Tras 45 días de cuarentena ininterrumpida, el fastidio emocional y la pandemia económica colocaron al Gobierno en una posición de suma delicadeza de cara a la nueva extensión del aislamiento obligatorio. El Presidente está convencido que la quinta fase del distanciamiento social debería continuar por otras dos semanas, pero las arcas del Estado y los bolsillos de la población ya no tienen margen para mantener la cuarentena tan rígida como hasta ahora. La gran incógnita, claro está, es cómo se flexibilizarán las restricciones en los grandes centros urbanos, que son los que ocupan a la mayor parte de los trabajadores del país y también los que más casos autóctonos de coronavirus presentan en la actualidad. Por ahora, se conocen pocas ideas originales desde el Poder Ejecutivo para resolver esa enorme disyuntiva.
Altas fuentes oficiales aseguraron ayer a El Tribuno que “en mayo se espera una economía menos paralizada y que crezca un poco la recaudación fiscal”. Los sectores que se flexibilizarían ahora serían la industria y buena parte del comercio, pero aún hay incertidumbre sobre lo que puede ocurrir con el campo, ya que los productores se ven muy perjudicados por la disparidad de los tipos de cambio. ¿Está preparado el país para una “cuarentena optativa” como sugieren algunos infectólogos cercanos al Presidente? Difícil, ya que la sociedad está demasiado acostumbrada a ser hija del rigor en el cumplimiento de las normas básicas de convivencia. En un momento como éste, dejar librado el control del aislamiento en manos de los ciudadanos podría representar una seria amenaza a la salud pública y, además, un abandono del Estado en medio de la pandemia. En el entorno de Alberto Fernández perciben que los logros sanitarios tienden a consolidarse en el tiempo, luego de aumentar sensiblemente la cantidad de testeos y de que no se haya disparado la curva de contagios en la misma proporción. Sin embargo, la preocupación principal pasa por estas horas más por la conducción política de la pandemia que por un eventual estallido de la enfermedad en el corto plazo, teniendo en cuenta que el pico de la enfermedad se habría corrido hasta junio como consecuencia del largo aislamiento.
La decisión del jefe de Estado de delegar en los gobernadores la regulación de la cuarentena fue acertada desde el punto de vista epidemiológico, ya que son ellos los que conocen en detalle la situación de cada distrito y la saturación o no de sus sistemas de salud pública. Pese a eso, la estrategia le quita centralidad a la figura del Presidente y lo expone a contradicciones de envergadura con los mandatarios provinciales, incluso con los de su mismo signo político. Eso quedó a la vista por primera vez con las salidas recreativas que anunció Alberto siete días atrás y que muy pocos gobernadores permitieron en sus territorios. El cortocircuito público obligó al Presidente a afirmar que muchos mandatarios le habían pedido que libere actividades más riesgosas como la automotriz, en una crítica elíptica para el cordobés Juan Schiaretti.
Según pudo averiguar este diario, la medida no había sido consultada correctamente con los gobernadores, quienes se plantaron grupalmente en contra de la iniciativa asestándole al Presidente un golpe directo a su estilo de conducción. A casi cinco meses de haber asumido el cargo, llama poderosamente la atención las desinteligencias que aún persisten en la comunicación del mandatario: hace tres semanas se olvidó de decir la fecha de extensión de la cuarentena, luego no aclaró que las salidas recreativas dependían de una autorización provincial y ahora quedó en la mira por haber defendido días atrás las prisiones domiciliarias por la pandemia.
Este último punto abrió una polémica tremenda en el país, ya que una gran mayoría de la población se mostró indignada con los fallos que comenzaron a mandar presos a sus casas por temor a los contagios. Tras denunciar una “campaña mediática” en su contra, el Gobierno cambió rápidamente su discurso público sobre el tema y aclaró que no estaba de acuerdo con las domiciliarias masivas. No hay dudas de que son los magistrados los que firman los permisos, pero también lo hacen dentro de un contexto político signado por motines y confusas definiciones políticas. Hay un dato que no puede pasarse por alto en este debate: desde que comenzó la pandemia, no se pensó ningún plan de obras públicas para minimizar el impacto del coronavirus en los penales, dejando como única opción sanitaria a las liberaciones. El único dirigente importante del Frente de Todos que amenazó con juicio político a los jueces que manden a los presos a su casa fue Sergio Massa, quien no forma parte del Ejecutivo sino del Legislativo. Nunca hubo una condena realmente explícita del Gobierno a los inexplicables fallos que favorecieron a violadores, femicidas y asesinos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. De hecho, las prisiones domiciliarias comenzaron a acelerarse luego de la revuelta de la semana pasada en el penal de Devoto, en donde el secretario de Justicia Martín Mena estuvo a la cabeza de las negociaciones con los detenidos. Nunca se hizo público el resultado de esas conversaciones ni qué le habían ofrecido a los reclusos a cambio de levantar la protesta. La ministra de Justicia Marcela Losardo habló de “algunos errores” por parte de los jueces, pero anteayer se conoció que habrían salido de la cárcel casi 180 presos por delitos sexuales. Todo indica que no fueron “algunos errores” como indica la funcionaria, sino más bien una decisión de los defensores oficiales al pedir masivamente el beneficio y de los magistrados en otorgarlo.
