La senadora de la provincia de Río Negro Silvina García Larraburu (Frente de Todos) presentó un proyecto para la creación de una Junta Nacional de Granos, lo que inmediatamente desató la furia de las organizaciones que expresan los intereses de los terratenientes, monopolios del comercio exterior, banqueros y otros intermediarios de diversos productos y por supuesto con el acompañamiento crítico de todo un enjambre de periodistas y opinólogos serviles a esos intereses.
inicia sesión o regístrate.
La senadora de la provincia de Río Negro Silvina García Larraburu (Frente de Todos) presentó un proyecto para la creación de una Junta Nacional de Granos, lo que inmediatamente desató la furia de las organizaciones que expresan los intereses de los terratenientes, monopolios del comercio exterior, banqueros y otros intermediarios de diversos productos y por supuesto con el acompañamiento crítico de todo un enjambre de periodistas y opinólogos serviles a esos intereses.
Según fuentes periodísticas, el proyecto se presentó el 10 de marzo pasado por cuarta vez, ya que la iniciativa había sido presentada en los años 2014, 2016 y 2018 no siendo tratada en Comisión, por lo que no tuvo estado parlamentario.
El proyecto está de nuevo vigente y fue girado a comisiones. No se sabe cuál será el tratamiento que se le dará entre los miembros de las comisiones respectivas.
En la historia se registra que, como consecuencia de la gran crisis del año 1929 y sus efectos sobre nuestro país, se creó la Junta Nacional de Granos en 1933. Durante los gobiernos conservadores del "fraude patriótico", en la llamada "década infame", sirvió como un instrumento que la oligarquía usó para negociar la venta de cereales y oleaginosas principalmente con Europa, tras la firma del tratado entreguista Roca-Runciman con el imperialismo inglés.
Fue el gobierno del General Perón iniciado en el año 1946 el que le dio un giro y contenido nacional y de independencia económica como instrumento de soberanía.
La Junta Nacional de Granos fue acompañada por la creación del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (Iapi); este fue un ente estatal y su finalidad era centralizar en manos del Estado nacional el comercio exterior y transferir recursos entre los diferentes sectores de la economía según las necesidades de un plan económico, con el control del manejo de las divisas por el Banco Central nacionalizado.
Tras el golpe de Estado que derrocó a Perón en 1955 se liquidó al Iapi y a las Juntas Reguladoras se le quitaron sus objetivos principales. Este proceso culminó con la disolución de la Junta Nacional de Granos, junto a la de Carnes y otras, como parte de la política privatizadora entreguista a los distintos imperialismos del gobierno de Carlos Menem en 1991. Así las empresas imperialistas volvieron a adueñarse de la totalidad del manejo del comercio exterior de Argentina.
El proyecto de la senadora García Larraburu no retoma el sentido y objetivos de las Juntas del primer gobierno peronista y se limita a proponer que una nueva Junta Nacional de Granos sea un Ente Autárquico con vinculación con el Ministerio de Agricultura de la Nación para "controlar el comercio de cereales, oleaginosas y sus subproductos", garantizar la provisión interna de cereales, oleaginosas y sus subproductos, independientemente de lo que suceda en el mercado externo, tomar medidas activas con el fin de evitar los monocultivos y producir una concientización en los productores para que proyecten sus siembras en función de los saldos de exportación o importación de cada grano, garantizando la estabilidad interna de sus precios".
Se trata de propósitos importantes y loables, no obstante la mayor importancia por ahora radica en que pone a consideración y abre el debate parlamentario sobre la cuestión programática de fondo, que es recrear la Junta Nacional de Granos y otras para nacionalizar todo el comercio exterior y terminar con el monopolio actual del negocio en manos de menos de una decena de empresas de capital imperialista entre los que se encuentran yanquis, ingleses, chinos, franceses, suizos, belgas y otros que se llevan ganancias extraordinarias con el negocio, pagan pocos impuestos en relación a esas ganancias, maniobran para evadir impuestos nacionales, provinciales y municipales, venden cuando les conviene presionando para devaluar la moneda argentina y fugan dólares al exterior.
Los 10 principales exportadores Cargill (EE UU), A.D.M Agro (EE UU), Bunge (EE UU), Cofco (China) y AGD (Argentina) Vicentín (Suiza), Dreyfus (Francia), Oleaginosa Moreno (Suiza), Molinos Agro (Argentina) y ACA (Cooperativa Argentina), usando toda la infraestructura portuaria del país y con el río Paraná concesionado a un Consorcio Belga, exportaron en el año 2019 el 64,5 % del total de las exportaciones argentinas, por un monto de 27.993 millones de dólares.
Es hora de recuperar el control estatal sobre todo el comercio exterior.
Por ello es tan importante la iniciativa de la senadora Larraburu y merece todo el apoyo necesario con el fin de que el Congreso de la Nación trate el proyecto y se vaya a fondo en el debate para nacionalizar el comercio exterior argentino.