Crecen los contrapuntos en el peor momento de la pandemia

Las diferencias políticas en el frente gobernante, que estuvieron algo disimuladas durante los últimos meses, comenzaron a salir a la luz justo en el momento más complicado de la pandemia. Los efectos de estos cortocircuitos tienen como eje a la política judicial del Gobierno, pero sus ramificaciones se extienden hasta el Palacio de Hacienda, el ministerio de Trabajo y la mismísima jefatura de Gabinete. 
La raíz del problema es que Cristina Kirchner decidió acelerar su injerencia sobre el presidente Alberto Fernández, quién hasta ahora se había movido con bastante independencia del kirchnerismo más duro. Ese margen de acción le había otorgado al mandatario el aval a su gestión de muchos sectores que no comulgan con la expresidenta, pero que veían con buenos ojos a un Alberto dialoguista con la oposición. Hoy, todo eso empieza a ponerse nuevamente en debate. 
Las encuestas muchas veces se equivocan, pero todas coinciden en algo: la imagen del jefe de Estado sigue en alza y la de Cristina sigue en 
baja. La resolución de esa interna es observada de cerca por los principales actores financieros del país, quienes consideran que una mayor interferencia de la expresidenta podría desencadenar en un fuerte impulso del proteccionismo sobre la economía nacional.
En sólo una semana, la Oficina Anticorrupción retiró la querella contra la vicepresidenta y sus hijos y Máximo Kirchner cargó públicamente contra el ministro de Trabajo Claudio Moroni -un íntimo del jefe de Estado-. Además, se profundizaron los cruces entre Martín Guzmán y el presidente del Banco Central Miguel Pesce, las dos cabezas de la política económica, y creció el descontento del kirchnerismo más radical hacia la figura de Santiago Cafiero.
“Alberto está sumamente satisfecho con la tarea silenciosa que viene haciendo Santiago. Es un hombre de consulta permanente y el brazo derecho del Presidente. Podrá haber algunos que lo critiquen, pero su cargo es indiscutible”, señaló ayer a este diario un importante colaborador del mandatario nacional. 
Si a eso se le suma la inminente presentación del proyecto de reforma judicial, fuertemente impulsada por el kirchnerismo en detrimento de muchos otros proyectos que quedaron en el frezzer, la influencia de Cristina se hace todavía más evidente en este espinoso tramo de la pandemia que tiene en vilo a toda la sociedad. 
En medio de todo eso, Argentina atraviesa el periodo epidemiológico más delicado desde el inicio de la cuarentena, con un fuerte aumento en la cantidad de casos y también de las víctimas fatales. ¿Habrá un retroceso en la flexibilización de la cuarentena para el nuevo período que llegaría hasta el 7 de junio? Todo indica que la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano podrían retroceder a la fase dos y volver a cerrar muchas de las actividades que se habían reabierto. La situación que se vive en las más altas esferas del poder le agrega aún más incertidumbre a una economía que, pese a la notoria flexibilización del aislamiento, todavía no da señales concretas de recuperación. Eso ocurre, ni más ni menos, en la fase crucial de la renegociación de la deuda, que podría dejar al país en default si no se acepta la contraoferta de los bonistas. “Los empresarios le transmitimos al Gobierno que entrar en cesación de pagos afectaría notoriamente las posibilidades de acceder al crédito para financiar el rojo de nuestros balances pero también para encarar futuras inversiones”, señaló ayer a  El Tribuno un hombre de negocios que tiene llegada directa a la Quinta de Olivos. En el Palacio de Hacienda barajan tres alternativas para la resolución de la deuda: la menos deseada es el default, otra opción es aceptar la contraoferta de los bonistas -que es bastante más abultada que la oficial- o un nuevo corrimiento de las plazos para después del 22 de mayo. Cerca del ministro de Economía no se animan a descartar ninguno de estos escenarios, pero admiten que tener más tiempo para negociar no sería una mala resolución por estas horas. 
Guzmán y Pesce se acusan mutuamente por las decisiones que llevaron el dólar informal a casi $140. Uno adjudica el desbarajuste a la emisión descontrolada y el otro a la por ahora frustrada negociación de la deuda. ¿Quién es el principal responsable de esta situación? Quizás ambos, pero la conducción del país está en manos de Alberto Fernández, quién a más de cinco meses de haber asumido aún no presentó un plan económico que le aporte un norte definido a las variables en medio de una pandemia de consecuencias impredecibles. La emisión monetaria alcanzó en cuatro meses los mismos niveles que había tenido en todo el año pasado, y se sospecha que una buena parte de esos pesos fueron directamente a la compra de dólares, distorsionando así toda la política cambiaria del Gobierno. Sin dudas esa colocación de dinero en el mercado agiganta las posibilidades de una mayor presión sobre el dólar, pero sería ingenuo pensar que es el único motivo. Altas fuentes de la city porteña creen que el kid del problema es la crisis de expectativas para cuando termine la cuarentena, ya que hoy nadie cree que la moneda extranjera vaya a quedarse quieta aún si se desacelera la palanca de la máquina de fabricar dinero.

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