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Tras 45 días de cuarentena ininterrumpida, el fastidio emocional y la pandemia económica colocaron al Gobierno en una posición de suma delicadeza de cara a la nueva extensión del aislamiento obligatorio. El Presidente está convencido que la quinta fase del distanciamiento social debería continuar por otras dos semanas, pero las arcas del Estado y los bolsillos de la población ya no tienen margen para mantener la cuarentena tan rígida como hasta ahora. La gran incógnita, claro está, es cómo se flexibilizarán las restricciones en los grandes centros urbanos, que son los que ocupan a la mayor parte de los trabajadores del país y también los que más casos autóctonos de coronavirus presentan en la actualidad. Por ahora, se conocen pocas ideas originales desde el Poder Ejecutivo para resolver esa enorme disyuntiva.
Altas fuentes oficiales aseguraron ayer a El Tribuno que “en mayo se espera una economía menos paralizada y que crezca un poco la recaudación fiscal”. Los sectores que se flexibilizarían ahora serían la industria y buena parte del comercio, pero aún hay incertidumbre sobre lo que puede ocurrir con el campo, ya que los productores se ven muy perjudicados por la disparidad de los tipos de cambio. ¿Está preparado el país para una “cuarentena optativa” como sugieren algunos infectólogos cercanos al Presidente? Difícil, ya que la sociedad está demasiado acostumbrada a ser hija del rigor en el cumplimiento de las normas básicas de convivencia. En un momento como éste, dejar librado el control del aislamiento en manos de los ciudadanos podría representar una seria amenaza a la salud pública y, además, un abandono del Estado en medio de la pandemia. En el entorno de Alberto Fernández perciben que los logros sanitarios tienden a consolidarse en el tiempo, luego de aumentar sensiblemente la cantidad de testeos y de que no se haya disparado la curva de contagios en la misma proporción. Sin embargo, la preocupación principal pasa por estas horas más por la conducción política de la pandemia que por un eventual estallido de la enfermedad en el corto plazo, teniendo en cuenta que el pico de la enfermedad se habría corrido hasta junio como consecuencia del largo aislamiento.
La decisión del jefe de Estado de delegar en los gobernadores la regulación de la cuarentena fue acertada desde el punto de vista epidemiológico, ya que son ellos los que conocen en detalle la situación de cada distrito y la saturación o no de sus sistemas de salud pública. Pese a eso, la estrategia le quita centralidad a la figura del Presidente y lo expone a contradicciones de envergadura con los mandatarios provinciales, incluso con los de su mismo signo político. Eso quedó a la vista por primera vez con las salidas recreativas que anunció Alberto siete días atrás y que muy pocos gobernadores permitieron en sus territorios. El cortocircuito público obligó al Presidente a afirmar que muchos mandatarios le habían pedido que libere actividades más riesgosas como la automotriz, en una crítica elíptica para el cordobés Juan Schiaretti.
Según pudo averiguar este diario, la medida no había sido consultada correctamente con los gobernadores, quienes se plantaron grupalmente en contra de la iniciativa asestándole al Presidente un golpe directo a su estilo de conducción. A casi cinco meses de haber asumido el cargo, llama poderosamente la atención las desinteligencias que aún persisten en la comunicación del mandatario: hace tres semanas se olvidó de decir la fecha de extensión de la cuarentena, luego no aclaró que las salidas recreativas dependían de una autorización provincial y ahora quedó en la mira por haber defendido días atrás las prisiones domiciliarias por la pandemia.
Este último punto abrió una polémica tremenda en el país, ya que una gran mayoría de la población se mostró indignada con los fallos que comenzaron a mandar presos a sus casas por temor a los contagios. Tras denunciar una “campaña mediática” en su contra, el Gobierno cambió rápidamente su discurso público sobre el tema y aclaró que no estaba de acuerdo con las domiciliarias masivas. No hay dudas de que son los magistrados los que firman los permisos, pero también lo hacen dentro de un contexto político signado por motines y confusas definiciones políticas. Hay un dato que no puede pasarse por alto en este debate: desde que comenzó la pandemia, no se pensó ningún plan de obras públicas para minimizar el impacto del coronavirus en los penales, dejando como única opción sanitaria a las liberaciones. El único dirigente importante del Frente de Todos que amenazó con juicio político a los jueces que manden a los presos a su casa fue Sergio Massa, quien no forma parte del Ejecutivo sino del Legislativo. Nunca hubo una condena realmente explícita del Gobierno a los inexplicables fallos que favorecieron a violadores, femicidas y asesinos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. De hecho, las prisiones domiciliarias comenzaron a acelerarse luego de la revuelta de la semana pasada en el penal de Devoto, en donde el secretario de Justicia Martín Mena estuvo a la cabeza de las negociaciones con los detenidos. Nunca se hizo público el resultado de esas conversaciones ni qué le habían ofrecido a los reclusos a cambio de levantar la protesta. La ministra de Justicia Marcela Losardo habló de “algunos errores” por parte de los jueces, pero anteayer se conoció que habrían salido de la cárcel casi 180 presos por delitos sexuales. Todo indica que no fueron “algunos errores” como indica la funcionaria, sino más bien una decisión de los defensores oficiales al pedir masivamente el beneficio y de los magistrados en otorgarlo.