En Bolivia crece el escándalo por la compra de los respiradores

Luego de la detención del ahora exministro de Salud, el Gobierno de Bolivia anunció ayer que iniciará acciones legales contra la empresa española que le vendió unos respiradores para hospitales con importantes sobreprecios, si no accede a revisar el contrato. El ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, informó a la prensa que hasta ahora el Gobierno pagó unos 2,2 millones de dólares por 170 respiradores a la empresa intermediara IME Consulting, pero restarían otros 1,4 millones según el contrato.

Bolivia, en donde ya se registraron 199 muertos y casi 5.000 infectados de coronavirus, pagó hasta el momento unos 12.000 dólares por cada equipo, pero el contrato prevé un total de algo más de 27.000 por cada respirador, si se suman unos complementos y la actualización de software. Este costo por unidad, muy elevado tanto para el mercado español como para el boliviano, fue lo que desató el escándalo y el actual proceso judicial, que tiene en el centro al ahora exministro de Salud, Marcelo Navajas. Pero, al mismo tiempo que el Gobierno boliviano reclama más información antes de terminar de pagar, el propietario de IME Consulting, Ignacio Mazarrasa, advirtió ayer que si el Gobierno boliviano no cancela la deuda que tienen con él en un plazo de 48 horas, presentará una demanda por daños y perjuicios, informó el diario El Deber. Sin embargo, el ministro Coimbra solo informó hasta ahora que pedirá a la Fiscalía en España información sobre la situación legal de esta empresa, que es una intermediaria, y no el fabricante de los respiradores, la compañía catalana GPA Innova.

Mientras tanto, el acuerdo está bajo investigación judicial en Bolivia en un proceso por corrupción, con al menos cinco detenidos, entre ellos Navajas. La compra de los respiradores a una empresa española se realizó con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por lo que dos empleados del organismo internacional involucrados también fueron convocados a declarar. Navajas espera su audiencia bajo detención preventiva en una dependencia judicial, tras haber sido imputado por al menos siete delitos como uso indebido de influencias, uso indebido de servicios y bienes públicos, contratos lesivos al Estado y otros.

 

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