias menos afectadas, el grueso de la economía continuará con respirador artificial ya que seguirán las limitaciones para circular libremente por las calles y negocios del país. Además, los protocolos de seguridad que se aplican a las actividades que comenzaron a funcionar son tan estrictos que limitan enormemente la facturación. 
Un empresario muy importante del país que pidió reserva de su identidad aseguró ayer a El Tribuno que las compañías deberán trabajar al menos dos meses enteros para recuperar parte de lo que perdieron en sólo cuarenta días, por lo que la recuperación de la rentabilidad se demoraría bastante más de los que muchos suponen.
En ese contexto, la dura negociación con los acreedores vuelve a ocupar un lugar clave en la agenda pública. En el Gobierno hay algunos funcionarios que creen que caer en default no sería tan grave en un momento como este donde todas las economías del mundo se encuentran derrumbadas. Esa hipótesis, que no es compartida por todo el Gabinete, es un análisis bastante simplista de la realidad, ya que no tiene en cuenta el rol central que tendrá el acceso al crédito en la etapa de finalización de la cuarentena.
Argentina tiene un mes para evitar caer en cesación de pagos y agravar todavía más el contexto económico actual. ¿Tendrá un as bajo la manga el ministro de Economía Martín Guzmán para mejorarle la oferta a los bonistas? Si uno se guía por las declaraciones públicas parecería que no, pero en política todo puede pasar. “Martín negoció muy bien con los acreedores y ratificó que esto es lo que se puede pagar. Pese a eso, las negociaciones aún no están cerradas”, señaló ayer en off the record un calificado vocero del Palacio de Hacienda. 

La contención social

El presidente Alberto Fernández se reunió esta semana con referentes de las organizaciones de la economía popular para consensuar una política que los mantenga contenidos durante el aislamiento obligatorio. Un dato no pasó desapercibido en ese encuentro: todos los invitados a la reunión tienen relación directa con el Gobierno, pero se notó la ausencia del Polo Obrero de Néstor Pitrola y del Mijd de Raúl Castells, dos férreos opositores a las políticas oficiales. “Los dirigentes sociales se mostraron muy preocupados por la situación del país y reclaman políticas activas para ese sector. No se descarta otro incremento en los planes sociales ni tampoco una mayor flexibilidad para acceder al Ingreso Familiar de Emergencia. No los vamos a dejar solos porque si no actuamos nosotros nadie lo hará”, señaló ayer a El Tribuno un alto funcionario del Gobierno que está al tanto de esas conversaciones. Habrá también una mayor asistencia alimentaria por parte del Estado, por eso se concentraría principalmente en las zonas más pobres de Buenos Aires, donde más duro pega el confinamiento y donde se temen consecuencias devastadoras ante un brote de coronavirus. La pobreza en la Argentina, según la UCA, ya afecta al 45 por ciento de las personas, lo que es una exorbitancia. Pese a eso, la realidad es todavía más angustiante ya que el relevamiento del Observatorio de la Deuda Social no incluye abril, un mes en donde no hubo nada de actividad comercial y la inflación continuó en ascenso.