La escasez de testeos para detectar el coronavirus en la Argentina está generando una peligrosa subestimación de la cantidad de casos, lo que provocó los últimos días un evidente relajamiento de la cuarentena por parte de la sociedad. Allí se combinan dos factores aparentemente independientes entre sí: la urgente necesidad de los cuentapropistas y comerciantes para volver a generar ingresos y la creencia cada vez más generalizada de que “el país está controlando al virus”, como afirmó llamativamente el presidente Alberto Fernández.
Las imágenes de los jubilados haciendo interminables filas en los bancos causó un fuerte estupor, ya que se trata de personas de alto riesgo a las que el Estado no pudo encontrarles una solución en más de quince días de cuarentena. Cuando se decidió cerrar definitivamente las entidades bancarias, ¿no pudo preverse que el pago de los haberes a jubilados y beneficiarios de planes sociales generaría este caos? ¿Era tan problemático utilizar dos semanas enteras para efectuar los pagos en lugar de cuatro días? ¿Por qué el viernes no se abrieron los bancos durante doce horas en lugar de cinco para minimizar la cantidad de gente? Preguntas, preguntas y más preguntas.
Lo cierto es que el viernes fue tal el descontrol y la falta de planificación que los expertos en infectología que asesoran al Presidente se preguntaban cuántos nuevos casos de coronavirus se habrán agregado sólo en un día. La respuesta es incierta, pero genera alarma y aumenta la incertidumbre. Según pudo averiguar El Tribuno, el Presidente se enojó mucho con lo sucedido y apuntó contra Miguel Pesce, el titular del Banco Central, a quien responsabilizó directamente por la falta de coordinación en las medidas y también por haber cedido ante las presiones de La Bancaria. “Sergio Palazzo es un hombre cercano al Gobierno pero no puede ser él quien decida cuando se abren los bancos y en qué condiciones”, aseguró ayer un funcionario que tiene trato directo con Alberto Fernández y que pidió reserva de su identidad. El gremialista, con el discurso de cuidar a los trabajadores bancarios, terminó exponiendo a los sectores más vulnerables de la sociedad a contraer coronavirus o cualquier otra enfermedad. La miseria de algunos dirigentes a veces no tiene explicación. El bajísimo nivel de bancarización que tiene la Argentina desde hace años es un fiel reflejo de los problemas que padece una sociedad subdesarrollada en relación con otras más avanzadas. Algo similar ocurre con el gigante porcentaje de trabajadores informales que posee el país, quienes reciben poca asistencia estatal pero sufren bruscamente los efectos de la parálisis comercial. Uno de los ejemplos que grafica con claridad la problemática de los empleados en negro es que el Gobierno ayudará a las pymes con hasta 17 mil pesos por trabajador para el pago de salarios. La medida rige sólo para los trabajadores en blanco, por lo que el cuarenta por ciento de los asalariados quedará librado a la buena voluntad de su empleador para poder llevarle el pan a su familia. No hay dudas de que las medidas preventivas, tomadas por el Gobierno nacional, fueron las adecuadas desde el punto de vista epidemiológico pero el riesgo de que el aislamiento social termine cayendo en saco roto -aún sin anuncio oficial- podría tirar todos los esfuerzos por la borda en un lapso de pocos días. En la Casa Rosada existe un temor justificado sobre cómo hará el sistema de salud argentino para soportar el pico de la pandemia, que aún no se sabe si ocurrirá a fines de abril, a mediados de mayo o a fines de junio, cuando el invierno complique aún más la situación sanitaria. En ese contexto, el Presidente debió dar marcha atrás con un borrador de decreto en el que todas las camas de los hospitales privados serían controladas por el ministerio de Salud de la Nación. Quien filtró la información fue el ministro Ginés González García en una videoconferencia con empresarios de la salud, quienes pegaron el grito en el cielo y se comunicaron directamente con Alberto Fernández para pedir que eso no avance. Generar una pelea entre el sector público y el privado en estos momentos es sumamente inconveniente, ya que tanto las clínicas públicas como las privadas están realizando un trabajo ejemplar para atender la excesiva demanda de salud por la pandemia. Es obvio que el Estado nacional es quien debe centralizar toda la compra de insumos para afrontar el coronavirus, ya que es el único que tiene una visión global provincia por provincia. Sin embargo, también tiene la obligación de asistir con respiradores en tiempo real a quienes lo necesitan, cosa que en algunas provincias se sospecha que podría no cumplirse.
Un párrafo aparte merece el excesivo halago que Alberto Fernández le espetó a Hugo Moyano por poner a disposición del Gobierno una clínica de Camioneros. Con un agradecimiento hubiese alcanzado, pero calificarlo como un ejemplo a seguir sonó a mucho si se tienen en cuenta las innumerables causas judiciales por las que fue denunciado el líder sindical. Además, hay otro dato que no es menor: Moyano es uno de los dirigentes con peor imagen de toda la Argentina. La sobreactuación, al igual que cuando trató de miserables a los empresarios, lima innecesariamente la buena performance del Presidente como el líder sanitario que necesita la Argentina en medio de la pandemia. Alberto Fernández, de todos modos, mantiene una diferencia abismal en imagen positiva sobre cualquier otro dirigente del país. Hasta fines de marzo, el jefe de Estado era bien visto por casi el 68 por ciento de los argentinos y Horacio Rodríguez Larreta, quien lo sigue, sólo alcanza el 39 por ciento.
