El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat advirtió ayer que se mantiene la vigencia de la prohibición de efectuar desalojos y rescindir contratos hasta el 30 de septiembre, a la vez que ratificó que se deben mantener los valores de los alquileres vigentes a marzo pasado.
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El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat advirtió ayer que se mantiene la vigencia de la prohibición de efectuar desalojos y rescindir contratos hasta el 30 de septiembre, a la vez que ratificó que se deben mantener los valores de los alquileres vigentes a marzo pasado.
La cartera que conduce la ministra María Eugenia Bielsa hizo una serie de aclaraciones ante las consultas sobre diferentes situaciones vinculadas a problemas con los medios de pago para los alquileres, extensión o iniciación de contratos, así como la posibilidad de realizar mudanzas e intentos de desalojo.
En ese sentido, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat recordó que el Decreto 320 estableció que no se pueden efectuar desalojos ni rescindirse contratos hasta el 30 de septiembre.
En ese mismo sentido, aclaró que los precios de los alquileres siguen fijados al valor de marzo y, de generarse deudas, se pagarán recién en octubre en 3 o 6 cuotas.
Los inquilinos, además, pueden exigir los datos bancarios a fin que se les garanticen los medios para el pago de los alquileres, y en los casos de pago por transferencia o depósito no puede sufrir aumentos ni penalizaciones.
En tanto, los contratos de alquiler que se vencieron luego de iniciada la cuarentena -el 20 de marzo- quedaron prorrogados automáticamente hasta el 30 de septiembre.
También se aclaró que no puede exigirse el pago de contratos de alquiler de unidades alcanzadas por el DNU que debieron comenzar durante el aislamiento obligatorio, pero no pudieron llegar ser ocupadas dada la imposibilidad de traslado y mudanza.
De esta manera se busca asegurar que el inquilino no se vea necesitado de pagar doble alquiler durante la actual coyuntura sanitaria.
Tras la decisión de permitir la apertura de la actividad inmobiliaria, se aclaró que esta posibilidad queda sujeta al pedido formal por parte de cada provincia a la Jefatura de Gabinete de ministros y el posterior análisis de la autoridad sanitaria previo a su aprobación final.
"Tanto en aquellos distritos donde la actividad ya fue autorizada, como en todo el resto del territorio nacional, las medidas que establece el DNU siguen vigentes y con fuerza de ley hasta el 30 de septiembre", se reafirmó oficialmente.
Devoluciones en bancos
El Banco Central reiteró ayer a las entidades financieras que no pueden realizar ningún tipo de descuento y que deben reintegrar los efectuados en forma indebida a personas beneficiarias del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) distribuido por la Anses.
En ese sentido, recordó que el IFE tiene carácter netamente alimentario y, por lo tanto, no corresponde deducirle ningún tipo de concepto, sea por operaciones concertadas con la propia entidad financiera pagadora o con terceros.
Millonaria sanción a dos distribuidoras eléctricas
El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) sancionó a las distribuidoras eléctricas del Area Metropolitana de Buenos Aires (Amba) Edesur y Edenor con una multa por un total cercano a los 100 millones de pesos “por su falta de respuesta a una serie de reclamos pendientes de resolución de usuarios y usuarias del servicio”.
Mediante las resoluciones 30, 31 y 32, el Enre resolvió que esas empresas concesionarias “deberán acreditar las multas en las cuentas de los usuarios y usuarias involucrados”. Estas resoluciones tienen como fin brindar respuesta a más de 12.700 reclamos que quedaron pendientes de la gestión anterior y que abarcan el período de febrero de 2017 a diciembre de 2019. Cada usuario y cada usuaria recibirá un promedio de 8.000 pesos. Las resoluciones, explicó el Enre, “tienen como fin brindar respuesta a más de 12.700 reclamos que quedaron pendientes de la gestión anterior”.
Asimismo, según se informó, el organismo regulador “se propone restablecer las instancias de participación”, para lo cual fortalecerá su relación institucional con la Comisión de Usuarios del Ente, con organismos del Estado y de la sociedad civil y la ciudadanía. Las resoluciones “se enmarcan en un conjunto de medidas que promueve la intervención del Enre con el fin de garantizar el suministro de energía eléctrica y los derechos de los usuarios y usuarias del servicio”, se informó en un comunicado.