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La escasez de testeos para detectar el coronavirus en la Argentina está generando una peligrosa subestimación de la cantidad de casos, lo que provocó los últimos días un evidente relajamiento de la cuarentena por parte de la sociedad. Allí se combinan dos factores aparentemente independientes entre sí: la urgente necesidad de los cuentapropistas y comerciantes para volver a generar ingresos y la creencia cada vez más generalizada de que “el país está controlando al virus”, como afirmó llamativamente el presidente Alberto Fernández.
Las imágenes de los jubilados haciendo interminables filas en los bancos causó un fuerte estupor, ya que se trata de personas de alto riesgo a las que el Estado no pudo encontrarles una solución en más de quince días de cuarentena. Cuando se decidió cerrar definitivamente las entidades bancarias, ¿no pudo preverse que el pago de los haberes a jubilados y beneficiarios de planes sociales generaría este caos? ¿Era tan problemático utilizar dos semanas enteras para efectuar los pagos en lugar de cuatro días? ¿Por qué el viernes no se abrieron los bancos durante doce horas en lugar de cinco para minimizar la cantidad de gente? Preguntas, preguntas y más preguntas.
Lo cierto es que el viernes fue tal el descontrol y la falta de planificación que los expertos en infectología que asesoran al Presidente se preguntaban cuántos nuevos casos de coronavirus se habrán agregado sólo en un día. La respuesta es incierta, pero genera alarma y aumenta la incertidumbre. Según pudo averiguar El Tribuno, el Presidente se enojó mucho con lo sucedido y apuntó contra Miguel Pesce, el titular del Banco Central, a quien responsabilizó directamente por la falta de coordinación en las medidas y también por haber cedido ante las presiones de La Bancaria. “Sergio Palazzo es un hombre cercano al Gobierno pero no puede ser él quien decida cuando se abren los bancos y en qué condiciones”, aseguró ayer un funcionario que tiene trato directo con Alberto Fernández y que pidió reserva de su identidad. El gremialista, con el discurso de cuidar a los trabajadores bancarios, terminó exponiendo a los sectores más vulnerables de la sociedad a contraer coronavirus o cualquier otra enfermedad. La miseria de algunos dirigentes a veces no tiene explicación. El bajísimo nivel de bancarización que tiene la Argentina desde hace años es un fiel reflejo de los problemas que padece una sociedad subdesarrollada en relación con otras más avanzadas. Algo similar ocurre con el gigante porcentaje de trabajadores informales que posee el país, quienes reciben poca asistencia estatal pero sufren bruscamente los efectos de la parálisis comercial. Uno de los ejemplos que grafica con claridad la problemática de los empleados en negro es que el Gobierno ayudará a las pymes con hasta 17 mil pesos por trabajador para el pago de salarios. La medida rige sólo para los trabajadores en blanco, por lo que el cuarenta por ciento de los asalariados quedará librado a la buena voluntad de su empleador para poder llevarle el pan a su familia. No hay dudas de que las medidas preventivas, tomadas por el Gobierno nacional, fueron las adecuadas desde el punto de vista epidemiológico pero el riesgo de que el aislamiento social termine cayendo en saco roto -aún sin anuncio oficial- podría tirar todos los esfuerzos por la borda en un lapso de pocos días. En la Casa Rosada existe un temor justificado sobre cómo hará el sistema de salud argentino para soportar el pico de la pandemia, que aún no se sabe si ocurrirá a fines de abril, a mediados de mayo o a fines de junio, cuando el invierno complique aún más la situación sanitaria. En ese contexto, el Presidente debió dar marcha atrás con un borrador de decreto en el que todas las camas de los hospitales privados serían controladas por el ministerio de Salud de la Nación. Quien filtró la información fue el ministro Ginés González García en una videoconferencia con empresarios de la salud, quienes pegaron el grito en el cielo y se comunicaron directamente con Alberto Fernández para pedir que eso no avance. Generar una pelea entre el sector público y el privado en estos momentos es sumamente inconveniente, ya que tanto las clínicas públicas como las privadas están realizando un trabajo ejemplar para atender la excesiva demanda de salud por la pandemia. Es obvio que el Estado nacional es quien debe centralizar toda la compra de insumos para afrontar el coronavirus, ya que es el único que tiene una visión global provincia por provincia. Sin embargo, también tiene la obligación de asistir con respiradores en tiempo real a quienes lo necesitan, cosa que en algunas provincias se sospecha que podría no cumplirse.
Un párrafo aparte merece el excesivo halago que Alberto Fernández le espetó a Hugo Moyano por poner a disposición del Gobierno una clínica de Camioneros. Con un agradecimiento hubiese alcanzado, pero calificarlo como un ejemplo a seguir sonó a mucho si se tienen en cuenta las innumerables causas judiciales por las que fue denunciado el líder sindical. Además, hay otro dato que no es menor: Moyano es uno de los dirigentes con peor imagen de toda la Argentina. La sobreactuación, al igual que cuando trató de miserables a los empresarios, lima innecesariamente la buena performance del Presidente como el líder sanitario que necesita la Argentina en medio de la pandemia. Alberto Fernández, de todos modos, mantiene una diferencia abismal en imagen positiva sobre cualquier otro dirigente del país. Hasta fines de marzo, el jefe de Estado era bien visto por casi el 68 por ciento de los argentinos y Horacio Rodríguez Larreta, quien lo sigue, sólo alcanza el 39 por ciento.